José Escobar Morones

Expediente 469/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
469/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • José Escobar Morones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos del que se advierte que mediante proveído de veinte de junio del presente año, quedó firme el auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, sin que a la fecha se haya ordenado el archivo del mismo. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinte de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha le transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de veintitrés de mayo del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que la parte haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a 29/12/22 10:13:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.b3 Ma Elena Samaniego Carnero delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Numero 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el contenido del informe rendido por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: LA OMISIÓN, ABSTENCION Y/O RETARDO EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA y que viola en nuestro perjuicio la garantía de seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna, lo anterior POR EL INCUMPLIMIENTO A DICTAR SENTENCIA INTERLOCUTORIA DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL DE DEVOLUCION DE APORTACIONES, RADICADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 1547/2019." Efectivamente, de las constancias que fueron allegadas a este contradictorio federal por la autoridad judicial responsable, como apoyo a su informe justificado, derivadas del juicio laboral 1547/2019, promovido por José Escobar Morones, en contra de Afore XXI Banorte y otros, a las que cabe otorgarles valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que el doce de mayo del año en curso, dictó la sentencia interlocutoria dentro de los autos del juicio laboral 1547/2019, por consiguiente se evidencia, sin lugar a dudas, que la omisión que constituye el acto reclamado cesó al emitir el pronunciamiento respectivo. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues la propia autoridad responsable dictó la resolución correspondiente con fecha doce de mayo del año en curso, (del cual se duele la parte quejosa), dentro de los autos del juicio laboral 1547/2019. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción XII, de la ley de la materia. Por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del siete de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a tres de mayo de dos mil veintidós. Oficio. Téngase por recibido el oficio remitido por la Encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se le informe si se procede a dar por concluido el asunto relacionado con el oficio 27997/2021 del treinta de junio de dos mil veintiuno. Acuerdo. Atento a lo anterior, dígasele que no obran los acuses de recibo de los oficios 2518/2020, 32519/2020, 32520/2020, 32521/2020, 32522/2020, 32523/2020, 32524/2020, 32525/2020, 32526/2020, 32527/2020, 32528/2020, 32529/2020, 32530/2020, 32531/2020, 32532/2020, 32533/2020, 32534/2020, 32535/2020, 32536/2020, 32537/2020, 32538/2020, 32539/2020, 32540/2020, 32541/2020, 32542/2020, 2543/2020, 32544/2020, 32545/2020, 32546/2020, 32547/2020, 32548/2020, 32549/2020, 32550/2020, 32551/2020, 32552/2020, 32553/2020, 32554/2020, 32555/2020, 32556/2020 y 32557/2020 dirigidos a las autoridades responsables Titular de la Fiscalía General de la República; Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura; agente del Ministerio Público Federal en Funciones de Fiscal Supervisor de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata de la Fiscalía Especial en Investigación de Tortura; Fiscal General de Justicia; Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República); Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en Ciudad de México; Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; Fiscal General de Justicia Militar, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México; Fiscal General de Justicia del Estado de México, con residencia en Toluca, México; Fiscal General del Estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, Aguascalientes; Fiscal General del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California; Procurador General de Justicia del Estado de Baja California Sur, con sede en la Paz, Baja California Sur; Fiscal General del Estado de Campeche, con residencia en Campeche, Campeche; Fiscal General del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Chihuahua; Fiscal General del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, Coahuila; Fiscal General Del Estado De Colima, con residencia en Colima, Colima; Fiscal General Del Estado De Durango, con residencia en Durango, Durango; Fiscal General Del Estado De Guanajuato, con sede en Guanajuato, Guanajuato; Fiscal General Del Estado De Guerrero, con residencia en Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero; Procurador General De Justicia Del Estado De Hidalgo, con residencia en Pachuca De Soto, Hidalgo; Fiscal Del Estado De Jalisco, con residencia en Guadalajara, Jalisco; Fiscal General Del Estado De Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán; Fiscal General Del Estado De Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos; Fiscal General Del Estado De Nayarit; con sede en Tepic, Nayarit; Fiscal General De Justicia Del Estado De Nuevo León, con sede en Monterrey, Nuevo León; Fiscal General Del Estado De Oaxaca, con residencia en Oaxaca, Oaxaca; Fiscal General Del Estado De Puebla, con sede en Puebla, Puebla; Fiscal General Del Estado De Querétaro, con residencia en Santiago De Querétaro, Querétaro; Fiscal General Del Estado De Quintana Roo, con sede en Chetumal, Quintana Roo; Fiscal General Del Estado De San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí; Fiscal General Del Estado De Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa; Fiscal General De Justicia Del Estado De Sonora, con sede en Hermosillo, Sonora; Fiscal General Del Estado De Tabasco, con residencia en Villahermosa, Tabasco; Fiscal General De Justicia Del Estado De Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; Procurador General De Justicia Del Estado De Tlaxcala, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala; Fiscal General Del Estado De Yucatán, con residencia en Mérida, Yucatán; Fiscal General Del Estado De Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz; Fiscal General Del Estado De Zacatecas, con residencia en Zacatecas, Zacatecas para notificar el auto de tres de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por interpuesto el recurso de queja en contra de la ampliación de demanda de veintinueve de julio de dos mil veinte. De igual manera, los acuses de recibo de los oficios 13237/2020, 13239/2020, 13241/2020, 13257/2020, 13267/2020, 13270/2020, 13271/2020, 13276/2020, 13277/2020, dirigidos a las autoridades foráneas Titular De La Fiscalía Especializada En Materia De Derechos Humanos; Agente De Ministerio Público Federal En Funciones De Fiscal Supervisor De La Unidad De Atención Y Determinación Inmediata De La Fiscalía Especial En Investigación De Tortura; Fiscal General De Justicia De La Ciudad De México, todos con sede en Ciudad de México; Fiscal General Del Estado De Guanajuato, con sede en Guanajuato, Guanajuato; Fiscal General Del Estado De Querétaro, con sede en Santiago de Querétaro, Querétaro; Fiscal General Del Estado De Sinaloa, con residencia en Culiacán; Fiscal General De Justicia Del Estado De Sonora, con residencia en Hermosillo; Fiscal General Del Estado De Veracruz, con residencia en Xalapa; y, Fiscal General Del Estado De Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, respecto de la ampliación de demanda de cuatro de agosto de dos mil veinte. Asimismo, no obran los acuses de recibo de los oficios 26249/2020, 26250/2020, 26251/2020, 26252/2020, 26253/2020, 26254/2020, 26255/2020, 26256/2020, 26257/2020, 26258/2020, 26259/2020, 26260/2020, 26261/2020, 26262/2020, 26263/2020, 26264/2020, 26265/2020, 26266/2020, 26267/2020, 26268/2020, 26269/2020, 26270/2020, 26271/2020, 26272/2020, 26273/2020, 26274/2020, 26275/2020, 26276/2020, 26277/2020, 26278/2020, 26279/2020, 26280/2020, 26281/2020, 26282/2020, 26283/2020, 26284/2020, 26285/2020, 286/2020 y 26288/2020, dirigidos a las autoridades responsables Titular de la Fiscalía General de la República; Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura; agente del Ministerio Público Federal en Funciones de Fiscal Supervisor de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata de la Fiscalía Especial en Investigación de Tortura; Fiscal General de Justicia; Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República); Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en Ciudad de México; Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes; Fiscal General de Justicia Militar, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México; Fiscal General de Justicia del Estado de México, con residencia en Toluca, México; Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; Fiscal General del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California; Procurador General de Justicia del Estado de Baja California Sur, con sede en la Paz, Baja California Sur; Fiscal General del Estado de Campeche, con residencia en Campeche, Campeche; Fiscal General del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Chihuahua; Fiscal General del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, Coahuila; Fiscal General Del Estado De Colima, con residencia en Colima, Colima; Fiscal General Del Estado De Durango, con residencia en Durango, Durango; Fiscal General Del Estado De Guanajuato, con sede en Guanajuato, Guanajuato; Fiscal General Del Estado De Guerrero, con residencia en Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero; Procurador General De Justicia Del Estado De Hidalgo, con residencia en Pachuca De Soto, Hidalgo; Fiscal Del Estado De Jalisco, con residencia en Guadalajara, Jalisco; Fiscal General Del Estado De Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán; Fiscal General Del Estado De Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos; Fiscal General Del Estado De Nayarit; con sede en Tepic, Nayarit; Fiscal General De Justicia Del Estado De Nuevo León, con sede en Monterrey, Nuevo León; Fiscal General Del Estado De Oaxaca, con residencia en Oaxaca, Oaxaca; Fiscal General Del Estado De Puebla, con sede en Puebla, Puebla; Fiscal General Del Estado De Querétaro, con residencia en Santiago De Querétaro, Querétaro; Fiscal General Del Estado De Quintana Roo, con sede en Chetumal, Quintana Roo; Fiscal General Del Estado De San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí; Fiscal General Del Estado De Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa; Fiscal General De Justicia Del Estado De Sonora, con sede en Hermosillo, Sonora; Fiscal General Del Estado De Tabasco, con residencia en Villahermosa, Tabasco; Fiscal General De Justicia Del Estado De Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; Procurador General De Justicia Del Estado De Tlaxcala, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala; Fiscal General Del Estado De Yucatán, con residencia en Mérida, Yucatán; Fiscal General Del Estado De Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz; Fiscal General Del Estado De Zacatecas, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, para notificar el auto de veintiséis de octubre mediante el cual se tuvo por interpuesto el recurso de queja en contra de la ampliación de demanda de cuatro de agosto de dos mil veinte. Requerimiento. En obvio de dilaciones, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de este proveído, informe el trato dado a las piezas postales que contienen los oficios de referencia, o en su caso remita copia certificada de la constancia de entrega a sus destinatarios; para tal efecto remítasele copia de la factura de depósito respectiva. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese.

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