José Enrique Velazquez García
Expediente 173/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- José Enrique Velazquez García
Actuaciones
- Principal
Del estado de autos y del contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que se desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo el documento suscrito por la parte quejosa por medio del cual cumple con el requerimiento que se le efectuó en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte, por una parte, que mediante Circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la aprobación del punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; consistentes en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; es decir, durante ese período [i] únicamente dar trámite a los escritos iniciales que se calificaran como urgentes, ya sea que se presentaran de manera física o electrónico; [ii] dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; [iii] tramitar los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones; [iv] para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales. Ahora bien, el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sus artículos 1°, fracción I, 3° y 4°, fracción IX, inciso a), relativo al Capítulo I, Atención a casos urgentes establecen lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. (.) "Artículo 3. Durante el período definido en el artículo 1, se dará trámite a las solicitudes, demandas, incidentes, promociones y recursos presentados físicamente cuando se trate de casos urgentes." "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: (.) .IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y (.)" De lo antes transcrito se acredita que durante el Esquema de la Contingencia se continuará con las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, en la que se dará trámite a las demandas que se presente físicamente que se califiquen como urgentes, entre los cuales son aquellos que los derechos humanos están en juego, por la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso, por lo que si bien mediante Circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se suspendieron los plazos y términos procesales del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, ello no operaba para aquellos asuntos catalogados como urgentes, como en el presente caso, por las consideraciones que adelante se precisarán. Del análisis integral del escrito de demanda y escrito aclaratorio de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado de las autoridades que señala en su ocurso, la orden para asegurar la unidad de su propiedad siendo la motocicleta marca PIAGGIO, modelo 2017, con placas de circulación F2CT5 y su ejecución efectuada el veinte de enero de dos mil veintiuno, así como la boleta de infracción folio C1291, que se levantó con motivo de dicho aseguramiento siendo esta de veinte de enero de dos mil veintiuno, en la localidad de Cuauhtémoc, Colima, la cual anexó a su demanda, de la que se acredita en su parte inferior fue firmada por el quejoso persona con quien se entendió dicha diligencia. Por tanto, dicho acto es de los clasificados como urgentes pues incluso en el punto cuatro de los antecedentes de la demanda los cuales narra bajo protesta de decir verdad, expresa que el día veinte de enero de dos mil veinte le fue asegurada la motocicleta que defiende, misma que fue enviada para su resguardo en las instalaciones que ocupa el depósito de grúas conocido como "El Mezquite", por lo que a la fecha de presentación de la demanda a transcurrido un mes sin que se tenga certeza del trámite o proceso que se sigue a fin de liberad dio bien, lo cual le está generado un costo diario debido a que en el deposito en que se encuentra cobra una tarifa diaria, por lo que es claro que la demanda encuentra en supuesto previsto en el artículo 4°, fracción IX, inciso a), del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de ahí que no se suspendieron los términos para su presentación. En este contexto, se precisa destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo (en adelante: la ley) impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, este juzgado advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla, previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la ley, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente. Ahora bien, sobre el tema se precisa destacar que el elemento que materializa la extemporaneidad del amparo es el consentimiento tácito de la parte quejosa, lo que acontece cuando no impugna el acto de autoridad dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley, en los términos prescriptivos siguientes: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De conformidad con el primer párrafo de este precepto, el plazo genérico para impugnar cualquier acto de autoridad es de quince días, excepto en aquellos supuestos enumerados en las fracciones I, II, III y IV, de los cuales prevé un plazo distinto. En el caso analizado, el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en las fracciones de referencia, debido a que se reclama la orden para asegurar la unidad de su propiedad siendo la motocicleta marca PIAGGIO, modelo 2017, con placas de circulación F2CT5 y su ejecución efectuada el veinte de enero de dos mil veintiuno, así como la boleta de infracción folio C1291, que se levantó con motivo de dicho aseguramiento siendo esta de veinte de enero de dos mil veintiuno, en la localidad de Cuauhtémoc, Colima, de modo que su impugnación se rige en términos del plazo genérico de quince días; por tanto, solo resta determinar la forma en que se debe computar. En ese orden, el artículo 18 de la ley prevé: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En términos de esta disposición, los plazos previstos en el artículo 17 de la ley se computa a partir del día siguiente hábil en que acontezca alguno de los supuestos siguientes: a) Cuando surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. b) Desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. c) A partir de que la parte quejosa se ostente sabedora de los actos que le agravian o de su ejecución. d) Al momento de la entrada en vigor, cuando se traten de disposiciones de carácter general. Al respecto, la parte quejosa expuso bajo protesta de decir verdad que los hechos del aseguramiento del vehículo descrito en líneas precedentes y el levantamiento de la boleta de infracción a los que hace alusión, ocurrieron el veinte de enero de dos mil veintiuno. Entonces, el supuesto para computar el plazo que tuvo para promover la demanda de amparo es el descrito en el inciso b), esto es quince días desde el momento en que la parte quejosa conozca el acto reclamado. En ese sentido, del escrito inicial de demanda se advierte, como se mencionó, la orden para asegurar la unidad de su propiedad siendo la motocicleta marca PIAGGIO, modelo 2017, con placas de circulación F2CT5 y su ejecución efectuada el veinte de enero de dos mil veintiuno, así como la boleta de infracción folio C1291, que se levantó con motivo de dicho aseguramiento siendo esta el veinte de enero de dos mil veintiuno, en la localidad de Cuauhtémoc, Colima, de la que tuvo conocimiento el veinte de enero de dos mil veintiuno. Bajo ese panorama al realizar el cómputo respectivo, se concluye que el referido término transcurrió del veintiuno de enero al doce de febrero del año en curso, sin contar los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero, uno, cinco, seis y siete de febrero, por ser inhábiles, conforme el numeral 19 de la ley que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, página 57, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Ahora, la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno; por tanto, es incuestionable que se hizo fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17, párrafo primero, de la ley de la materia. En consecuencia, la promoción de la demanda resultó extemporánea, lo que implica que la parte quejosa consintió tácitamente la orden para asegurar la unidad de su propiedad siendo la motocicleta marca PIAGGIO, modelo 2017, con placas de circulación F2CT5 y su ejecución efectuada el veinte de enero de dos mil veintiuno, así como la boleta de infracción folio C1291, que se levantó con motivo de dicho aseguramiento siendo esta el veinte de enero de dos mil veintiuno, en la localidad de Cuauhtémoc, Colima. Ello, debido a que en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se estableció, con puntualidad, los asuntos respecto a los que se ordenaba el reinicio de labores en los órganos jurisdiccionales, indicándose que se hallaban entre los casos que debían considerarse pese a no calificarse como urgentes en términos del artículo 4° de conformidad con el numeral 24 de dicho acuerdo. Tal como se desprende de la aludida normatividad, pues en su artículo 1, se dispuso que con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establecía que durante el período del dieciocho de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno (en términos de la circular SECNO/9/2021) la función jurisdiccional se regiría, entre otros, por los postulados previstos en el CAPÍTULO I, denominado "Atención a casos urgentes", como se dijo en párrafos anteriores. Razones por las que, si el acto reclamado por el quejoso en el particular consiste en la orden para asegurar la unidad de su propiedad siendo la motocicleta marca PIAGGIO, modelo 2017, con placas de circulación F2CT5 y su ejecución efectuada el veinte de enero de dos mil veintiuno, así como la boleta de infracción folio C1291, que se levantó con motivo de dicho aseguramiento siendo esta el veinte de enero de dos mil veintiuno, en la localidad de Cuauhtémoc, Colima, se estima que el mismo es considerado como urgente de conformidad al precitado numeral. A partir de lo cual es inconcuso que, desde el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el quejoso estuvo en aptitud de presentar su demanda directamente ante el secretario de guardia del órgano jurisdiccional de turno, mediante buzón judicial (tal como lo realizó) o de presentarla electrónicamente mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, pues los órganos jurisdiccionales pueden recibir por dichos medios demandas de amparo relativas a ese tipo de asuntos; y, por tanto, el peticionario se encontró en condiciones de presentar la demanda de amparo relativa, cuyo plazo transcurrió desde el veintiuno de enero pasado, hasta el doce de febrero de dos mil veintiuno, en que feneció el mismo. De este modo, es evidente que si no se instó en tiempo la demanda de amparo contra la determinación que el promovente pretendía combatir, pese a que no había ningún obstáculo que se lo impidiera para acudir ante los órganos constitucionales competentes, ello solo se traduce en una conducta que es atribuible a su persona, por lo que ahora debe soportar las consecuencias inherentes a su pasividad. Por lo tanto, si como refiere bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa, quedó enterada de la orden de aseguramiento y boleta de infracción que reclama en su demanda, desde el veinte de enero de dos mil veintiuno, el plazo empezó a correr al día siguiente hábil; es decir, el veintiuno de enero del citado año; de ahí que al día de la presentación de la demanda el plazo de quince días para hacerlo había transcurrido. En ese contexto, es innegable que desde la fecha indicada el ahora quejoso, tuvo conocimiento del acto reclamado; por tanto, para determinar la oportunidad en el ejercicio de la acción que aquí se intenta, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal. Consecuentemente, si la demanda que se acuerda fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 y 11 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, tal como se advierte del sello relativo y de la anotación contenida en la papeleta de turno, a esta fecha sin mayor preámbulo ya había transcurrido el término legalmente establecido para ello, que corrió en términos del citado acuerdo general, del veintiuno de enero y feneció el doce de febrero de dos mil veintiuno, descontando de dicho cómputo, los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero, uno, cinco, seis y siete de febrero del año que trascurre, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así, la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de amparo se hace patente, pues transcurrieron más de quince días, desde la fecha en que el quejoso estuvo en aptitud de presentar su demanda de amparo conforme al acuerdo 13/2020 antes citado, a la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno), lo que pone en evidencia que a la fecha de presentación de la demanda, había fenecido el plazo de quince días que el accionante del amparo tenía para hacerlo. En las relatadas condiciones, se materializa la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 18, de la Ley de Amparo, y, como corolario de esto, la demanda de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente; por ende, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley, se desecha de plano. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su misiva.
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