José Enrique Peón Cámara
Expediente 1027/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- José Enrique Peón Cámara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
"(.) En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1027/2023-II; Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Diego Jezreel Nieto Bianchi, declara abierta la audiencia pública sin asistencia de las partes. Enseguida, se realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo (fojas 2 a 6); el auto admisorio de treinta de marzo de dos mil veintitrés (el cual obra agregado en el expediente electrónico); los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 11 a 13, 17 a 21 y 23 a 25); y con el resto de actuaciones de trámite. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Asimismo, el Secretario certifica: Que el Fiscal General del Estado de Quintana Roo no ha rendido su informe justificado, ni se advierte el acuse postal del oficio por el que se le requiere éste, además que el veinte de abril de la anualidad se otorgó vista a la parte quejosa para que señalara la denominación correcta de la responsable que indicó como: "Fiscales Investigadores de Solidaridad, de la Fiscalía Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo"; lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el cual se hace constar que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de éstas y se cierra esta fase procesal. Luego, se abre el periodo de alegatos, y el Secretario hace constar que las partes no los formularon, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado tampoco presentó su alegato ministerial. A lo anterior el Juez acuerda: se declara cerrada la audiencia constitucional, sin que exista prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordad, por lo que se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1027/2023-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por José Enrique Peón Cámara, contra actos que reclama del Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, físicamente la demanda de amparo promovida por ++++++++++++++++ en la que señaló como responsable al Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo y otras autoridades. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado e indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por providencia de treinta de marzo de la anualidad, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social adscrito a este juzgado, quien no presentó su correspondiente alegato ministerial. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia 1. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto de autoridad judicial que incide en la libertad personal del directo quejoso, así como su ejecución por parte de autoridades ministeriales; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b) y IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracciones V y II, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado 2. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido.3 3. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 4. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS."4 TERCERO. Inexistencia del incomunicado 5. Las responsables siguientes responsables negaron la existencia de los actos reclamados, como se verá: 6. Sin que la parte quejosa haya desvirtuado dichas negativas con documento probatorio alguno. 7. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. 8. No es obstáculo a lo anterior que en el acta que precede este audiencia se haya hecho contar que el Fiscal General del Estado de Quintana Roo no ha rendido su informe justificado, ni se advierte el acuse postal del oficio por el que se le requiere éste, además que el veinte de abril de la anualidad se otorgó vista a la parte quejosa para que señalara la denominación correcta de la responsable que indicó como: "Fiscales Investigadores de Solidaridad, de la Fiscalía Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo" Y que por auto de veinticinco de marzo pasado, se agregaron los oficios devueltos dirigidos al "Director y/o Subsecretario de la Policía de Investigación Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo", "Comandante y/o Titular del Departamento de Mandamientos Judiciales de la Policía Estatal de Investigación de la Fiscalía del Estado del Estado de Quintana Roo" y "Delegado y/o Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en Quintana Roo", todas con residencia en Chetumal, sin que se haya acordado al respecto. Esto, ya que no es procedente tener por ciertos los actos a ellas reclamados, porque la autoridad ordenadora negó la existencia de los actos que se le atribuyen y al tener el carácter de ejecutoras, no puede cumplimentar una orden inexistente. 9. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 10. Además, no es obstáculo para sobreseer en el presente sumario, que no haya transcurrido el término de ocho días a las partes, a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de los informes justificados agregados el veinte de abril de este año, pues en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. 11. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por +++++++++++, contra actos de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que por una parte se negó y por otra parte se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: "(.) En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que el Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, realice lo siguiente: 61. I) Deje sin efectos el oficio RAN/YUC/SR/5118/2022, de catorce de octubre de dos mil veintidós; y, 62. II) Emita uno nuevo en el que deberá: a) Reiterar lo que no fue objeto de la concesión del amparo; y, b) Emitir una respuesta en la que se dé una contestación en términos del artículo 8° constitucional, en forma congruente. 63. Esto es, deberá responderse expresamente la fecha en la que ********************y/o ********************Chan -fallecido padre de la parte quejosa-, perdió sus derechos vigentes como ejidatario; esto es, el día, mes y año de la asamblea celebrada para tal efecto y su fecha de inscripción ante el Registro Agrario Nacional, sin que esto signifique necesariamente que dicha autoridad tenga que resolver favorablemente a los intereses del solicitante, pues sólo implica dar una contestación congruente con lo solicitado; o bien, exponer razones pormenorizadas por las que no se pueda proporcionar la información solicitada." En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe que, en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se les conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 84/2023 suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, con el que informa que ya obra la sentencia dictada la cual es consultable de manera electrónica con el número 195/2023-II del índice del citado Juzgado Auxiliar. Por lo tanto, gírese atento oficio a las autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, con copia de la sentencia de mérito, para los efectos legales correspondientes. De igual forma notifíquese personalmente la sentencia de mérito a las partes del presente juicio de amparo, así como el contenido del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Se notifica por lista de estrados a la parte tercera interesada, la sentencia de mérito: XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 309/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, promovido por ******, contra el acto del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, ******, formuló ampliación de demanda en el diverso juicio de amparo 13/2023, del índice de dicho órgano jurisdiccional, respecto de la autoridad y acto siguientes: "V.- AUTORIDAD RESPONSABLE C. Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en la localidad de Progreso, Yucatán. IV.- ACTO RECLAMADO. - La sentencia interlocutoria que resuelve el recurso de revocación, dictada en el interdicto de obra nueva radicado en el expediente ****/2022 emitida por la responsable C. Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil veintidós, publicada en el Diario Oficial del Estado en fecha trece de enero de dos mil veintitrés. (Se adjunta publicación de la página 115 del Diario Oficial del Estado, como anexo 1.)" SEGUNDO. En acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictado en el diverso juicio de amparo 13/2023, del índice del juzgado auxiliado, promovido también por el aquí quejoso, se determinó que no había lugar a tener por ampliada la demanda y ordenó remitir dicho escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le diera trámite como demanda inicial. (.) QUINTO. A pesar de la certeza del acto reclamado y oportunidad de la presentación de la demanda, no se analizarán los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, toda vez que se advierte que en la especie se actualiza una causa de improcedencia que impide analizar el fondo de las cuestiones controvertidas, lo cual debe analizarse preferentemente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo1 y en la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización a continuación se transcriben: "Registro No. 394770. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte TCC. Página: 553. Tesis: 814. Jurisprudencia. Materia(s): Común. IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, este órgano jurisdiccional federal advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues las constancias que conforman el sumario constitucional ponen de manifiesto que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los dos últimos interpretados en sentido contrario, los cuales son del tenor siguiente: Ley de amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" Del precepto legal reproducido en primer lugar, se advierte la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia distinta de las establecidas en las diversas fracciones del numeral 61, de manera tal que permite que se decrete la improcedencia constitucional, con apoyo legal o jurisprudencial. Mientras que de los dos últimos preceptos legales transcritos se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos emitidos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; lo que implica que el juicio constitucional será improcedente contra actos ocurridos en juicio que no tengan dicha característica. Lo anterior evidencia que la intención del legislador es que no se entorpezcan los procedimientos jurisdiccionales, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, por lo que, éste sólo es procedente contra aquellos actos emitidos dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior es así, pues -como lo señaló el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014- a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, se establece el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, en la cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La jurisprudencia aludida con los datos de identificación, rubro y texto, que a continuación se transcriben: "Época: Décima Época. Registro: 2006589. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 37/2014 (10a.). Página: 39. PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) (.) Ahora bien, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en comento, se considera necesario destacar los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Por escrito de once de julio de dos mil veintidós (página 1 del tomo de pruebas), el ahora quejoso ***** interpuso recurso de revocación en el expediente ****/2022, relativo al juicio interdicto de obra nueva, promovido por dicho impetrante, en contra de los ahora terceros interesados *** Sociedad Anónima de Capital Variable y *****, contra el acuerdo de uno de julio anterior, en la parte en la que se negó su petición de ordenar la demolición de la obra afecta a ese expediente a costa de su dueño. 2. En acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós (páginas 19 y 20 ídem), se admitió a trámite dicho medio ordinario de impugnación. 3. En resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós (páginas 47 a 51 ibídem), se declaró improcedente el recurso en mención y se confirmó el acuerdo recurrido, en la parte impugnada. (.) En esa tesitura, se considera que el mencionado acto reclamado no produce efectos de imposible reparación, en virtud de que no afecta algún derecho sustantivo, dado que lo resuelto en la resolución reclamada no impide la prosecución del juicio en lo principal, pues únicamente se estableció que no es el momento oportuno para ordenar la demolición del bien inmueble pues corresponde al fondo del asunto, lo cual al momento de resolverse podría resultar favorable o no para el quejoso; de manera que la afectación que se reclama únicamente podría ocasionar una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo que se dicte, lo que evidencia que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidieran el ejercicio de algún derecho y, por ende, no producen alguna afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. De modo que será hasta que la autoridad jurisdiccional emita la resolución correspondiente, respecto de la procedencia de la demolición del inmueble, y sólo en caso de que ésta no resulte favorable, es cuando el impetrante podrá inconformarse haciendo valer las violaciones procesales, formales o de fondo que estime conducentes, derivadas de los actos reclamados. En ese contexto, al quedar acreditada la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los dos últimos interpretados en sentido contrario, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia3 . Al resultar improcedente la acción de amparo y ante el sobreseimiento decretado, no es posible realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular se aplica la jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización siguientes: "Registro No. 214593. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 70, Octubre de 1993. Página: 57. Tesis: II.3o. J/58. Jurisprudencia. Materia(s): Común. SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), instada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "Época: Décima Época. Registro: 2005917. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.). Página: 325. DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. (.) Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "Época: Décima Época. Registro: 2002359. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCLXXVI/2012 (10a.). Página: 530. PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO (.) Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, cuyos rubro, texto y datos de localización expresan: "Época: Décima Época. Registro: 2002179. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. LXXXII/2012 (10a.). Página: 1587. PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. (.) Finalmente, cabe precisar, que los criterios citados a lo largo de esta ejecutoria son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la Ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. SEXTO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto no hayan causado estado, señalada en términos de los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. (.) SÉPTIMO. Toda vez que se ha dictado la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto 309/2023, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, infórmese por oficio a la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de esta Región, para que realice las anotaciones correspondientes; finalmente, como se señaló en el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en atención al Punto de Acuerdo 19/2021 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 195/2023-II de este juzgado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en el artículos 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 309/2023, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, promovido por ****** contra el acto reclamado y autoridad responsable que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Queda esta sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta sentencia. TERCERO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 195/2023-II de este juzgado. Cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio remitido vía electrónica por el Coordinador de lo Contencioso Administrativo y Judicial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad Coordinadora de la Secretaría antes citada, en atención al requerimiento formulado en auto de dieciséis de marzo del año actual, y comunica en atención a lo solicitado que la denominación correcta de su área es "UNIDAD COORDINADORA DE ASUNTOS JURÍDICOS". Ahora bien, destaca que previo a la reforma del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vigente publicada en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de julio de dos mil veintidós, contaba con atribulaciones para resolver los recursos de revisión administrativos, y dicha facultad se trasladó a la "UNIDAD COORDINADORA DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL.", siendo esta autoridad la encargada de resolver dichos recursos de revisión. Ahora bien, del análisis de lo informado por la autoridad en cita, se le previene a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, manifieste si desea ampliar su demanda de amparo respecto a la autoridad de mérito. En el entendido que de ser afirmativa su respuesta, deberá presentar el escrito correspondiente cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.A. J/48 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009, visible a página 1728, del rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." Apercibido que de no cumplir con dicha prevención, dentro del término indicado, se resolverá el presente juicio, respecto de las autoridades y por el acto señalado inicialmente en su escrito de demanda y conforme a las constancias que obren en autos. En tal virtud, para dar margen a que se cumpla con lo anterior, de conformidad con lo establecido en el citado numeral, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Lo anterior, se fija en atención a que el Juzgado requerido tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de este Juzgado y la carga de trabajo del presente órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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