Jose Enrique Ramirez Flores
Expediente 524/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2022
Partes del expediente
- Jose Enrique Ramirez Flores
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, advirtiéndose que mediante proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la autoridad Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla informó que la solicitud de incorporación del quejoso al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente para el ejercicio fiscal 2022, no ha sido validada, y que ello es facultad de Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, que es la autoridad responsable del programa y que se encuentra sujeta a las estimaciones y disponibilidad presupuestal del programa. Ahora, en la sentencia definitiva se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: VII. DECISIÓN En atención a los razonamientos expuestos y a fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que se estimó vulnerado, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Secretaría de Bienestar Federal, Delegación Puebla, en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Establezca el día y la hora en la que el menor quejoso, por conducto de su persona adulta auxiliar, podrá acudir al módulo de atención que corresponda para presentar la documentación requerida con el objeto de que se registre y se valore su solicitud de incorporación al programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y, de ser el caso, se inicie el trámite o procedimiento correspondiente. Lo anterior, con las debidas medidas sanitarias y de sana distancia necesarias con motivo de la contingencia sanitaria global ocasionada por la propagación del virus SARS-CoV2. Cabe precisar que una vez que se reciba y registre la solicitud del menor quejoso, la Secretaría responsable podrá con plena libertad determinar si cumple o no con los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso, de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación analizadas y a la disponibilidad presupuestal del programa referido. Además, durante el desarrollo del trámite que corresponda, la responsable deberá proporcionarle a la parte quejosa la información correspondiente de manera clara y oportuna, así como atención y apoyo para ingresar al programa, lo que desde luego se realizará sin costo o condicionamiento alguno, en aras de coadyuvar en la obtención de un apoyo económico que permita su inclusión con menos barreras en la sociedad. En el entendido de que si para realizar el trámite la parte quejosa necesita de alguno de los documentos que exhibió como prueba en el presente juicio de amparo, deberán ponerse a sus disposición para que los recoja." Por lo cual, se requirió a la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios del Programa para el Desarrollo en el Estado de Puebla, como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, para que, en el término de tres días, le diera cumplimiento; lo anterior, en los términos y condiciones precisados en los párrafos que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: SENTENCIAS DE AMPARO. ESTAN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCION, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución. Pues no obstante que no figura como autoridad responsable en este juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en definir que para dar cabal cumplimiento a una sentencia de amparo, se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables, tal como lo revelan los siguientes criterios jurisprudenciales: ... Por lo anterior, toda vez que la citada autoridad vinculada no ha dado cumplimiento a lo que se le solicitó, y tampoco se advierte la notificación del requerimiento; se ordena reexpedir el oficio del acuerdo de dieciocho de marzo del año en curso dirigido a dicha autoridad, a fin de que cumpla lo ordenado en dicho acuerdo, así como a este proveído, dentro del término de tres días, siguientes a aquél en que reciba el oficio que se emita con motivo de este proveído; apercibiéndola que, en caso de ser omisa al presente requerimiento, se le impondrá´ la multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, a quien ejerza el cargo en dicha dependencia, esto es en la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios del Programa para el Desarrollo en el Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, dado que es la autoridad a quien le compete dar continuidad a la ejecutoria de amparo en este juicio. Sin perjuicio de lo anterior, de igual forma se requiere a la autoridad responsable, Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla, a fin de que realice los actos pertinentes, con el objeto de obtener el cumplimiento de la anterior autoridad o de quien corresponda, lo anterior dentro del término de tres días; con el apercibimiento que de nada manifestar dentro de dicho plazo, se harán efectivos los apercibimientos decretados en el auto en el que se declaró firme la sentencia y se solicitó su cumplimiento. Notifíquese, y vía electrónica al representante especial del menor R.R.S.P.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de abril de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, por una parte negó y por la otra concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documento(s). Toda vez que en autos no obran documentos originales exhibidos, no ha lugar a ordenar devolución alguna. Devolución de anexo. Por último, devuélvanse el tomo de pruebas. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y vía electrónica a la parte tercera interesada.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de abril de dos mil veintidós. Autoridad cumple parcialmente requerimiento. Se requiere cumplimiento total. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo remitido por la Presidente de Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada de las notificaciones realizadas a Miguel Ángel Saltillo Reyes y María de Lourdes Ortega Ureña, respecto de los autos emitidos en el juicio laboral D-6/436/2020, de su índice. Se toma conocimiento de lo informado. Sin embargo, se advierte que no remitió las constancias relativas al acuerdo que recayó a la diligencia en la que se hizo constar la inasistencia de la parte demandada respecto de la prueba de inspección ocular que estaba señalada para el ocho de marzo del presente año; tampoco informa los actos tendentes que ha realizado a fin de obtener la documental en vía de informe, que debe rendir el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En ese sentido, se requiere a la junta responsable a fin de que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita las constancias precisadas en el párrafo que antecede, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Perito oficial solicita copias e inspección del predio. Agréguese el oficio del perito oficial ..., mediante el cual solicita copia de los documentos con los cuales se registraron ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tecamachalco el bien inmueble inscrito bajo las partidas 273, foja 70, tomo 133, libro 1ª de dieciocho de julio de dos mil diecinueve y el diverso registrado en la partida 293, foja 91, tomo 23, libro 6ª de veintitrés de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve; asimismo, solicita realizar una visita al predio materia de la prueba pericial en topografía a fin de estar en condiciones de emitir el dictamen correspondiente. En ese sentido, remítanse vía oficio las copias de los documentos que solicita el perito oficial, y de igual forma, se reitera que la materia en el presente juicio de amparo recae sobre el bien inmueble ubicado en Avenida San Félix, conocido como La Alfalfa, sin número, en la sección primera centro, en el Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, registrado en la partida 293, foja 91, tomo 23, libro 6ª de veintitrés de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve. De igual forma, como lo solicita, se fijan las nueve horas del siete de abril de dos mil veintidós, para que las partes comparezcan en las instalaciones de este Juzgado de Distrito para que acompañen al perito oficial al inmueble sobre el cual debe emitir su dictamen oficial. Para lo cual se les brindan los siguientes códigos a fin de que en la fecha y hora señaladas puedan acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Parte quejosa. Autoridades responsables. -a través de quien legalmente lo represente- Perito oficial. Aquí es necesario precisar que el código QR fue generado únicamente a una autoridad dado que el acceso a las instalaciones de este Juzgado se encuentra limitado; no obstante, se les informa a las restantes autoridades que si desean estar presentes al momento de la inspección solicitada por el perito oficial pueden acudir directamente al predio materia de la prueba. En ese sentido, se apercibe a la parte quejosa que en caso de no acudir a la cita antes programada o no informar el impedimento que tenga para ello, se podría decretar desierta la prueba por falta de interés en su desahogo; asimismo, se apercibe al perito oficial que en caso de no acudir o no informar el impedimento que tenga para ello se podrá hacer acreedor a una multa de cincuenta a mil días de salario mínimo general vigente entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por correo a las autoridades responsables.
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