José Esteban Romero López

Expediente 1226/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1226/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • José Esteban Romero López
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de octubre de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y destrúyase, una vez transcurrido el plazo de tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de improcedencia del juicio. En efecto, de las manifestaciones vertidas por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que los actos reclamados por la quejosa se hacen consistir específicamente en la omisión de acordar la promoción de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la cual solicita que la responsable dicte nueva fecha para llevar a cabo la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral ****. Ahora bien, de las constancias que la presidente de la junta responsable anexó a su informe con justificación, se advierte que mediante proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, señaló nueva fecha para la audiencia bifásica en el juicio arbitral que nos ocupa, no menciona que dicho proveído es en atención al escrito presentado por el aquí quejoso -cuatro de mayo de dos mil veintitrés-. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de acordar el escrito presentado el cuatro de mayo del año en curso, en el controvertido de origen, en el cual solicita a la responsable que señale nueva fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que establece la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que, como se destacó, mediante proveído de once de septiembre, la responsable señaló nueva fecha la cual se encuentra dentro de los plazos de ley, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado.. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para las diez horas con dieciséis minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de improcedencia del juicio. En efecto, de las manifestaciones vertidas por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que los actos reclamados por la quejosa se hacen consistir específicamente en la omisión de acordar la promoción de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la cual solicita que la responsable dicte nueva fecha para llevar a cabo la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral ****. Ahora bien, de las constancias que la presidente de la junta responsable anexó a su informe con justificación, se advierte que mediante proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, señaló nueva fecha para la audiencia bifásica en el juicio arbitral que nos ocupa, no menciona que dicho proveído es en atención al escrito presentado por el aquí quejoso -cuatro de mayo de dos mil veintitrés-. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de acordar el escrito presentado el cuatro de mayo del año en curso, en el controvertido de origen, en el cual solicita a la responsable que señale nueva fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que establece la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que, como se destacó, mediante proveído de once de septiembre, la responsable señaló nueva fecha la cual se encuentra dentro de los plazos de ley, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado.. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para las diez horas con dieciséis minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio que suscribe el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual adjunta el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de catorce de julio de la presente anualidad, en autos del amparo en revisión 977/2022, de cuyo contenido se advierte que el órgano plenario resolvió lo siguiente: "Único. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, Junta Directiva, subdirector de Finanzas, subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, y jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones, todos del propio organismo, con sede en esta localidad, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta ejecutoria." Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en el amparo en revisión 977/2022 del control del órgano oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo 905/2022 del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Declaración de ejecutoria. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la resolución constitucional emitida en el sumario ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes. Ahora bien, toda vez que mediante resolución constitucional emitida el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realicen lo siguiente: "1. La autoridad responsable del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en el precepto legal reclamado, de aportar una cuota del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente dicho precepto. 2. Se devuelva al quejoso, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que a la fecha le hayan sido descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedora del acto de individualización en su perjuicio -quince de junio de dos mil veintidós-, hasta el último descuento que se le haya efectuado." Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen sobre el cumplimiento de la sentencia, esto es, que remitan las constancias que acrediten el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente sumario -cuyos efectos se precisaron previamente-. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Apoyan a lo anterior las tesis de rubros siguientes: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." y "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Al efecto, es menester acotar, que si bien la tutela protectora alcanzó a la autoridad responsable que concurrió en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de expedición y publicación de la ley combatida (gobernador del Estado de Sonora), ello no implica por parte de ésta la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, sino a aquéllas que fueron señaladas como responsables ejecutoras de la norma, por lo que únicamente se le hace del conocimiento esta determinación para los efectos legales conducentes. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 135, Novena Época, con registro digital 200006, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." También sirve de apoyo, en lo conducente, lo anterior, la tesis aislada 2a. CXV/972, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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