José Ernesto Hernández Hernández
Expediente 616/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Ernesto Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de julio de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del treinta de junio del año en curso, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. .Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por derecho propio, contra actos del Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Tequixquiac, Estado de México, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 616/2021-III. Ahora, en el presente asunto se hacen valer como actos reclamados - La omisión de formar, aprobar y administrar el plan de desarrollo urbano municipal correspondiente al Municipio de Tequixquiac, Estado de México, en términos del artículo 115 fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Al respecto se actualiza la improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 73, 78 y 77, fracción II, todos de Ley de Amparo y 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, en razón de que a través del juicio de amparo, no es posible concretar efectos generales respecto de actos omisivos que versen sobre facultades absolutas de ejercicio potestativo, como en el caso, contraviniendo así el principio de relatividad de las sentencias. Para que resulte procedente la acción constitucional es indispensable que la sentencia que se llegara a dictar en el juicio de amparo, en el supuesto de que fuera favorable al promovente, pueda producir el efecto de restituirlo en el pleno goce del derecho violentado, de tal manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o bien, que sea factible obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumpla con lo que la misma le exige. Lo anterior implica que en caso de que sea imposible concretar los efectos de la sentencia concesoria de amparo, el juicio sería improcedente, ya que no podría conseguirse ninguno de los fines establecidos en el invocado artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución, dispone que las sentencias que se pronuncien en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia. De acuerdo con esa disposición constitucional, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; de donde se deduce que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. Efectivamente, si la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse de los quejosos que lo hubieren solicitado y debe limitarse al caso en que verse la controversia, no sería posible emitir una sentencia de amparo en la que se den efectos generales, pues respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, conforme al texto del artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. Es decir, de resultar procedente el juicio de amparo, respecto de omisiones absolutas de ejercicio potestativo, se darían efectos generales a la sentencia de amparo, en contravención al artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, pues con esa decisión se crearían disposiciones de carácter general, abstracto y permanente, lo que vincularía a todos los gobernados en determinada circunscripción territorial, con lo que se vulneraría el principio de relatividad de las sentencias, pues se le obligaría a la autoridad administrativa a expedir una disposición de carácter general, abstracta e impersonal que no sólo redundaría en un la esfera de derechos de una persona, sino para todos un conjunto de sujetos vinculados por determinada circunscripción territorial y que no acudieron al juicio constitucional, en clara contravención del artículo 107, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Federal. De igual forma, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos interpretados en sentido contrario. Dichos preceptos establecen que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sobre el interés legítimo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), con rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)", en la parte conducente dispuso que para probar el dicho interés, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Sobre esa base, en la especie, no se solventa el segundo de los requisitos, puesto que el acto que por esta vía se reclama no transgrede el interés difuso que pretende defender la aquí quejosa, lo que hace carece de potestad para accionar la presente instancia institucional. A manera de abundamiento cabe señalar que la base sobre la cual descansa la reclamación del peticionario de amparo, radica en lo narrado en el capítulo de hechos de su demanda de amparo, pues refiere que por negligencia, corrupción o ignorancia las autoridades no han formulado, aprobado ni administrador algún plan de desarrollo urbano municipal correspondiente al Municipio de Tequixquiac, Estado de México. Sin embargo, con lo manifestado no evidencia de forma alguna la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad, por lo tanto, debe probar de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos, para que entonces tenga el promovente de amparo la obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado que debe ser en forma personal y directa y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. Por tales razones, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene por autorizado al usuario "JERNESTOH", para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente, razón por la que las notificaciones personales que se ordenen deberán realizarse de manera electrónica. Se tienen por autorizadas a las personas que se mencionan para los efectos que se precisan. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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