José Enrique Sánchez Ortega
Expediente 902/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Enrique Sánchez Ortega
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por personal del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual informa que planteó el conflicto competencial entre ese juzgado y este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderada legal ********************; al respecto, estese en espera de que el Tribunal Colegiado a quien por turno le corresponda conocer del citado conflicto, informe la resolución del mismo con la finalidad de proveer lo que en derecho proceda en el presente asunto. Cúmplase
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de éste órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO. Téngase por recibido el oficio 17932/2023, signado por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, al que anexa los autos originales del juicio de amparo ********************, de su índice. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 902/2023/V-A. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México. 1. La omisión de enviar el exhorto ordenado por acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente laboral ********************, para el desahogo de diversas pruebas, dirigido a la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. De la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. 2. Sólo en caso de haber recibido el exhorto ordenado por acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, el desahogo de las pruebas consistentes en el cotejo y la inspección. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. De las constancias que integran el juicio de amparo que se recibe, el cual fue radicado bajo el número ********************, se advierte que por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderada legal ********************, debido a que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "La omisión en que ha incurrido la autoridad responsable JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO de enviar el exhorto correspondiente o en su caso de acordar lo contestado, y por lo que hace a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 22 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, solo en caso de que ya haya recibido el exhorto correspondiente para desahogar el cotejo e inspección ofrecidos por la parte actora, la da vez (sic) que a la presente fecha la responsable no ha emitido acuerdo sobre la contestación o desahogo de dicho exhorto. Transcurriendo el (sic) exceso el término concedido por la Ley Federal del Trabajo." Por lo que, a su consideración, las cuestiones reclamadas, de ser procedentes, deben ser subsanadas por una conducta positiva la cual se realizará fuera de la jurisdicción del juzgado de su adscripción, estableciendo que se trata en parte de actos omisivos con efectos positivos; además, de que la parte quejosa alega en sus conceptos de violación que la responsable no ha diligenciado y/o devuelto el exhorto, lo que trae aparejado consecuencias positivas en el plano fáctico. Apoyando su determinación en la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la tesis aislada II.T.31 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, de rubros: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO." y "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE UN JUEZ DE DISTRITO DE DILIGENCIAR UN EXHORTO. DEBE FINCARSE A FAVOR DE AQUEL EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ EXHORTADO." Tales consideraciones, aunque respetables, no son compartidas por este órgano jurisdiccional, en este momento procesal, por los motivos que se explican a continuación: Resulta pertinente destacar que el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito, se desprende que el proceso legal, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito: I. La primera, refiere que será competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. II. La segunda, indica que cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, en cuyo caso es juez competente aquél ante el que se presente la demanda. III. La tercera, gravita sobre la hipótesis de que el acto reclamado no requiera ejecución material, evento en el que será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, atendiendo a la primera hipótesis, se dice que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. La segunda hipótesis normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho mención en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el juez de distrito ante quien se presente la demanda de amparo será el competente para conocerla. En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien sea presentada la demanda de amparo. Como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que el acto reclamado no requiere de ejecución material para que el juez ante quien se presente la demanda de amparo sea quien conozca y resuelva el juicio de garantías. Asimismo, debe atenderse a las consideraciones expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 343/2019, retomada, a su vez en la diversa contradicción de tesis 478/2018, esa misma Sala, en la cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos 2. Negativos, y éstos a su vez en: ( Actos negativos simples ( Actos negativos con efectos positivos ( Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones Los actos positivos son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta de las autoridades que se traduce en no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: Actos negativos simples; Actos negativos con efectos positivos; y, Actos negativos prohibitivos. Los actos negativos simples son aquéllos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado, para que se actualice la existencia de los actos negativos simples, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Los actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos, pero en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no solo exterioriza una negativa en relación con la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Por otra parte, los actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un "no hacer", por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Por último, los actos omisivos o abstenciones son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. En relación con la naturaleza de los actos omisivos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1241/1997, puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en primer lugar a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. Lo cual fue reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver al amparo en revisión 1359/2015, misma que dio origen a la tesis 1a. XVII/2018 (10a.), Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1092, de la Décima Época, con número de registro digital 2016418, con rubro y texto siguientes: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Asimismo, en el amparo en revisión ******************** la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no se hacen no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no se hacen, pero que por alguna razón se tiene el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. Ahora, la parte quejosa al narrar los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, precisó lo siguiente: 1. Que se radicó el expediente laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, en donde reclamó la integración correcta y completa de su pensión jubilatoria y otras prestaciones. 2. Luego, seguida la secuela procesal, por acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, se tuvieron por admitidas las pruebas y se ordenó girar exhorto vía correo electrónico a la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a efecto de que en auxilio de la Junta de conocimiento, señalara día y hora para desahogar diversas probanzas. 3. Que a la fecha de la presentación de la demanda -catorce de septiembre de dos mil veintitrés-, la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, no ha acordado el recibo o desahogo del exhorto de referencia, inobservando lo dispuesto en los artículos 779, 807, 881, 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, al exponer sus conceptos de violación, señaló que desde que se dictó el acuerdo admisorio de pruebas hasta la fecha de la presentación de la demanda -catorce de septiembre de dos mil veintitrés-, no se ha dado cumplimiento al procedimiento a que se refiere la Ley Federal del Trabajo en forma pronta y expedita. Asimismo, indicó que solicita la protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, envíe un nuevo exhorto recordatorio a la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, haciendo uso de los medio electrónicos; y en su oportunidad, la autoridad exhortada devuelva las diligencias solicitadas. En ese contexto, resulta evidente que, en este estadio procesal, atendiendo a lo expuesto por la parte quejosa en la demanda de amparo (de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, reclama la omisión de enviar el exhorto; y, de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, sólo en caso de haber recibido el exhorto, la omisión de realizar la encomienda), no se puede advertir que la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, haya recibido el exhorto ordenado por acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, en los autos del expediente laboral del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, lo que sin lugar a dudas, daría la competencia a este órgano jurisdiccional. Ahora, como quedó expuesto en párrafos anteriores, en los conceptos de violación se alega en un primer momento las omisiones de la autoridad responsable con sede en la Ciudad de México, y solo en el caso, de que dicha autoridad sí haya enviado la comunicación oficial, la parte quejosa hace un reclamo (omisivo con efecto positivo) a la autoridad con residencia en esta ciudad. De modo que, de la demanda de amparo no se puede evidenciar que la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, haya recibido la comunicación oficial de que se trata, y que ésta sea quien no ha realizado la diligencia solicitada en auxilio de la junta residente en la Ciudad de México. Por lo que, se están reclamado omisiones de ambas juntas, y la demanda de amparo fue presentada en aquella ciudad, por lo que, respetuosamente, la suscrita juzgadora considera que, a prevención debe conocer la autoridad oficiante, pues si bien se comparte lo determinado por el juzgado declinante en el sentido de que es un acto omisivo que genera consecuencias positivas en el plano factico, que la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no haya realizado la diligencia ordenada, en caso de que hubiera recibido el exhorto (lo que en este estadio no se tiene certeza), también se reclama de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, que haya omitido enviar el exhorto correspondiente a la junta con sede en esta ciudad. Se afirma lo anterior, atendiendo a que si la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no ha recibido el exhorto en comento, no estaría obligada a realizar ninguna diligencia; y, por tanto, no habría una omisión de actuar en el territorio en donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional; en cambio, sí existiría un acto omisivo de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, puesto que ella ya ordenó el envío del exhorto, sin que se tenga la certeza de que lo hubiera realizado. En estas condiciones, lo procedente es atender a la regla que establece el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, y; en consecuencia; debe conocer del juicio constitucional el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por ser ante quien se presentó la demanda de amparo. Por tanto, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que este órgano jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese esta determinación al Juzgado Federal declinante, y devuélvasele el juicio de amparo ********************, de su índice; solicitándole el acuse de recibo, previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente. Cúmplase.
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