Jose Enrique Ortiz Rodriguez
Expediente 820/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Enrique Ortiz Rodriguez
Actuaciones
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- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE ESTA FECHA MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: an Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y considerando que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El diecisiete de agosto del año en curso, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: (..) Posteriormente, el seis de septiembre siguiente, causó ejecutoria el fallo constitucional; y, en ese sentido, se requirió a la autoridad responsable, por el cumplimiento del mismo. , en acatamiento a lo anterior, mediante oficio y anexo remitidos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, recibidos en este juzgado el trece de septiembre del año en curso, informó que el ocho de los referidos mes y año, se llevó a cabo la audiencia para desahogo de pruebas dentro del expediente laboral 08725/2020/8 e incluso, se fijó nueva fecha para continuar con el desahogo de los medios de convicción dentro del término legal; remitiendo para tal efecto copia certificada de la audiencia respectiva; a la cual se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de un documento oficial expedido por funcionarias públicas, en ejercicio de sus funciones. En ese orden de ideas, es indiscutible que se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. Al respecto cabe citar, la jurisprudencia 2a. CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del libro 1 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, diciembre de 2013, Décima Época del rubro y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). (...) En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del presente asunto, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y considerando que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El diecisiete de agosto del año en curso, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: (..) Posteriormente, el seis de septiembre siguiente, causó ejecutoria el fallo constitucional; y, en ese sentido, se requirió a la autoridad responsable, por el cumplimiento del mismo. , en acatamiento a lo anterior, mediante oficio y anexo remitidos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, recibidos en este juzgado el trece de septiembre del año en curso, informó que el ocho de los referidos mes y año, se llevó a cabo la audiencia para desahogo de pruebas dentro del expediente laboral 08725/2020/8 e incluso, se fijó nueva fecha para continuar con el desahogo de los medios de convicción dentro del término legal; remitiendo para tal efecto copia certificada de la audiencia respectiva; a la cual se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de un documento oficial expedido por funcionarias públicas, en ejercicio de sus funciones. En ese orden de ideas, es indiscutible que se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. Al respecto cabe citar, la jurisprudencia 2a. CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del libro 1 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, diciembre de 2013, Décima Época del rubro y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). (...) En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del presente asunto, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y de su anexo dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba la notificación del presente auto, informe a este juzgado el cumplimiento que haya dado a la sentencia; apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por último, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la Junta responsable, las constancias que se exhibió en este asunto. Notifíquese.
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