Jose Enrique Ruiz Hernandez
Expediente 364/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 364/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- Jose Enrique Ruiz Hernandez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Certificación. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa a fin que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la vista otorgada en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Antecedentes. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Enrique Ruiz Hernández, para el efecto que las autoridades responsables Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Zona de Tijuana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en Tijuana, y Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, ambas con sede en esta ciudad, en el ámbito de su respectiva competencia realizaran lo siguiente: "Dejen insubsistente la orden de aprehensión, presentación, detención, traslado y/o arresto emitida en contra del quejoso." Por auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria dicha sentencia de amparo y se requirió a las responsables por su cumplimiento; posteriormente, mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con los oficios 1943 y 1944, en el que las responsables informaron que no han pretendido ni pretenden ejecutar los actos reclamados por la parte quejosa. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, ya que informó que no pretende ejecutar ninguna orden restrictiva de la libertad reclamada por el quejoso. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se dejó insubsistente la orden de aprehensión, presentación, detención, traslado y/o arresto emitida en contra del quejoso, pues las responsables refirieron que no pretenden ejecutar orden alguna, pues es claro que dichas autoridades carecen de potestad para realizar dichas órdenes; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en este asunto, sin excesos ni defectos. Lo antes determinado se efectúa sin soslayar que las partes, en caso de tener inconformidad con lo resuelto por este órgano jurisdiccional, pueden optar por interponer los medios de defensa que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse sobreseído por una parte en el juicio de amparo y por otra concedido la protección federal, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional, asimismo, por una parte se negó y por otra se concedió la definitiva; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se depurará el expediente, conservando las constancias relativas a su otorgamiento. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo de referencia y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de sentencia emitida el veintiocho de agosto de dos mil veinte, en la que por una parte se sobreseyó, por otra se negó, y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no se cuenta con los acuse de recibo del oficio 11098, con el que se le notificó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Administrador, con sede en esta ciudad, para que impugnara la sentencia dictada en autos, ya que por dicha autoridad se sobreseyó el presente juicio de amparo y dicho sentido no le causa ningún perjuicio, ni la legitima para interponer recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el numeral 87 de la ley de la materia. Se ordena reexpedir oficio. Sin perjuicio de lo anterior y atendiendo a la certificación de cuenta, se ordena reexpedir el 11098, dirigido a la autoridad responsable antes señalada, a efecto de que tenga conocimiento de la sentencia dictada en autos. Requerimiento de cumplimiento. Ahora, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional en la sentencia dictada fue para los efectos siguientes: "Octavo. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión del amparo son para que las autoridades responsables Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Zona de Tijuana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en Tijuana, y Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, ambas con sede en esta ciudad: Dejen insubsistente la orden de aprehensión, presentación, detención, traslado y/o arresto emitida en contra del quejoso." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Zona de Tijuana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en Tijuana, y Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, ambas con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector y dentro del citado término remitan la totalidad de constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o bien, informen el impedimento legal que tengan para ello. Apercibimiento. Apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Requerimiento al superior jerárquico. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Fiscal Regional Tijuana, con sede en esta ciudad, a fin de que obligue a sus subordinados al cumplimiento de la sentencia de amparo en los términos precisados en este auto. En el entendido de que la intervención del superior jerárquico no sólo se constriñe a enterarse de que sus subordinadas es renuente a acatar el fallo constitucional, ni tampoco se limita a que éste le envíe recordatorios o comunicados pidiéndoles que cumplan con el mismo, sino que debe de hacer uso de todos los medios a su alcance, inclusive de las prevenciones y sanciones que conforme las disposiciones aplicables puede formular e imponer a sus subalternas para conminarlas a cumplir con el fallo protector, ello a fin de una pronta y expedita administración de justicia. Apercibimiento. Apercibida que de no cumplir con lo ordenado, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá a la autoridad antes mencionada una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante deje el cargo. Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese.
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