José Enrique Ortíz Vega
Expediente 1725/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1725/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- José Enrique Ortíz Vega
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este Juzgado Federal el siete de agosto de este año, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, en la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************. En relación con lo anterior, por acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, se dio vista a las partes quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que hubiera manifestado nada al respecto. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en mención y este Órgano Jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo, el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, contra actos reclamados al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, para el efecto de que: ".SÉPTIMO. Decisión y efectos de la protección. Al haber resultado fundados los conceptos de violación examinados y a fin de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa la forma en que las autoridades responsables deberán proceder: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no deberán restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones. (.) 2. Para que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, así como el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, en el respectivo ámbito de sus funciones, realicen las gestiones necesarias y devuelvan a la peticionaria de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales; debiendo abarcar sólo hasta el periodo anterior a tres años, contados a partir de que se presentó la demanda de amparo; por tanto, el periodo de devolución abarca del diecinueve de julio de dos mil dieciséis al diecinueve de julio de dos mil diecinueve, ello de conformidad a lo establecido en el arábigo 18 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el quejoso haya obtenido su dictamen de pensión por jubilación a partir del dieciséis de enero de dos mil quince, toda vez que tratándose de pensiones u otras prestaciones a cargo del Fondo, que no se reclamen dentro de los tres años siguientes a que fueran exigibles, prescribirán a favor del Fondo. Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector. (.) Es preciso señalar que el reintegro de la cantidad pagada por concepto del acto de aplicación de la normatividad declarada inconstitucional deberá verificarse por conducto de cualquier autoridad facultada para ello, aunque no haya sido señalada como responsable conforme lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo; lo cual se corrobora además con el contenido de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Resolución que causó ejecutoria el veinticinco de febrero de dos mil veinte. De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos 11, fracción II, 13 y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que no le fueran aplicados en el presente y ni en el futuro; hecho que implicaba que no se debía restar o retener monto alguno que debiera destinarse al fondo de pensiones; y B). - Devolver al peticionario de amparo las cantidades que le fueron descontadas desde la fecha en que se le otorgó su pensión, por el "concepto 53" (fondo de pensiones). Ante ello, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, exhibió el acuse de recibo del oficio dirigido al aquí quejoso ********************, en el cual se le hace saber que se ha desincorporado de su esfera jurídica los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, mismo que le fue notificado por conducto de su autorizada. Posteriormente, en proveído de diez de agosto de dos mil veinte, se tuvo al citado funcionario informando que se había depositado a la cuenta bancaria del referido agraviado, la cantidad generada con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto fondo de pensiones, y para acreditarlo remitió copia certificada del comprobante de la operación de transferencias interbancarias. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales y derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Finalmente, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte se negó y por otra se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio 1310/2019, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual, remite testimonio certificado de la ejecutoria de doce de diciembre de dos mil diecinueve, emitida dentro de la queja administrativa 346/2019, relativa al juicio de garantías 1725/2019, así como un legajo certificado de las constancias integrantes del sumario de previa cita. Ahora bien, de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de mérito, se advierte que declaró infundado el medio de impugnación de que se trata y confirmó el auto recurrido que admitió a trámite la demanda de amparo incoada dentro del presente sumario constitucional 1725/2019. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena la reanudación del procedimiento del juicio en que se actúa, a fin de continuar con la secuela procesal correspondiente, para lo cual se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional correspondiente y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. La anterior determinación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.
- Incidental
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Jefa del Departamento de Comercialización e Ingresos del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, con sede en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexos, así como con el diverso presentado en la oficialía de partes en este juzgado el veintiuno de junio del año en curso (fojas 170-174), a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el quejoso *********, a través del cual interpone recurso de inconformidad en contra del proveído de doce de agosto del año en curso (fojas 185 a 187), mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, con fundamento en los artículos 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo, sin decidir sobre la admisión del citado recurso, una vez notificadas las partes, remítase el original del libelo de agravios, así como los autos del juicio de amparo 2360/2018, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que provea lo conducente. Lo anterior, no obstante lo establecido en el precepto 203 de la Ley de la Materia, ya que mediante instrumento normativo de nueve de septiembre de dos mil trece, se modificaron los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo y décimo tercero, párrafo segundo y se delegó competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito, para conocer de los recursos de inconformidad interpuestos en términos de lo previsto en las fracciones I y III del citado dispositivo 201 de la Ley en comento, es decir, los que procedan contra las resoluciones que en amparo indirecto tengan por cumplida la ejecutoria de amparo y las que declaren sin materia o infundada una denuncia de repetición del acto reclamado. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE.
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