José Enrique Olguín Gabiña

Expediente 768/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
768/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
07/07/2017

Partes del expediente

  • José Enrique Olguín Gabiña

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE NO SE INTERPUSO RECURSO EN CONTRA DEL AUTO EN EL CUAL SE TUVO POR DESECHADA LA DEMANDA DE AMPARO, POR LO QUE SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO... SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO, SE ESTABLECE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL... ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR LO QUE SE FIJA FECHA PROBABLE PARA SU DESTRUCCIÓN...SE ESTABLECE FECHA PARA LA TRANSFERENCIA A LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TOLUCA...

  2. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO DE VEINTE DEL MES Y AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Tijuana, Baja California, veinte de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por José Enrique Olguín Gabiña; mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en cinco de junio de dos mil diecisiete. Ahora, de un análisis conjunto de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se aprecia que la parte quejosa reclama esencialmente la aplicación de los artículos 75 BIS B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, y 150-154 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, que establecen el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y las bases para calcularlo; contribución que fue calculada y enterada por el Notario Público Número Once, de esta ciudad, al adquirir el inmueble identificado como lote de terreno número diecisiete, manzana ochenta y tres, antes tres, del fraccionamiento Contreras, en esta ciudad, incluyendo sus construcciones destinadas a casa habitación, tal como se advierte de la escritura veintisiete mil setecientos veintiuno, pasada ante la fe del notario antes citado, de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se protocolizó la adjudicación de bienes a favor de José Enrique Olguín Gabiña. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dado que el término de quince días, con el que contaba el quejoso para presentar la demanda de amparo, trascurrió con exceso, como se expondrá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]." Bajo esa tesitura, la causa de improcedencia contenida en el artículo antes transcrito, descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el amparo dentro de los plazos que la propia ley señala. Además, cabe precisar que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen el término de quince días como regla general para la presentación de la demanda de derechos fundamentales, contados a partir del día siguiente a aquél en que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sin que el presente asunto, se encuentre dentro de las excepciones que contempla el citado precepto 17 de la ley en comento, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por su parte, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se precisa que el plazo para promover el juicio de amparo se computará desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento, o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama, salvo el caso de una norma general autoaplicativa, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Bajo esa óptica, si bien la parte quejosa insiste en señalar que el veinticuatro de mayo del año en curso, se hizo sabedora que a través del juicio de amparo podía impugnar la inconstitucionalidad del acto reclamado - aplicación de los artículos 75 BIS B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, y 150-154 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California -; también expresa bajo protesta de decir verdad que con motivo de la adjudicación de la propiedad del inmueble identificado como lote de terreno número diecisiete, manzana ochenta y tres, antes tres, del fraccionamiento Contreras, en esta ciudad, incluyendo sus construcciones destinadas a casa habitación, elevada a escritura pública 27,721 (veintisiete mil setecientos veintiuno), volumen 1,100 (mil cien), el siete de diciembre de dos mil dieciséis, se pagó y calculó a través del Notario Público Número Once de esta municipalidad, el impuesto sobre la adquisición bienes inmuebles -el cual tilda de inconstitucional-. De lo anterior, se concluye que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto de aplicación de las normas reclamadas el siete de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en la que se hizo sabedora que se le aplicaría el impuesto que en esta vía pretende combatir. Por lo que el término de quince días que la ley concede para promover la demanda de amparo transcurrió del ocho al veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, y el escrito de demanda lo presentó el dos de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, advirtiéndose claramente que transcurrió en exceso el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial PC.XXII. J/5 A (10a.), del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1062, febrero de 2016, libro 27, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto versan: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD. De los artículos 19, 22, fracciones I y XIII, 35, 37 y 96, fracción VIII, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se advierte que el sistema impositivo se rige por el principio de autodeterminación, pues el sujeto pasivo de la obligación tributaria espontánea y voluntariamente, la determina en cantidad líquida y la cumple; principio del que participan las contribuciones que, por disposición legal, deben ser retenidas por un notario público, en tanto que el sujeto pasivo de los tributos es quien eroga los pagos correspondientes, aun cuando sea el notario quien retiene y, directamente, realiza el entero respectivo, como auxiliar del fisco estatal y responsable solidario de la obligación tributaria, en términos del artículo 8 de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro. Ello, porque la responsabilidad solidaria de referencia constituye una obligación accesoria a la principal que ostenta el sujeto pasivo del tributo; de ahí que no debe entenderse que el notario retenedor lo sustituye, sino que el sujeto pasivo continúa como titular de la obligación derivada de la realización del hecho imponible; mientras que en el notario sólo recae la obligación de auxiliar al fisco en la efectividad del entero de los tributos. Así, el recibo de pago de contribuciones que, por disposición legal, debe retener el notario público, atento al principio de autodeterminación, es suficiente para afirmar que el sujeto pasivo del tributo realizó el pago respectivo y, por ende, que desde la fecha que consigna, tuvo conocimiento de la aplicación, en su perjuicio, de las leyes tributarias que reclama; circunstancia que provoca que, por regla general, sea eficaz para establecer la fecha de conocimiento del acto de aplicación y por ende, para iniciar el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo contra dichas normas; sin que sea necesario que contenga el fundamento del cobro de las contribuciones, debido a que no constituye un acto unilateral a través del cual, la autoridad ejecute, cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, pues simplemente acredita el cumplimiento de un deber impositivo por parte del contribuyente. Entonces, cuando la quejosa exprese que tuvo conocimiento de la aplicación de las normas cuestionadas en una fecha posterior a la consignada en el recibo de pago de contribuciones, le corresponde la carga procesal de acreditar, fehacientemente, la afirmación de que se coloca en un supuesto de excepción, en atención al principio de distribución probatoria, derivado del artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano por extemporánea la demanda de amparo promovida por José Enrique Olguín Gabiña. Notifíquese personalmente...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  3. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO DE CINCO DEL MES Y AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Tijuana, Baja California, cinco de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve José Enrique Olguín Gabiña, de propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 31, fracción IV, y 133 constitucionales; por lo tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 768/2017-D. Prevención En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, previamente a acordar lo relativo a su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, aclare su demanda con relación a lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado - aplicación y ejecución de los artículos 75 BIS B y 150-154 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California-; lo anterior, no obstante de haber señalado como tal, el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, pues el promovente refiere que en esa data únicamente se hizo sabedor que a través del juicio de amparo podía impugnar la inconstitucionalidad de dichos dispositivos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.161/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1079, febrero de 2014, tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." En el entendido que, conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, las personas que afirmen hechos falsos ante la autoridad judicial incurren en la comisión de un delito. Lo que deberá ser expuesto directamente por el promovente, por ser un acto personalísimo y que sólo a él le corresponde. En el entendido que tendrá que exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Se apercibe al promovente de amparo que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término y condiciones señalados, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, de conformidad con el citado numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a David Alberto Herrero Medina, Joaquín Alberto Herrero Medina y Claudia Yuriria Martín Hernández, así como domicilio para tal efecto el que señala en su escrito de cuenta. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, en atención al acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al promovente...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

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