José Erik Grajales Lesciur
Expediente 1768/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 18 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1768/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Erik Grajales Lesciur
- El Juez de Control En Materia Penal Región Uno del Distrito Judicial En Tuxlta, Cintalapa, Chiapas Y Copainalá
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
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MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los autos el oficio de cuenta signado criptográficamente por el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, a través del cual acusa recibo del oficio 3512/2021 de diez de febrero del actual, mediante el cual se remitió el original del juicio de amparo 1768/2019-3, que le declinó este juzgado, así como las copias certificadas de la causa penal 325/2017, del índice del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa. En ese contexto, y tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que en la lista de acuerdos del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, misma que fue publicada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); se advierte que en auto de diecisiete de febrero del año en curso, el homólogo federal aceptó el conocimiento del juicio de amparo 1768/2019-3, que le declinó este juzgado, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Erik Grajales Lesciur, la cual registró con el número 90/2021-VII, de su índice, y al no existir diligencia pendiente por practicar, archívese el presente asunto como totalmente concluido, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Vigésimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a su destrucción, toda vez que encuentra en la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo vigésimo, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo segundo del acuerdo normativo. Notifíquese.
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mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que mediante oficios 006/2020-CM y 007/2020- CM de nueve y diez de noviembre del año dos mil veinte, signados por el magistrado Juan Manuel Vázquez Fernández de Lara, en su carácter de Coordinador de Magistrados de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Villahermosa, y en representación de la coordinación de jueces de distrito, dirigidos al maestro Arturo Guerrero Zazueta, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a las condiciones meteorológicas imperantes en esta entidad federativa, los titulares de los órganos jurisdiccionales federales del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, tomaron la decisión de suspender de manera total las actividades jurisdiccionales de cada uno de los órganos a su cargo, al considerar que se actualiza en esta ciudad el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo que se suspendieron los efectos del cómputo de los términos y plazos procesales en los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales en cuestión y se consideraron como inhábiles del nueve al trece de noviembre de dos mil veinte. De igual manera, que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 De la certificación secretarial también se desprende, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; asimismo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado Ahora bien, como en el punto primero de la resolución emitida el cinco de noviembre de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo, se determinó que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el juicio en que se actúa, promovido por José Erik Grajales Lesciur, por lo tanto, atendiendo al párrafo que antecede, esto es, que la sentencia emitida en autos causó ejecutoria, en esa razón, remítase el presente expediente al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla, Gutiérrez, en turno, a efecto de que resuelva lo pertinente, de conformidad con lo expuesto en el considerando primero de la resolución en comento; de igual forma envíense a la autoridad precitada los tomos de pruebas consistentes en copias certificadas de diversas constancias que integran la causa penal 325/2017 exhibidas por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa, en su informe justificado, las cuales debido a su voluminosidad obran por cuerda separada en dos tomos; solicitándose atentamente el acuse de recibo de estilo. Notifíquese.
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mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: la certificación que antecede, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por lo anterior, se reanuda el trámite del presente expediente. Por otra parte, agréguense a los autos la pieza postal remitida por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, relativa al oficio 18475/2020, dirigido al licenciado Roberto Carlos Sánchez Toledo, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Chiapa de Corzo, Fiscalía de Distrito Centro, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la cual fue devuelta en razón de la leyenda que dice "Cambio de domicilio del destinatario". Atento a lo anterior, y en obvio de mayores dilaciones, envíese el oficio antes mencionado al domicilio correcto, esto es, Calle Trigo, Manzana 64, Lote 2, Fraccionamiento Jardines del Grijalva, Chiapa de Corzo, Chiapas. Notifíquese.
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mesa 3 En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con diez minutos del cinco de noviembre de dos mil veinte , estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Guadalupe Mayorga Solís, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 1768/2019-3, promovido por José Erik Grajales Lesciur. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales consistentes en copias certificadas de diversas constancias que integran la causa penal 325/2017 exhibidas por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa, en su informe justificado, las cuales debido a su voluminosidad obran por cuerda separada (foja 36). En consecuencia, el juez de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; la Secretaria da cuenta con los formulados por el Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado (fojas 14 a 20), por el licenciado Nelson Royseel Molina Vidal, autorizado de la parte quejosa (fojas 41 a la 60), y por el impetrante de mérito (fojas 156 a 162), asimismo hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito provee: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechos los alegatos de cuenta y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1768/2019-3, promovido por José Erik Grajales Lesciur, por propio derecho, contra actos del Juez de Control en Materia Penal Región Uno de los Distritos Judiciales Tuxtla, Cintalapa, Chiapas y Copainalá, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 1 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional al siguiente día, José Erik Grajales Lesciur, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La orden de aprehensión, detención o reaprehensión emitida en su contra, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido de Informe justificado Foja (s) 1 Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa. Acepta el acto reclamado 31 2 Subdirector de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en ausencia del Titular de la citada Fiscalía. Niega el acto reclamado 27 y 243 3 Vicefiscal de los Derechos Humanos y Atención Integral a Victimas por ausencia del Fiscal General del Estado de Tabasco. Niega el acto reclamado 25 y 184 4 Director General de la Policía de Investigación del Estado de Tabasco. Niega el acto reclamado 24 y 177 5 Encargado de la Dirección Jurídica en ausencia del Director General de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Niega el acto reclamado 28 y 240-241 SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el registro 1768/2019-3; se solicitó a las autoridades responsables rindieran informes justificados, se otorgó la legal intervención al Fiscal Federal adscrito; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. En proveído de veinte de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 163 a 165), a solicitud del quejoso, se admitió a trámite la ampliación de demanda respecto de los conceptos de violación. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 163 a 165), se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Mauricio González Morales y Guadalupe Pérez Reynoso (representantes de la hoy occisa Verónica Guadalupe Roblero Pérez), diligencias que se desahogaron el tres de enero de dos mil veinte (fojas 223 y 233) respectivamente. Asimismo, mediante oficios 6275/2020 y 6280/2020, de dos de marzo del presente año, se ordenó el emplazamiento de Fernando Montesinos Aguilar y Roberto Carlos Sánchez Toledo, Fiscales del Ministerio Público adscritos a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Chiapa de Corzo, Fiscalía de Distrito Centro, dependientes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, los cuales se realizaron el siete y nueve de octubre del presente año (fojas 402 y 403) respectivamente. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". QUINTO.- REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para la audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que notifico el referido proveído a las partes. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por José Erik Grajales Lesciur, por los motivos que a continuación se explica. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, definió a la competencia, en términos generales, como la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdiccionales para conocer y decidir sobre determinadas materias. La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia. Por su parte, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sobre este tópico, el numeral 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo transcrito, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de esos distritos y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esos Distritos ante el que se presente la demanda de amparo. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. A efecto de determinar lo conducente, resulta indispensable precisar el acto reclamado por la parte quejosa con base en lo expuesto por ésta en la demanda relativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promoverte y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Se cita el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 519, del tomo VI, agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda". También la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del apéndice 1917-2000, novena época, cuyo texto y rubro son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Luego, atendiendo a los criterios citados y de un análisis conjunto del ocurso de demanda, se puede establecer que la parte quejosa sustancialmente reclama la orden de aprehensión, detención o reaprehensión emitida en su contra, así como su ejecución. También se desprende que señala como autoridad responsable ordenadora al Juez de Control en Materia Penal Región Uno de los Distritos Judiciales Tuxtla, Cintalapa, Chiapas y Copainalá, (denominación correcta Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa), y como ejecutoras al Fiscal General del Estado de Chiapas; Director General de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; Fiscal General del Estado de Tabasco y al Director General de la Policía de Investigación del Estado de Tabasco. Además, cabe precisar que en su informe justificado el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa, en su denominación correcta, aceptó el acto reclamado y refirió que en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el toca 63-C-1P01-2018-JA, por la Primera Sala Regional Colegiada, Zona 01-Tuxtla, ordenó la orden de búsqueda y reaprehensión del hoy quejoso (foja 31), con motivo que en caso de que se mandara a citar al quejoso José Erik Grajales Lesciur, para efectos de la audiencia inicial en la causa penal 325/2017, del índice de la autoridad responsable antes citada, dicha comparecencia no se dificultara o demorara, lo que corrobora que el acto reclamado carece de ejecución en el lugar donde este órgano ejerce su jurisdicción. En ese contexto, al tratarse de una orden de reaprehensión, el acto combatido en esta vía requiere de una ejecución material; por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de la materia, es competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. No obstante, si bien el quejoso señaló como autoridades responsables ejecutoras, entre otras, al Fiscal General y Director General de la Policía de Investigación ambos del Estado de Tabasco. Las referidas autoridades negaron el acto reclamado al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 24, 25, 177 y 184); por tanto, se concluye que no tiene ejecución en el Estado de Tabasco. Sin que de las constancias que obran en autos, se adviertan elementos para considerar que el acto reclamado, habrá de ejecutarse dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, pues como se apuntó, las autoridades ejecutoras que podrían fijar la competencia del suscrito, negaron la existencia del mismo. Máxime que la parte quejosa, no aportó pruebas para desvirtuar el contenido negativo de dichos informes, aun cuando tuvo conocimiento de ellos con la anticipación debida. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1071, Tomo II, Abril de 2018, Libro 53, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2016596, del contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Así las cosas, al haber negado los actos reclamados las autoridades señaladas como ejecutoras en el Estado de Tabasco, la posibilidad de que el acto reclamado sea ejecutado en este distrito judicial desaparece, sin que existan datos ciertos y objetivos que demuestren lo contrario. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 9/2001, formulada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, Materia(s): Común, página 5, registrada con el número 190373, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda". En ese orden de ideas, como se apuntó, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional al considerar que se surte la primera de las hipótesis previstas en el primero de los numerales precitados, ordena remitir el presente juicio de amparo al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno, a quien se estima legalmente competente para conocer del juicio de amparo de mérito. Por consiguiente, con fundamento en el supra citado numeral, se ordena remitir los autos originales del presente juicio de amparo al Juez de Distrito competente, solicitándole el acuse de recibo de estilo, ordenándose formar el cuadernillo de antecedentes respectivo, así como hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obre la constancia de notificación de la presente determinación, practicada a la parte quejosa, autoridades residentes en esta jurisdicción y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se remitirán los autos al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno, para que provea lo conducente a la competencia planteada; en el entendido que las notificaciones relativas a las autoridades foráneas señaladas como responsables, se le remitirán en alcance una vez que obren en autos. SEGUNDO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el juicio de amparo promovido por José Erik Grajales Lesciur, en contra del acto reclamado y las autoridades establecidas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando PRIMERO de esta determinación. SEGUNDO. En su oportunidad, remítase el expediente original al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno, para que provea lo conducente a la competencia planteada, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo. TERCERO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta resolución, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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