José Espitia Gasca
Expediente 454/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Espitia Gasca
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos la comunicación que remite la Jueza Novena de Distrito en el Estado de Guanajuato, por la que devuelve diligenciado el exhorto 274/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar a la parte quejosa el proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho; en ese sentido, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por notificada; en ese orden, háganse las anotaciones respectivas debiéndose dar de baja la comunicación oficial de referencia. Acúsese recibo. Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que feneció el término concedido al quejoso **********, para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de veintiocho de mayo pasado, y de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Por otra parte, del estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el oficio signado por la Jueza Novena de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Irapuato, mediante el cual, en cumplimiento a la determinación de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en la que declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato y otra autoridad; remite el juicio de amparo 408/2018-III de su estadística; se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 454/2018-I. b) Se acepta la competencia planteada y el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) Acúsese el recibo de estilo correspondiente al homólogo federal. d) El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer los siguientes antecedentes que se desprenden de la demanda de amparo: 1. Ante el Juzgado Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, **********, demandó de ********** (quejoso), el pago de la cantidad de $320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 00/100 M. N.), demanda que quedó radicada bajo el juicio especial civil hipotecario C0204/2018. 2. Por proveído de trece de abril del año en curso, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la parte demandada fuera requerida de pago, y para el caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la deuda, y una vez practicado lo anterior, se procediera al emplazamiento a juicio. (acto reclamado) Dicho esto, debe decirse que el suscrito estima que previo a la promoción del presente juicio, el quejoso tuvo que haber impugnado dicho acto mediante el recurso de revocación contenido en los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente, que estatuyen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $633,075.88 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. De lo numerales transcritos se desprende que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M. N.). Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor -como en el caso-, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento emitido en su contra en el juicio C0204/2018, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, y el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que el quejoso, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resta mencionar que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que como se dijo, puede comparecer al procedimiento de origen, donde aún no se ha emitido sentencia definitiva. Por ello, se insiste que el peticionario de amparo previo a instar este juicio debió interponer el señalado medio de impugnación para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********** número **********, colonia **********, ********** y/o **********, ********** de Salamanca, Guanajuato; gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno de Irapuato, Guanajuato, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para que en auxilio de las labores de este juzgado notifique la presente determinación al quejoso **********, en el domicilio antes precisado; asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; apercibida que de no hacerlo las ulteriores, aun las de carácter personal, se le harán por lista, de conformidad a lo establecido por el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia. Por otra parte, téngasele señalando como autorizadas únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Raon Cervantes Dueñas y/o Miguel Ángel Torres Gómez y/o Félix Alberto Padilla García, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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