José Enrique Martínez Robledo

Expediente 104/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 28 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
104/2016
Año
2016
Actuaciones
28
Última actuación
04/07/2016

Partes del expediente

  • José Enrique Martínez Robledo
  • Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro
  • JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ ROBLEDO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta; se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en proveído de veintiuno de junio último, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en autos. En principio debe precisarse que por sentencia de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.] En las condiciones apuntadas, se concede el amparo el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable: a) Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veinticuatro de diciembre de dos mil quince y, en su lugar, emita una nueva resolución, en la que prescinda de tener por acreditada la calificativa consistente en que el inculpado tiene un vínculo de parentesco con la pasivo, sin perjuicio de que se pueda actualizar alguna otra hipótesis de las previstas en el inciso b), fracción II, del artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; según la consignación relativa. b) En relación con la probable responsabilidad, excluya de su valoración la declaración ministerial del quejoso de siete de septiembre de dos mil quince, al existir indicios que hacen presumible que fue obtenida de manera ilegal; valore debidamente los testimonios de la concubina del indiciado Adriana Pérez Soto, y de la ofendida Claudia Torres Alfaro, otorgándoles el valor probatorio que estime conducente, señalando qué desprende de cada uno de ellos en relación con haber puesto una condición culpable para la realización del delito de secuestro consistente en que el aquí quejoso José Enrique Martínez Robledo, fue la persona que permitió el acceso a su domicilio abriendo la puerta principal para que ingresaran sus coparticipes y posteriormente llamó a la puerta de la habitación en la que se encontraba Claudia Torres Alfaro, a la postre pasiva, a fin de concretar la privación de su libertad; según la consignación relativa. [.]" -Folio 168 vuelta a 169-. Por auto de catorce de junio del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable, diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. -foja 181- LINEAMIENTOS DE LA SENTENCIA ACTOS REALIZADOS EN CUMPLIMIENTO a) Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veinticuatro de diciembre de dos mil quince y, en su lugar, emita una nueva resolución, en la que prescinda de tener por acreditada la calificativa consistente en que el inculpado tiene un vínculo de parentesco con la pasivo, sin perjuicio de que se pueda actualizar alguna otra hipótesis de las previstas en el inciso b), fracción II, del artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; según la consignación relativa. b) En relación con la probable responsabilidad, excluya de su valoración la declaración ministerial del quejoso de siete de septiembre de dos mil quince, al existir indicios que hacen presumible que fue obtenida de manera ilegal; valore debidamente los testimonios de la concubina del indiciado Adriana Pérez Soto, y de la ofendida Claudia Torres Alfaro, otorgándoles el valor probatorio que estime conducente, señalando qué desprende de cada uno de ellos en relación con haber puesto una condición culpable para la realización del delito de secuestro consistente en que el aquí quejoso José Enrique Martínez Robledo, fue la persona que permitió el acceso a su domicilio abriendo la puerta principal para que ingresaran sus coparticipes y posteriormente llamó a la puerta de la habitación en la que se encontraba Claudia Torres Alfaro, a la postre pasiva, a fin de concretar la privación de su libertad; según la consignación relativa. La Juez Octavo de Primera Instancia Penal en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro, mediante resolución de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, dejó insubsistente la diversa resolución reclamada de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, asimismo, no tuvo por acreditada la calificativa consistente en que el inculpado tiene un vínculo de parentesco con la pasivo, además, de forma implícita, no advirtió la actualización de alguna otra hipótesis prevista en el inciso b), fracción II, del artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se observa de la siguiente transcripción. [.] Finalmente y por cuanto ve a la agravante consistente en que el o los autores tengas vínculos de parentesco con la víctima, contemplada en el artículo 10, fracción II, inciso b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, no se encuentra acreditada [..] En relación con este aspecto, la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Penal en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro, no tomó en cuenta la declaración ministerial del quejoso de siete de septiembre de dos mil quince, sin embargo, valoró los testimonios de la concubina del indiciado Adriana Pérez Soto, y de la ofendida Claudia Torres Alfaro, otorgándoles valor probatorio de indicio en lo individual y pleno en conjunto con el resto de las pruebas, y señaló que de ellos desprendió la condición de culpable para la realización del delito de secuestro consistente en que el aquí quejoso José Enrique Martínez Robledo fue la persona que permitió el acceso a su domicilio abriendo la puerta principal para que ingresaran sus coparticipes y posteriormente llamó a la puerta de la habitación en la que se encontraba Claudia Torres Alfaro, a fin de concretar la privación de su libertad, tal y como se desprende de la transcripción siguiente. [.] CLAUDIA TORRES ALFARO, quien en lo que interesa destacó ante la autoridad investigadora: (.) Declaración a la cual se le reitera el valor probatorio de indicio en lo individual y pleno, ante la conjunción y enlace con los demás medios de prueba como se demostrará líneas subsecuentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 208, 209, 210 y 215 del Código de Procedimientos Penales, al ser rendido por la persona que directamente resintió la conducta. (.) Así también, se tiene la declaración de la concubina del activo Adriana Pérez Soto, de 09 nueve de septiembre de 2015, quien en lo que interesa manifestó: (.) Medio de prueba, que merece valor probatorio de indicio en lo individual y pleno al concatenarse con el resto del acervo probatorio, en términos de los artículos 208, 209, 210 y 215 del Código de Procedimientos Penales. (.) Luego entonces en esta tesitura, al realizar la concatenación lógica y jurídica de los medios de convicción aportados en la indagatoria, en su conjunto hacen prueba plena de conformidad con los artículos 208, 209 y 210 del Código de Procedimientos Penales en vigor, con los cuales se encuentran datos suficientes para establecer no solo su probable responsabilidad de JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ ROBLEDO ALIAS PEPE Y/O WASHA WASHA Y/O EL GÜERO, sino además la participación que tuvo en el ilícito que se ha tenido por demostrado, ya que fue este quien puso una condición culpable para su realización del delito, al ser dicha persona quien coparticipó con otros sujetos, para lograr la privación de la libertad de la ofendida y así que aquellos obtuvieran un rescate, ya que el imputado fue la persona que siendo aproximadamente las 02:00 (dos horas) del día domingo 12 (doce) de julio de 2015 (dos mil quince), permitió el acceso a su domicilio ubicado en calle Regules, número 13 (trece), colonia centro, en esta ciudad, abriéndola puerta principal para que ingresaran sus coparticipes y posteriormente haber llamado a la puerta de la habitación en la que se encontraba Claudia Torres Alfaro, a la postre pasiva, a fin de concretar la privación de su libertad. [.] Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de motivación. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes quejosa y tercero interesada el contenido de este proveído; y, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...IV

  2. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 06/07/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 04/07/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Visto lo de cuenta; se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en proveído de veintiuno de junio último, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en autos. En principio debe precisarse que por sentencia de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.] En las condiciones apuntadas, se concede el amparo el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable: a) Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veinticuatro de diciembre de dos mil quince y, en su lugar, emita una nueva resolución, en la que prescinda de tener por acreditada la calificativa consistente en que el inculpado tiene un vínculo de parentesco con la pasivo, sin perjuicio de que se pueda actualizar alguna otra hipótesis de las previstas en el inciso b), fracción II, del artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; según la consignación relativa. b) En relación con la probable responsabilidad, excluya de su valoración la declaración ministerial del quejoso de siete de septiembre de dos mil quince, al existir indicios que hacen presumible que fue obtenida de manera ilegal; valore debidamente los testimonios de la concubina del indiciado Adriana Pérez Soto, y de la ofendida Claudia Torres Alfaro, otorgándoles el valor probatorio que estime conducente, señalando qué desprende de cada uno de ellos en relación con haber puesto una condición culpable para la realización del delito de secuestro consistente en que el aquí quejoso José Enrique Martínez Robledo, fue la persona que permitió el acceso a su domicilio abriendo la puerta principal para que ingresaran sus coparticipes y posteriormente llamó a la puerta de la habitación en la que se encontraba Claudia Torres Alfaro, a la postre pasiva, a fin de concretar la privación de su libertad; según la consignación relativa. [.]" -Folio 168 vuelta a 169-. Por auto de catorce de junio del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable, diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. -foja 181- LINEAMIENTOS DE LA SENTENCIA ACTOS REALIZADOS EN CUMPLIMIENTO a) Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veinticuatro de diciembre de dos mil quince y, en su lugar, emita una nueva resolución, en la que prescinda de tener por acreditada la calificativa consistente en que el inculpado tiene un vínculo de parentesco con la pasivo, sin perjuicio de que se pueda actualizar alguna otra hipótesis de las previstas en el inciso b), fracción II, del artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; según la consignación relativa. b) En relación con la probable responsabilidad, excluya de su valoración la declaración ministerial del quejoso de siete de septiembre de dos mil quince, al existir indicios que hacen presumible que fue obtenida de manera ilegal; valore debidamente los testimonios de la concubina del indiciado Adriana Pérez Soto, y de la ofendida Claudia Torres Alfaro, otorgándoles el valor probatorio que estime conducente, señalando qué desprende de cada uno de ellos en relación con haber puesto una condición culpable para la realización del delito de secuestro consistente en que el aquí quejoso José Enrique Martínez Robledo, fue la persona que permitió el acceso a su domicilio abriendo la puerta principal para que ingresaran sus coparticipes y posteriormente llamó a la puerta de la habitación en la que se encontraba Claudia Torres Alfaro, a la postre pasiva, a fin de concretar la privación de su libertad; según la consignación relativa. La Juez Octavo de Primera Instancia Penal en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro, mediante resolución de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, dejó insubsistente la diversa resolución reclamada de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, asimismo, no tuvo por acreditada la calificativa consistente en que el inculpado tiene un vínculo de parentesco con la pasivo, además, de forma implícita, no advirtió la actualización de alguna otra hipótesis prevista en el inciso b), fracción II, del artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se observa de la siguiente transcripción. [.] Finalmente y por cuanto ve a la agravante consistente en que el o los autores tengas vínculos de parentesco con la víctima, contemplada en el artículo 10, fracción II, inciso b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, no se encuentra acreditada [..] En relación con este aspecto, la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Penal en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro, no tomó en cuenta la declaración ministerial del quejoso de siete de septiembre de dos mil quince, sin embargo, valoró los testimonios de la concubina del indiciado Adriana Pérez Soto, y de la ofendida Claudia Torres Alfaro, otorgándoles valor probatorio de indicio en lo individual y pleno en conjunto con el resto de las pruebas, y señaló que de ellos desprendió la condición de culpable para la realización del delito de secuestro consistente en que el aquí quejoso José Enrique Martínez Robledo fue la persona que permitió el acceso a su domicilio abriendo la puerta principal para que ingresaran sus coparticipes y posteriormente llamó a la puerta de la habitación en la que se encontraba Claudia Torres Alfaro, a fin de concretar la privación de su libertad, tal y como se desprende de la transcripción siguiente. [.] CLAUDIA TORRES ALFARO, quien en lo que interesa destacó ante la autoridad investigadora: (.) Declaración a la cual se le reitera el valor probatorio de indicio en lo individual y pleno, ante la conjunción y enlace con los demás medios de prueba como se demostrará líneas subsecuentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 208, 209, 210 y 215 del Código de Procedimientos Penales, al ser rendido por la persona que directamente resintió la conducta. (.) Así también, se tiene la declaración de la concubina del activo Adriana Pérez Soto, de 09 nueve de septiembre de 2015, quien en lo que interesa manifestó: (.) Medio de prueba, que merece valor probatorio de indicio en lo individual y pleno al concatenarse con el resto del acervo probatorio, en términos de los artículos 208, 209, 210 y 215 del Código de Procedimientos Penales. (.) Luego entonces en esta tesitura, al realizar la concatenación lógica y jurídica de los medios de convicción aportados en la indagatoria, en su conjunto hacen prueba plena de conformidad con los artículos 208, 209 y 210 del Código de Procedimientos Penales en vigor, con los cuales se encuentran datos suficientes para establecer no solo su probable responsabilidad de JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ ROBLEDO ALIAS PEPE Y/O WASHA WASHA Y/O EL GÜERO, sino además la participación que tuvo en el ilícito que se ha tenido por demostrado, ya que fue este quien puso una condición culpable para su realización del delito, al ser dicha persona quien coparticipó con otros sujetos, para lograr la privación de la libertad de la ofendida y así que aquellos obtuvieran un rescate, ya que el imputado fue la persona que siendo aproximadamente las 02:00 (dos horas) del día domingo 12 (doce) de julio de 2015 (dos mil quince), permitió el acceso a su domicilio ubicado en calle Regules, número 13 (trece), colonia centro, en esta ciudad, abriéndola puerta principal para que ingresaran sus coparticipes y posteriormente haber llamado a la puerta de la habitación en la que se encontraba Claudia Torres Alfaro, a la postre pasiva, a fin de concretar la privación de su libertad. [.] Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de motivación. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes quejosa y tercero interesada el contenido de este proveído; y, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...IV

  3. Principal

    Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez Octavo de Primera Instancia Penal en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro, al que anexa copia certificada de la resolución de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 210/2015, de cuyo contenido se desprende que la autoridad responsable dejó insubsistente la diversa resolución reclamada de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, y en su lugar dictó una nueva en los términos que fueron indicados en la ejecutoria de amparo. En esa virtud, con fundamento en el artículo 196, en relación con la última parte del primer párrafo, de la fracción IV, del diverso 5° de la Ley de Amparo vigente, con copia de las aludidas constancias dése vista por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este auto, a las partes quejosa y tercero interesada, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación en el plazo indicado, este Tribunal, procederá a analizar en forma oficiosa, lo relativo al cumplimiento de la sentencia...IV

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 22/06/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 21/06/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez Octavo de Primera Instancia Penal en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro, al que anexa copia certificada de la resolución de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 210/2015, de cuyo contenido se desprende que la autoridad responsable dejó insubsistente la diversa resolución reclamada de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, y en su lugar dictó una nueva en los términos que fueron indicados en la ejecutoria de amparo. En esa virtud, con fundamento en el artículo 196, en relación con la última parte del primer párrafo, de la fracción IV, del diverso 5° de la Ley de Amparo vigente, con copia de las aludidas constancias dése vista por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este auto, a las partes quejosa y tercero interesada, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación en el plazo indicado, este Tribunal, procederá a analizar en forma oficiosa, lo relativo al cumplimiento de la sentencia...IV

Quedan 24 actuaciones en este expediente

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