José Enrique Sánchez Lizama

Expediente 1069/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1069/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
02/09/2019

Partes del expediente

  • José Enrique Sánchez Lizama

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de dieciséis de agosto último, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE quejosa EL PROVEÍDO DE dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de la constancia secretarial levantada el día de ayer, en la cual se advierte que el directo quejoso JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ LIZAMA, manifestó que se desiste del presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, y tomando en consideración que el juicio de amparo sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada y que el desistimiento, es la abdicación o el abandono de algún derecho, el apartamiento de la acción y demanda, puesto que el abdicante manifiesta su voluntad de abandonar el ejercicio de ese derecho por no querer continuar con la acción ejercitada o con la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado, antes de que se admitiera a trámite la demanda de amparo. En consecuencia, se tiene por desistido a JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ LIZAMA, a su más entero perjuicio, del presente juicio de amparo; por lo que SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA que dio origen a este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 147, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto rezan: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE quejosa EL PROVEÍDO DE doce de agosto de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, doce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, se tiene a JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ LIZAMA, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, como autoridad ordenadora, así como de la Fiscal de la Agencia Especializada en Hechos de Tránsito de la Fiscalía General del Estado, como autoridad ejecutora, ambos con sede en esta ciudad; que hizo consistir en: De la Juez responsable: La resolución dictada en el expedientillo 182/2019, el seis de agosto del año en curso, en la que ordenó llevar a cabo el desahogo de la inspección del vehículo de la marca General Motors, tipo 510, modelo 2000, color Dorado y con placas de circulación YP-6893 del Estado de Yucatán; así como la determinación de señalarlo como imputado o presunto responsable de los hechos a que se refiere la carpeta de investigación de origen. Y en vía de consecuencia, de la Fiscal en cita reclama: El acuerdo de siete de agosto de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta de investigación T1/038/2019, dictado en cumplimiento a lo ordenado por la Juez responsable, en la que ordena el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la aquí tercero interesada. Fórmese expediente, regístrese con el número 1069/2019-IV-A que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, vista la demanda de amparo, su análisis permite al suscrito advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, lo que trae como consecuencia que SE DEBA DESECHAR DE PLANO, de conformidad con lo establecido por el artículo 112 de la Ley de la Materia. En este orden de ideas, es de precisar que el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama como actos reclamados destacados la resolución dictada en el expedientillo 182/2019, el seis de agosto del año en curso, en la que ordenó llevar a cabo el desahogo de la inspección del vehículo de la marca General Motors, tipo 510, modelo 2000, color Dorado y con placas de circulación YP-6893 del Estado de Yucatán; así como la determinación de señalarlo como imputado o presunto responsable de los hechos a que se refiere la carpeta de investigación de origen. Ahora bien, el artículo 465, en relación con el diverso 211, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Establecido lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465, en relación con el 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el recurso de revocación procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Ahora bien, la resolución que reclama la parte quejosa en su escrito de demanda, de fecha seis de agosto del año que transcurre, no es apelable, en razón de que no encuadra en alguna de las hipótesis establecidas en el numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que establece lo siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba.". En consecuencia, por exclusión, lo que procede en contra de la resolución impugnada señalada como acto reclamado es la interposición del recurso de revocación, de conformidad con el dispositivo 465 del referido Código. Por tanto, es claro que el acto reclamado por la parte quejosa resulta impugnable mediante el recurso de revocación, el cual tiene por objeto que el propio Juez confirme, revoque o modifique la resolución impugnada, por lo que en congruencia con lo anterior, y en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, se concluye que si el mencionado ordenamiento aplicable prevé el recurso de revocación como medio ordinario de impugnación, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, lo que informa la jurisprudencia sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Improcedencia que se hace extensiva respecto del acto de ejecución reclamado a la Fiscal señalada como responsable, consistente en el acuerdo de siete de agosto de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta de investigación T1/038/2019, en el que se ordenó el desahogo de la prueba pericial aludida, pues fue emitido en cumplimiento a lo ordenado por la Juez de Control citada, sin que se le atribuyan vicios propios. En esas condiciones, ante el motivo manifiesto e indudable de improcedencia actualizado en la especie, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el precepto 112 de la Ley de la Materia. Téngase por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el que señala para tal fin en su demanda de amparo y como su autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a JULIO CÉSAR LÓPEZ GONZÁLEZ. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Además, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el arábigo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del ordinal 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente.

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