José Enrique Justo Huerta

Expediente 613/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
613/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • JOSÉ ENRIQUE JUSTO HUERTA y Otros.
  • José Enrique Justo Huerta
  • LILIA EDITH TORRES ARANO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  2. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda el original del recibo oficial con número de folio F-984755, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin que se haya acordado al respecto en auto de veinticuatro de septiembre del año en curso; en tal virtud, tomando en consideración que este asunto se encuentra totalmente concluido, con apoyo en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General 1/2009, de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja a su disposición la documental de referencia, para que dentro del lapso de noventa días contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, será destruida junto con el expediente. Notifíquese personalmente....; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 613/2018; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el once de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo, José Enrique Justo Huerta y Lilia Edith Torres Arano, por su propio derecho, presentaron demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 2. Gobernador del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 3. Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 4. Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 5. Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero. 6. Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 7. Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "1.- DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO se reclama la expedición y aprobación de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, en lo relativo a sus artículos 3, fracción I, inciso b), numeral 2., 15 al 28 inciso b), 31, inciso b), y 164, así como los artículos transitorios primero y séptimo; La expedición y aprobación de los artículos 1, fracción I y V, 2, fracción XIX, 20 y 23, fracción III, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676; La expedición y aprobación del Decreto número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018. 2.- Del C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO se reclama la promulgación y publicación de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, en lo relativo a sus artículos 3, fracción I, inciso b), numeral 2., 15 al 28 inciso b), 31, inciso b), y 164, así como los artículos transitorios primero y séptimo; La promulgación y publicación de los artículos 1, fracción I y V, 2, fracción XIX, 20 y 23, fracción III, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676; La promulgación y publicación del Decreto número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018. 3.- Del C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO y C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO se reclama el refrendo de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, en lo relativo a sus artículos 3, fracción I, inciso b), numeral 2., 15 al 28 inciso b), 31, inciso b), y 164, así como los artículos transitorios primero y séptimo; El refrendo de los artículos 1, fracción I y V, 2, fracción XIX, 20 y 23, fracción III, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676; El refrendo del Decreto número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018. 4.- Del C. PRESIDENTE MUNICIPAL, C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y EL C DIRECTOR DE INGRESOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, se reclama: a).- La expedición y aplicación de las disposiciones que se contienen en la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, en lo relativo a sus artículos 3, fracción I, inciso b), numeral 2., 15 al 28 inciso b), 31, inciso b), y 164, así como los artículos transitorios primero y séptimo; constituidos por el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto adicional pro educación y asistencia social, pro caminos y certificados catastrales 5 SMD, por la traslación de dominio del inmueble (.) documentado en el recibo oficial número F-984755, de fecha veinte de junio del año dos mil dieciocho, por la cantidad de $41,741.62 (cuarenta y un mil setecientos cuarenta y un pesos 62/100 moneda nacional). b).- La aplicación de los artículos 1, fracción I y V, 2, fracción XIX, 20 y 23, fracción III, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676, constituidos por el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto adicional pro educación y asistencia social, pro caminos y certificados catastrales 5 SMD, por la traslación de dominio del inmueble (.) documentado en el recibo oficial número F-984755, de fecha veinte de junio del año dos mil dieciocho, por la cantidad de $41,741.62 (cuarenta y un mil setecientos cuarenta y un pesos 62/100 moneda nacional), legislación declarada inconstitucional, mediante jurisprudencia temática emitida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de la evidente omisión de refrendo del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, que desde luego, genera inseguridad e incertidumbre jurídica al quejoso. c).- La aplicación del decreto número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018, constituidos por el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto adicional pro educación y asistencia social, pro caminos y certificados catastrales 5 SMD, por la traslación de dominio del inmueble (.) documentado en el recibo oficial número F-984755, de fecha veinte de junio del año dos mil dieciocho, por la cantidad de $41,741.62 (cuarenta y un mil setecientos cuarenta y un pesos 62/100 moneda nacional), legislación declarada inconstitucional, mediante jurisprudencia temática emitida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de la evidente omisión de refrendo del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, que desde luego, genera inseguridad e incertidumbre jurídica al quejoso. d).- La emisión del recibo oficial, mediante el cual se cobra el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, así como impuestos adicionales y accesorios, sin que se expresen los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y que sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades lo que constituye, una violación al principio de seguridad jurídica, y sus garantías de fundamentación, motivación y exacta aplicación de la Ley, prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Trámite del juicio. Por acuerdo de trece de julio de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 613/2018, y se formuló una prevención, en cuyo desahogo el quejoso precisó que el acto reclamado al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, es la falta de refrendo de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676, específicamente en sus artículos 1, fracción I y V, 2, fracción XIX, 20 y 23, fracción III. En consecuencia, por auto de diecinueve de julio de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo en comento; se solicitó de las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclaman leyes locales con motivo de su primer acto de aplicación por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que la parte quejosa reclama: a) La aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo de: a.1).- La Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, específicamente sus artículos 3, fracción I, inciso b), numeral 2., 15 al 28 inciso b), 31, inciso b), y 164, así como los artículos transitorios primero y séptimo; a.2).- La Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676, específicamente sus artículos 1, fracción I y V, 2, fracción XIX, 20 y 23, fracción III; a.3).- El Decreto número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018. b).- La omisión de refrendar la legislación precisada en el inciso a.2) que antecede, que se reclama únicamente al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Lo anterior, con motivo del que considera su primer acto de aplicación a través del entero del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes inmuebles e impuestos accesorios, contenidos en el recibo de pago oficial con número de folio F-984755, expedido el vente de junio de dos mil dieciocho; recibo que además reclama por vicios propios. TERCERO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa en su demanda bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el día veinte de junio del año en curso; data en que dijo, le fueron aplicados los numerales que tilda de inconstitucionales con motivo de la expedición del indicado recibo F-984755, en que se contienen el pago de los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles e impuestos adicionales, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento. En tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió a la parte quejosa del veintiuno de junio al once de julio del año en curso (descontados los días veintitrés, veinticuatro y treinta de junio, así como los días uno, siete y ocho de julio del año en curso, por haber sido inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda el once de julio pasado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO.- Inexistencia del acto reclamado. El Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al rendir informe justificado por conducto del funcionario público que lo representa, negó la existencia del acto que se le reclama consistente en el refrendo y publicación de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en lo relativo a sus artículos 3, fracción I, inciso b), numeral 2., 15 al 28 inciso b), 31, inciso b), y 164, así como los artículos transitorios primero y séptimo; el refrendo de los artículos 1, fracción I y V, 2, fracción XIX, 20 y 23, fracción III, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676 y el refrendo del Decreto número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018; negativa que debe aceptarse en sus términos. En efecto, la existencia del acto reclamado debe ponderarse en función de lo que manifieste la autoridad responsable en contraste con las constancias que se alleguen al expediente, y en el caso, del contenido de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de dicha legislación, lo que constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que las citadas legislaciones no fueron refrendadas ni publicadas por la autoridad de referencia, de ahí que válidamente puede aceptarse la negativa informada sobre aquellos actos. Por otro lado, la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe con justificación negó la existencia de los actos de aplicación que se le reclaman; negativa que debe aceptarse en sus términos pues no se advierte participación alguna en la expedición del recibo F-984755, en que se contienen el pago de los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles e impuestos adicionales. En tal virtud, los actos atribuidos a las autoridades mencionadas en este considerando son inexistentes; y en consecuencia, con apoyo en lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, al Gobernador, y al Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, específicamente sus artículos 3, fracción I, inciso b), numeral 2, y 15 al 28 inciso b), 31, inciso b), y 164, así como los artículos transitorios primero y séptimo; la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676, específicamente sus artículos 1, fracción I y V, 2, fracción XIX, 20 y 23, fracción III; y el Decreto número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018. Lo anterior, porque así lo reconocieron dichas autoridades al rendir sus informes con justificación por conducto de los funcionarios públicos que los representan; máxime que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuye, por ser de naturaleza legislativa, no está sujeta a prueba, en razón de que es evidente que en ejercicio de sus respectivas atribuciones, éstas participaron en el proceso legislativo de donde emanan los preceptos legales impugnados. De igual modo, si bien, como se indicó en líneas precedentes, el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al rendir informe justificado por conducto del funcionario público que lo representa, negó la existencia de los actos precisados en el apartado anterior, no se aprecia que se haya pronunciado respecto a la falta de refrendo del decreto que contiene la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, publicada en el Periódico Oficial el tres de enero de mil novecientos ochenta y cuatro; por tanto, su negativa se desvirtúa y se tiene por cierto dicho acto, ya que consta como hecho notorio en la publicación oficial de dicho decreto que apareció en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el días tres de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, relativo a la emisión de la citada ley, que dicho funcionario público no lo hizo así, sino únicamente lo efectuó el Secretario General de Gobierno de la propia administración pública estatal guerrerense. Por otro lado, el Secretario de Administración y Finanzas y la encargada del despacho de la Dirección de Ingresos, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir su respectivo informe con justificación aceptaron que el quejoso realizó el pago de los tributos reclamados, como se materializó en el recibo número F-984755, de veinte de junio de dos mil dieciocho; documento que fue exhibido en original, y dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es tener por ciertas las conductas que se les atribuyen, específicamente por lo que ve a los actos de aplicación de las leyes en cita. SEXTO. Causales de improcedencia fundadas. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, por lo que ve a los actos reclamados al Secretario General de Gobierno consistentes en el refrendo de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho; de la Ley de Catastro Municipal número 676 y del Decreto número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018; se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que dichos actos no fueron reclamados por vicios propios. Los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" El numeral transcrito en primer término establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos, diversos a los contemplados en las demás fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; por otra parte, de conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, el refrendo del decreto promulgatorio de una ley o la publicación de ésta, serán reclamables en amparo únicamente cuando se les atribuyan vicios propios. Luego, tomando en consideración que en el presente sumario se reclamaron entre otros, el refrendo de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho; de la Ley de Catastro Municipal número 676 y del Decreto número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018, acto que se atribuye al Secretario General de Gobierno, sin que se reclamen por vicios propios, el juicio de amparo resulta improcedente; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio a su respecto, conforme a los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la ley de la materia. Luego, respecto de los artículos 3, fracción I, inciso b), numeral 2; 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, y 164 de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como los ordinales primero y séptimo transitorio de dicha legislación, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VIII, del artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, que en la parte conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que se deriva del numeral 108, fracción VIII, de la ley de la materia, que establece la obligación a cargo de todo peticionario de garantías de expresar en su demanda los conceptos de violación tendientes a controvertir la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que es éste en el que la parte promovente mediante la exposición de hechos, argumentos y razonamientos establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. Si se omite expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado aduciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas no constituyen una verdadera expresión de verdaderos conceptos de violación a que se refiere el artículo invocado, supuesto en el cual, el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede examinar la regularidad constitucional del acto reclamado, lo cual determina la improcedencia del juicio de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia. En efecto, la ausencia o falta de tales conceptos, hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se le solicita, ya que no está en posibilidad de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos que se reclaman porque se cometan o no violaciones de garantías, pues no basta que la parte quejosa en su demanda señale determinados preceptos constitucionales que estime infringidos, si no expresa en qué consiste la infracción que imperativamente debe quedar razonada en el concepto correspondiente, para que se satisfaga el requisito exigido por la citada fracción VIII del artículo 108 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si bien, la parte quejosa reclamó los actos legislativos que dieron origen a la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho en específico de sus artículos 3, fracción I, inciso b), numeral 2., 15 al 28 inciso b), 31, inciso b), y 164, así como los artículos transitorios primero y séptimo, con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el recibo de pago F-984755, y al respecto estableció que dichos ordinales son inconstitucionales esencialmente porque remiten a una diversa legislación que contiene un vicio formal; lo cierto es que en relación con los numerales 3, fracción I, inciso b), numeral 2; 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, y 164 así como los transitorios primero y séptimo, no expuso cuál es el derecho que se ve afectado por el acto de autoridad y de qué manera le agravia, mediante razonamientos o argumentos tendentes a demostrar su inconstitucionalidad, a fin de hacer patente un ataque a sus garantías individuales, dado que si bien hace manifestaciones sobre los mismos, sus razonamientos van encaminados a controvertir lo consignado en los diversos numerales 15, 16, 18, 19, 24, 28 y 31. En ese contexto, si la parte quejosa no expuso conceptos de violación en relación con los artículos 3, fracción I, inciso b), numeral 2; 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, y 164 de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como los ordinales primero y séptimo transitorio de dicha legislación, y dado que no se ubica en algún supuesto que permita suplir la queja, procede decretar el sobreseimiento en el juicio a su respecto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Por otro lado, también se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en lo que ve a la solicitante del amparo Lilia Edith Torres Arano, pues no acredita la lesión de un interés jurídicamente tutelado. Lo anterior se estima así, porque conforme a la citada hipótesis de improcedencia, la reclamación de una norma general, en la vía de amparo indirecto, presupone la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, para que así el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que le causa; de lo contrario, si dicha norma legal, por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de amparo enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal impugnada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Al particular, tiene aplicación el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 55/97, que se lee en la página 5, tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Luego, si la quejosa Lilia Edith Torres Arano, tilda de inconstitucionales los diversos preceptos legales que se precisaron en el considerando segundo de esta resolución, basta imponerse del contenido del recibo con número de folio F 984755 de veinte de junio de dos mil dieciocho para colegir que con dicha documental no demostró ser causante del impuesto de que se trata, habida cuenta que el recibo en cita fue expedido a nombre de José Enrique Justo Huerta y copropietario (COPT), sin que se hubiera allegado medio de convicción alguno que identifique a Lilia Edith Torres Arano como la copropietaria del inmueble en cuestión. En consecuencia, la quejosa de mérito no acreditó con medio de convicción alguno que le hayan sido aplicadas las disposiciones legales reclamadas que fueron reseñadas en el considerando segundo de esta resolución. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con apoyo en el artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de la quejosa Lilia Edith Torres Arano se sobresee en el presente juicio. SÉPTIMO. Causales de improcedencia infundadas. Por otro lado, las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas y la encargada del despacho de la Dirección de Ingresos, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, sostienen, además de la que fue objeto de análisis en el considerando que antecede; que en el caso también se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIII, y XXIII, del artículo 61; esta última relacionada con el diverso ordinal 108, fracciones VI y VIII, ambos de la Ley de Amparo. Sin embargo, en relación con la primera causal no vierte razonamiento alguno tendente a tratar de probar su actualización, sino que únicamente se limita a citarla, lo que no es suficiente para que este juzgado de Distrito quede obligado a efectuar un pronunciamiento al respecto, ya que es necesario que quien invoque alguna causal, exprese las razones lógico jurídicas que considere llevan de manera indudable, a la actualización de la misma, situación que no sucedió; consecuentemente, procede desestimar la causal invocada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la página 365, del Tomo XXIV, octubre de 2006, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". En relación con la segunda de las causales de improcedencia en estudio, cabe señalar que la misma ya fue atendida en líneas precedentes, advirtiéndose oficiosamente fundada respecto de los artículos 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; sin embargo, no se advierte que la parte quejosa dejara de observar en su demanda de amparo los requisitos previstos en el artículo 108, fracciones VI y VIII, de la Ley de Amparo, respecto de los restantes ordinales, pues sobre el particular se observa cuál es la causa en la que se sustenta lo pedido, y ésta la hace constar en la estrecha vinculación de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, así como del Decreto número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018; con la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, a la que se remite el sistema de causación del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y demás contribuciones accesorias, a las cuales les atribuye un vicio formal en el proceso legislativo de su creación. Esto último, la parte quejosa estima que vulnera el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV Constitucional, como se expondrá en el considerando siguiente en el que se precisen los conceptos de violación que hace valer. Al no prosperar las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, ni advertirse alguna de oficio por este órgano jurisdiccional distinta a las analizadas en líneas precedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; a continuación se analizará el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación. OCTAVO. Estudio de fondo. En este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada, analizando el fondo de la cuestión planteada, al tenor de los conceptos de violación. Así, por cuestión de orden expositivo, se procederá a abordar el primero de los motivos de disenso planteados por el quejoso. En ese sentido, en el primer concepto de violación la parte quejosa sostiene que el proceso legislativo por el que fue creada la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676, particularmente sus artículos 1, fracción I y V, 2, fracción XIX, 20 y 23, fracción III; contiene una irregularidad formal consistente en que no fue refrendada por el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con lo que se transgredió lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, y las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018; se remite a aquella legislación la base del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles reflejado en el recibo de pago con el número de folio F-984755; y por consiguiente, se violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal por haberse emitido en contravención al proceso legislativo aplicable en ese entonces, en tanto que sólo fue refrendada por el Secretario General de Gobierno, no obstante que el referido numeral 76 expresamente obligaba el refrendo de todas las leyes y decretos también del funcionario del ramo que correspondía como requisito de validez. Dicho motivo de disenso se estima infundado, por las consideraciones que a continuación se expondrán. Los artículos 1, fracciones I y V; 2, fracciones XVIII y XIX; 10, 20, 22, 23, 32 y 33 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, a letra dicen: "Artículo 1o.- Catastro, es el inventario de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado, sus acciones son de orden público e interés social y tiene por objeto: (.) I.- Registrar, controlar y mantener actualizadas las características cualitativas y cuantitativas de la propiedad raíz comprendida en la jurisdicción territorial de los municipios del Estado, para fines fiscales, estadísticos, socioeconómicos, jurídicos e históricos, y para dar el apoyo fundamental en la formulación y adecuación de planes municipales de desarrollo urbano, y planes de ordenación de zonas conurbadas. (.) V.- Realizar en general, todas las actividades que relacionadas directa o indirectamente con las anteriores, sean necesarias para el cumplimiento de la presente ley." "Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por: (.) XVIII. Valuación: el proceso de obtención del valor catastral. XIX. Valor catastral: el obtenido mediante la aplicación de los valores unitarios de terreno y construcción, a las partes correspondientes e integrantes del inmueble." "Artículo 10. El catastro del municipio se basará en la planificación, medición y avalúo de cada uno de los predios que lo integran auxiliándose en tanto éstos trabajos se ejecutan, con las manifestaciones que conforme a esta ley presenten los contribuyentes." "Artículo 20. La valuación catastral tiene por objeto asignar valores a los bienes inmuebles ubicados dentro del municipio de conformidad con la presente ley y su reglamento aprobado para tal efecto." "Artículo 22. Para determinar el valor catastral de cada predio, se aplicarán los parámetros valuatorios para el terreno y para los diferentes tipos de construcción que al efecto elabore la Dirección del Catastro y sean autorizados por el Presidente Municipal." "Artículo 23. El valor catastral de los predios determinado técnicamente, se convertirá en valor fiscal de los mismos y deberá considerar invariablemente el valor del terreno, el de las construcciones y obras de mejoramiento ó adicionales que constituyan parte integrante del inmueble; dicho valor podrá ser modificado por las autoridades competentes cuando ocurran las siguientes causas: I. Cuando el avalúo tenga más de tres años de antigüedad. II. Cuando en el predio se hagan construcciones, reconstrucciones, o ampliaciones de las construcciones ya existentes. III. Cuando parte o la totalidad del predio sea objeto de traslado de dominio u otra causa que modifique el régimen de propiedad del predio. IV. Cuando teniendo un avaluó provisional fijado de conformidad con el artículo 24 de esta ley, se le fije el valor catastral técnicamente determinado, aunque no haya transcurrido el período que alude la Fracción I de este artículo. V. Cuando los predios se fusionen o se subdividan, o sea motivo de fraccionamiento ya sea urbano o campestre. VI. Cuando se cambie el régimen de propiedad individual por el de condominio. VII. Cuando se haya cancelado una exención fiscal concedida en los términos de ley. VIII. Cuando por cualquier motivo se modifiquen las características físicas, jurídicas y económicas que afecten su valor." "Artículo 32. La valuación catastral de los predios se llevará a efecto, por el sistema de cálculo establecido por la Dirección del Catastro, la cual dictará las disposiciones administrativas y técnicas a que deberán sujetarse estos procesos." "Artículo 33. La valuación en particular de los predios rústicos y urbanos se hará con aplicación específica de las tablas y cuadros de parámetros valuatorios y unidades tipo, en la forma que determine esta ley y las normas que fije el instructivo de valuación correspondiente." Los numerales transcritos en esencia establecen la definición de lo que debe entenderse como valor catastral que servirá de base para la determinación y aplicación del diverso impuesto predial; así como el concepto de valuación catastral, aludiendo a los procesos establecidos para su cuantificación, con base en las tablas de valores unitarios de terreno y construcción previstos en la ley y su reglamento; que para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho fueron publicadas mediante decreto número 649; sin embargo, no se advierte la regularización del impuesto sobre adquisición de inmuebles que se reclama. En efecto, el artículo 18, fracción I, inciso a), de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, prevé la fórmula de cómo ha de establecerse la base del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, como se advierte de su transcripción: "Artículo 18. La base del impuesto será: I. Tratándose de bienes inmuebles: a). El valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y el valor de operación. (.)." Como se ve, la disposición normativa reproducida, señala que la base del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, será, tratándose de bienes inmuebles, el valor más alto que resulte de considerar entre: 1) el avalúo catastral, 2) el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y 3) el valor de operación. No se discute el hecho de que el precepto legal en comento, hace referencia al avalúo catastral, como un elemento susceptible de comparación, frente al avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y el valor de la operación, para establecer cuál de esos tres referentes arroja el valor más alto del inmueble objeto de la contribución a enterar, lo que será la base del tributo. Sin embargo, contrario a lo planteado por el quejoso, la sola remisión que la norma en comento hace al avalúo catastral, no lleva a considerar que de forma invariable e indefectible y en automático, se materialice la aplicación de los artículos 1, fracción I y V, 2, fracción XIX, 20 y 23, fracción III de la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676, que como se indicó establecen la mecánica de cómo se obtiene el valor catastral de los predios, así como los funcionarios que han de efectuar la valuación y revaluación catastral de los mismos, rústicos y urbanos. Es así, porque no basta el simple hecho de que el avalúo catastral participe en la fórmula que prevé el artículo 18, fracción I, inciso a), de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, para fijar la base del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, al ser objeto de comparación con el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y el valor de operación. Sino que es necesario que esté fehacientemente demostrado que la base del tributo se fijó en función al avalúo catastral, por haber reportado el valor más alto del bien inmueble objeto de la contribución, tras ser comparado con los otros dos referentes, a saber: el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado; y el valor de la operación. Lo anterior, porque es indispensable que el quejoso cumpla con su carga probatoria de demostrar que el acto de aplicación de la norma cuya inconstitucionalidad reclama, se haya materializado en su perjuicio, el cual debe ser actual, directo e inmediato, más no mediato e indirecto. Razón por la que, no es suficiente para tener por comprobado, con el recibo de pago con número de folio F-984755, de veinte de junio del año en curso, la aplicación en su perjuicio de los artículos 1, fracción I y V, 2, fracción XIX, 20 y 23, fracción III, de la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676, ya que el simple hecho de que el artículo 18, fracción I, inciso a), de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, contemple la fórmula para fijar la base del tributo, en el sentido de que habrá de hacer la comparación de los tres referentes que indica, a saber: 1) el avalúo catastral, 2) el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y 3) el valor de operación, y se tomará en cuenta como base de la contribución, el que establezca el valor más alto del bien inmueble objeto del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. Lo anterior porque ello representa tan sólo un perjuicio mediato e indirecto, cuando lo que se requiere es que sea inmediato y directo, lo que implica tener la certeza de que fue el avalúo catastral el que arrojó el valor más alto del bien inmueble objeto del tributo, y el que se tomó en cuenta para fijar la base de la contribución, carga probatoria que no cumplió la parte quejosa en autos del juicio de amparo; de ahí que se estime infundado su concepto de violación. Máxime que en el recibo oficial de pago exhibido no se advierte que se hayan citado los indicados preceptos de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676, por lo cual, no está demostrado que la base del tributo se haya fijado en función al avalúo catastral, mencionado en la fórmula que se indica en el artículo 18, fracción I, inciso a), de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, como fundamento legal en los recibos oficiales. Por lo tanto, la documental en estudio es insuficiente para comprobar, de manera fehaciente, la aplicación de los numerales 1, fracción I y V, 2, fracción XIX, 20 y 23, fracción III de la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676, y por consiguiente su inconstitucionalidad, al haber recibido la autoridad recaudadora su pago, con motivo de la autoliquidación que se hizo al promovente del amparo, dado que, sin haber de por medio algún requerimiento de determinada autoridad fiscalizadora municipal, enteró el monto de las contribuciones consignadas en los recibos oficiales, los cuales fueron expedidos a su favor como comprobantes de pago. De tal modo que correspondía a la parte quejosa demostrar que al hacérsele la liquidación del Impuesto sobre adquisición de Inmuebles, se desarrolló la fórmula establecida en el artículo 18, antes citado, y que derivado de ello, se efectuó la comparación de los tres referentes que enuncia esa disposición normativa, a saber: 1) el avalúo catastral, 2) el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y 3) el valor de operación; y que el primero fue el que arrojó el valor más alto del bien inmueble objeto del tributo y, por ende, el que constituyó el elemento relativo a la base gravable de la contribución, pues solo de esa forma se tendría por acreditada la aplicación en su perjuicio, de manera directa e inmediata, de los artículos 1, fracción I y V, 2, fracción XIX, 20 y 23, fracción III de la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676. Por otro lado, en el segundo concepto de violación, la parte quejosa sostiene que los artículos 18, fracción I, inciso a) y 24, fracción I, de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, así como los diverso 22 y 25 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676, así como el Decreto número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho son inconstitucionales por contravenir a la fracción IV, del artículo 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se deja a voluntad de la autoridad exactora la definición y determinación de la base gravable del tributo al obligar la aplicación de la Tabla de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción que servirá de base al Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, a los peritos valuadores y autorizados que establece elementos extraños a la fijación de la base del impuesto. Así, la fracción I, del artículo 18 de la Ley de Ingresos en estudio, establece que el pago será el que resulte más alto entre el avalúo catastral y el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores y valor de la operación; por su parte el artículo 20, fracción I, inciso a), de la ley en comento señala que el valor catastral será determinado con la aplicación de los valores unitarios a los que se refiere el propio numeral o el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal, o por personas registradas o autorizadas para ella, incluso el valor de la operación; el quejoso aduce que la mecánica anterior, es ilegal porque la determinación no queda perfectamente definida en la norma, ya que de manera forzosa el perito autorizado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado es quien determina la base del impuesto, tomando en consideración la tabla de valores unitarios de uso de suelo y de construcción e incluso de conformidad con el artículo 24 en su fracción IV dicho profesionista es solidariamente responsable del pago del impuesto reclamado si no realiza correctamente la valuación; así es obligatoria la aplicación del Decreto Número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018. Para reforzar su argumento invoca la tesis de rubro: "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL (PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 28 DE DICIEMBRE DE 1995), TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 CONSTITUCIONAL." Señala que es ilegal la forma en que se obtiene la base del impuesto, ya que se calculará tomando en cuenta el valor más alto que resulte entre el avalúo catastral, el elaborado con fines fiscales; y el valor de la operación, sin proporcionar mayor dato de los procedimientos y lineamientos técnicos, así los manuales de valuación para la emisión de los avalúos correspondientes, lo que hace que trastoque el principio de legalidad tributaria. Refiere que la ilegalidad del tributo versa en que existe un ajeno al legislador (el perito valuador) que es quien está obligado a fijar y a determinar la base, y toda vez que la tabla de valores unitarios no está en la Ley, la base del tributo resulta ilegal. Para reforzar su argumento invocó la Jurisprudencia de rubro: "PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ESPECIALES, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 292 Y 184, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, RESPECTIVAMENTE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA [TESIS HISTÓRICA]." Así como la de rubro: "PREDIAL. LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2011, CONTENIDA EN EL DECRETO NÚMERO 13, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2010, AL PERMITIR QUE LA AUTORIDAD DETERMINE DISCRECIONALMENTE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." Igualmente cita la de rubro: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." Sostiene que para el avalúo con fines fiscales se debe contener los datos relativos al valor del inmueble, cuya base se determinara por los valores unitarios correspondientes a la calle de ubicación del predio, consignado en las tablas de valores fiscales, aplicables en la determinación del valor al tipo de construcciones existente, así la tabla toma elementos no definidos en la Ley como son la calle, el valor del terreno del inmueble, así como los valores unitarios de reposición nuevos, correspondiente al tipo de construcciones existentes, aplicables en la determinación del valor de las construcciones, entre otros que no están determinados por la Ley, así al usar esos elementos para el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles transgrede el principio de legalidad. Así, se advierte que la tabla referida incorpora categorías y parámetros que debe observar la autoridad administrativa para efecto de clasificar determinado bien por el que hace a los tipos de construcción (precaria, popular, económica, común, media, semi-lujo, lujo, plus y premier) así como refiere conceptos como si la construcción la hizo el propietario o si ocurrió con asesoría profesional de alguien del ramo, sin que se precisen las características para determinar cada caso. Para calificar los motivos de disenso reseñados que se encuentran contenidos en el apartado relativo al segundo concepto de violación de su escrito de demanda; es necesario tener presente los elementos de las contribuciones conforme al artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este precepto refiere: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". De aquí se obtienen como principios de las contribuciones los siguientes: a) Legalidad: entendido como la exigibilidad para que los elementos esenciales de los impuestos estén consignados expresamente en la ley, a saber el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. b) Generalidad: al ser la ley general y abstracta, se entiende que una vez que la ley determina cierta hipótesis jurídica, lo debe hacer de manera general para que cualquiera que se ubique en la hipótesis regulada se le aplique la ley. c) Proporcionalidad: se refiere a que las contribuciones de los gobernados deben ser en proporción a su capacidad contributiva. d) Equidad: significa que se debe tratar como iguales a los que se ubiquen en una misma situación. e) Destino al gasto público: se traduce que los ingresos tributarios tienen como finalidad costear los servicios públicos que el Estado presta. f) Obligatoriedad: consiste en que toda persona que se ubique en alguna de las hipótesis tributarias, adquiere por consecuencia la obligación de cubrir el tributo correspondiente, dentro del plazo que la ley establezca. Luego conviene señalar en qué consisten los elementos esenciales de los tributos, para lo cual se expresa: Sujeto: los sujetos que intervienen en la relación tributaria son un sujeto activo (acreedor) que se corresponde con el Estado, el cual utiliza sus esferas de competencia para recaudar o cobrar los tributos, así el sujeto activo podrá ser la Federación, las Entidades Federativas o los Municipios y, un sujeto pasivo (deudor) que son los gobernados o ciudadanos que se colocan o realizan actos que la ley establece y que originan y causan tributos. Objeto: es el acto, actividad o recursos económicos que grava el tributo, es decir, responde a la pregunta ¿qué grava ese tributo? Base: es el monto o cantidad determinada en moneda del curso legal sobre la cual se aplica la tasa o tarifa de los tributos. Tasa: se trata de los porcentajes o medidas para cuantificar los tributos, las cuales pueden ser en cantidad fija, cuota fija o tarifa progresiva, o la combinación de ellas. Época de pago: es la fecha o plazo que se otorga al contribuyente para que pueda cumplir con su obligación de pago tributario. Así, se expone que la equidad como principio tributario significa que se debe tratar como iguales a los que se ubiquen en una misma situación. Sobre el propio tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que conforme al principio de equidad, las normas tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, e incluso, ha señalado que el legislador no sólo está facultado sino obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, que se sustenten en bases objetivas y no caprichosas, que justifiquen un tratamiento diferente que respondan a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Lo anterior, así se advierte del contenido de la jurisprudencia número P./J. 24/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XI, de marzo de 2000, página 35, que expresa: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales". Así como de la diversa jurisprudencia número P./J. 42/97, del mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo V, de junio de 1997, página 36, que dice: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica". Acorde con lo anterior, nuestro máximo órgano de justicia ha determinado los elementos objetivos que permiten delimitar al principio de equidad tributaria, los cuales se encuentran descritos en la jurisprudencia número P./J. 41/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo V, de junio de 1997, página 43, que establece: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional". Conforme con lo anterior, se obtiene que esencialmente la equidad tributaria radica en dar un trato igual a los iguales y uno desigual a los que se encuentren en situaciones diversas, de manera que, no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a ese principio, siempre y cuando tal distinción se justifique con base en razones objetivas. Por su parte, el principio de proporcionalidad se refiere a que las contribuciones de los gobernados deben ser en proporción a su capacidad contributiva, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos, lo cual se logra a través de tarifas progresivas, porque con eso se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Lo anterior así lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Volumen 187-192, Primera Parte, página 113, que expresa: "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula." A fin de determinar si los preceptos legales reclamados satisfacen los requisitos constitucionales de que se trata se impone desentrañar los elementos de las contribuciones que prevén y para ello es necesario recodar el contenido de los artículos 15, 16 y 18 transcritos en el considerando sexto que antecede, para advertir que el impuesto sobre adquisición de inmuebles tiene como elementos tributarios los siguientes: El sujeto: son las personas físicas o morales que adquieran inmuebles ubicados en el municipio de Acapulco, así como los derechos relacionados con los mismos. El objeto: la adquisición de bienes inmuebles que consistan en el suelo y construcciones adheridas a él, ubicadas en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como los derechos relacionados con los mismos. En efecto, en el artículo 16, se distinguen como hechos imponibles de esa contribución: 1. La adquisición de la propiedad de un inmueble; y, 2. La adquisición de cualquier otro derecho real relacionado con un inmueble, especificándose algunos actos o hechos jurídicos conforme a los cuales pueden adquirirse esos derechos reales (compraventa con reserva de dominio, dación en pago, usufructo, prescripción positiva, herencia o legado, enajenación a través del fideicomiso, permuta, cesión de derechos por fideicomiso, contratos de arrendamiento financiero y la cesión de derechos por arrendamiento financiero, etc). La base gravable: de conformidad con el artículo 18, fracción I, de la citada ley de ingresos la base del tributo que nos ocupa (impuesto sobre adquisición de inmuebles), se tasa en función del valor más alto que resulte de los siguientes tres parámetros, a saber, el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales, y el valor de la operación. La tasa o tarifa: El 2% sobre el valor del inmueble (valor más alto que resulte de los siguientes tres parámetros, a saber, el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales, y el valor de la operación), misma que será pagada conforme a la ley de ingresos, de conformidad con el artículo 164. Así, el objeto de dicho impuesto lo constituye la adquisición de la propiedad de un inmueble, así como de cualquier otro derecho real relacionado con el mismo, lo que significa que el legislador, al fijarlo en los preceptos reclamados, tuvo en consideración la riqueza de manera directa, es decir, la propiedad del patrimonio del sujeto pasivo del impuesto, pues en el impuesto al patrimonio, lo que realmente importa es el valor del bien, al tratarse de un impuesto directo, en el que la propiedad de los bienes inmuebles reflejan la riqueza del propietario en forma inmediata y como consecuencia su capacidad contributiva. Por tanto, si el impuesto sobre adquisición de inmuebles grava la propiedad, o bien cualquier otro derecho real relacionado con un inmueble, resulta válido concluir, que la porción de riqueza considerada como fuente gravada es precisamente la que se halla representada por dicho inmueble, y que, en consecuencia, el monto del gravamen debe fijarse en relación directa con el valor de ese bien (el valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales y el valor de operación) pues el modelo tributario descrito evidencia que su hecho imponible recae sobre el acto de adquisición del bien inmueble objeto del gravamen, lo que revela que un particular cuenta con la capacidad suficiente para aportar una parte de su patrimonio al erario; de ahí que es proporcional dicho tributo, además de ser equitativo porque da un trato igual a todos los sujetos que se encuentran dentro de la misma hipótesis normativa, es decir, no se da un trato distinto a todos los que adquieran bienes inmuebles ubicados en el municipio de Acapulco. En efecto, conforme a las disposiciones reclamadas todos los causantes del impuesto sobre adquisición de inmuebles reciben el mismo tratamiento fiscal, en la medida en que para determinar el monto a pagar, se aplica la misma mecánica que se utiliza en la determinación de la base correspondiente; esto es, se toma en cuenta el valor más alto que resulte de considerar entre el avaluó catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por perito valuador y el valor de operación; es decir, para que en la especie pudiera estimarse que el impuesto es contrario al principio de equidad tributaria, no puede tomarse en cuenta la forma en que se calcula la base, sino la circunstancia consistente en si las normas que rigen dicho elemento esencial consignan una manera distinta para determinarlo, atendiendo para ello al tipo de inmueble; esto es, si prevén una para los que adquieran sólo el suelo, otra para quienes lo hagan con las construcciones y una más, para los que adquieran el suelo y las construcciones adheridas a él; circunstancia que no acontece en el caso. Así se concluye que el concepto de violación en estudio es infundado, dado que la propia ley establece los elementos que debe contener todo el tributo reclamado. Ahora, en relación a la obligatoriedad del uso de las Tablas que aduce como motivo de ilegalidad del impuesto reclamado, dicho argumento también es infundado. Para reforzar su argumento el quejoso alegó que el Decreto Número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018; resultan indebidas ya que las mismas establecen los criterios para clasificar las construcciones según su calidad, así como los agentes que participan en la construcción del inmueble al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en el sentido de que por tratarse de un elemento que incide en la base del impuesto, su regulación requiere encontrarse en una ley formal y material para cumplir con el principio tributario de mérito. Lo que en el caso ocurre con la publicación del Decreto 649 mismo que fue emitido de conformidad con el artículo 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que establece: Artículo 61. Son atribuciones del Congreso del Estado: I. Aprobar; reformar, derogar y abrogar las leyes o decretos, de conformidad con sus atribuciones; (.) Así como la fracción I, del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vigente al momento de la publicación del Decreto. "Artículo 8.- Son atribuciones del Congreso del Estado: I. Expedir Leyes y Decretos en todas aquellas materias que no sean de la competencia exclusiva de la Federación, en términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;" Además de haber sido publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el doce de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que se le dio la difusión legal. Por tanto, resulta valido que las tablas reclamadas se hubieren incorporado vía Decreto, máxime que las mismas tienen su origen en la Ley de Ingresos 648 para el municipio de Acapulco de Juárez, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Ahora, para resolver ese planteamiento expuesto, es necesario precisar, en primer término, en qué consiste el principio que se estima vulnerado, y que señala es el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, mismo que establece que es obligación de los mexicanos, contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y que es el principio de legalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado el contenido y alcance del principio de legalidad tributaria, entre otras, en las jurisprudencias, con datos de localización siguientes: Séptima Época, Registro: 232796, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Primera Parte, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Página: 172, de rubro y texto: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, que esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida. Época: Séptima Época, Registro: 389621, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, Materia(s): Constitucional, Tesis: 168, Página: 169 "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles". De acuerdo con las consideraciones plasmadas en esos criterios, el respeto a la garantía de legalidad tributaria exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, por las siguientes razones: a).- Evitar la arbitrariedad de las autoridades exactoras, en la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto. b).- Impedir el cobro de impuestos imprevisibles. c).- Que no se cobre el impuesto a título particular. d).- El ciudadano, conozca en todo momento, la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo. Así, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales es una contribución que grava la adquisición o transmisión de la propiedad o de derechos de copropiedad de bienes inmuebles, por cualquier acto o contrato, ya sea que comprendan el suelo, las construcciones, o el suelo y las construcciones adheridas a él, incluyendo los accesorios y las instalaciones especiales que pertenezcan al inmueble, por lo que dicha contribución encuadra en la clasificación de los denominados "impuestos reales". Por tanto, la estructura normativa que regula la integración de sus elementos no se encuentra exclusivamente en la legislación ordinaria, sino que, además, tiene fundamento en el artículo 115 constitucional en su fracción IV, que establece: "Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: (.) IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: (.) El artículo referido establece la integración y libre administración de la hacienda de los Municipios, la cual se conforma, entre otros ingresos, de las percepciones obtenidas por las contribuciones que los Estados impongan a la propiedad inmobiliaria, entre las cuales destaca el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Asimismo, el referido precepto dispone que los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Cabe señalar que las tablas de valores unitarios a las que hace referencia el precepto mencionado, revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que conforman el impuesto de que se trata, ya que impactan la base gravable de la contribución, por lo que las normas que contengan dichas tablas deben respetar las garantías constitucionales de justicia tributaria previstas en el artículo 31, fracción IV, constitucional. Por tanto, si la fracción I, del artículo 18, de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018, establece que para efectos del cálculo del impuesto, se hará tomando el valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales que elaboren los peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y el valor de operación, la que prevé la base del impuesto será el valor catastral actualizado con los valores unitarios vigentes en la fecha de causación, incluyendo, en su caso, el valor de los accesorios y las instalaciones especiales que pertenezcan al inmueble; y que el impuesto referido se causará y liquidará aplicando la tasa o tarifa que establezca la Ley de Ingresos de cada Municipio a la base determinada en los términos citados. De lo anterior, se advierte claramente la estrecha vinculación que existe entre las tablas de valores catastrales unitarios y la base del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, consistente en el valor catastral del inmueble, ya que este último se obtiene mediante la aplicación de los valores unitarios vigentes en la fecha de causación, contenidos en las tablas referidas; de ahí que estas últimas, al formar parte integrante de la base gravable, deban respetar los principios constitucionales que rigen a las contribuciones. Resulta importante destacar que el impuesto referido, al tratarse de una contribución que grava el traslado del dominio de una propiedad o de los derechos de copropiedad sobre bienes inmuebles, refleja, en su base gravable, una cuantificación numérica, que es expresión de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, y que se aprecia atendiendo a las características del bien inmueble de que se trate, lo que se concreta por medio del establecimiento de las referidas tablas de valores catastrales unitarios. Para una mejor compresión de lo anterior, es necesario considerar que en el artículo 18, fracción I y 20, incisos a) y b) de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018 y el Decreto Número 649 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al honorable ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018, que contrario a lo sostenido por el quejoso, en el Decreto si se describen las clasificaciones de los inmuebles, así como las características que cada categoría contiene, por lo que el contribuyente puede conocer fehacientemente a la categoría a la que pertenece su propiedad, atendiendo a la estructura de su inmueble, así como a su ubicación; e incluso para un mejor entendimiento de la construcción del tipo de inmueble, en la columna titulada "número de espacios (recamaras, estancias, baños, servicio, cocina) " se hace una descripción del tipo de construcción si fue edificado por el dueño o para su realización requirió de apoyo y si ese apoyo fue o no con un profesional del ramo; de ahí que esos elementos no se dejan al arbitrio de la autoridad, la categoría y calidad de la edificación que será materia del impuesto, ya que el propio decreto señala con precisión las características que se deben contener; por lo que no se deja al quejoso en estado de indefensión. En ese orden de ideas, se precisa que no resultan aplicables las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de número 65/2011, 25/2007 y 17/2012, mientras que resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 94/2017 (10a.) de la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, con datos de localización, Época: Décima Época, Registro: 2014654, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Página: 800 "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN. RESULTAN VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, CUANDO NO ESTABLECEN EL CRITERIO PARA CLASIFICAR LOS TIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ATENDIENDO A SU CALIDAD DE LUJO, SUPERIOR, MEDIA O ECONÓMICA PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. Conforme al antepenúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, las cuales revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que conforman el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ya que impactan la base gravable de la contribución, por lo que las normas que contengan dichas tablas deben respetar los principios de justicia tributaria contenidos en el numeral 31, fracción IV, constitucional. En ese sentido, si en las propias tablas de valores unitarios de suelo y construcción, se establece como elemento a considerar en la fijación de la base gravable del impuesto relativo la clasificación del inmueble en atención a su calidad de construcción como de lujo, superior, media, económica y austera, definiendo lo que debe entenderse sólo por la última de ellas, es claro que se permite un margen de arbitrariedad a favor de la autoridad administrativa en lo que respecta a la determinación de un elemento que incide en la base gravable del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, lo que viola el principio de legalidad tributaria. Cabe precisar que la inconstitucionalidad mencionada no implica que los contribuyentes dejen de pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, sino que atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria referida consiste en que se aplique el monto de menor cuantía. Pues como se ha expuesto, en el caso que nos ocupa, en el decreto señalado si se describen las categorías y características de los inmuebles (supuesto distinto al contemplado en la jurisprudencia en mención), de ahí que la misma no resulta aplicable en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso concreto la Jurisprudencia PC.III.A. J/7 A (10a.) emitida por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con datos de localización siguiente, Décima Época, Registro: 2008376, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Página: 2125, de rubro y texto: "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE ZAPOPAN, JALISCO. EL DECRETO 23733/LIX/11, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 QUE LAS CONTIENE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. De los artículos 13, fracción IX, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, se advierte que la autoridad catastral municipal, al elaborar los proyectos de las tablas de valores unitarios, sólo tomará en cuenta los elementos mencionados en el numeral 56 (servicios municipales existentes; vías de comunicación; vecindad con zonas comerciales o centros de abasto; el uso, destino y reserva determinados para el suelo conforme a su zonificación, y cualquier otra característica que pueda influir en los valores de mercado o reales de los éstos) para su estudio, análisis y aprobación por los Consejos Técnicos de Catastro Municipal y del Estado, respectivamente, pero sin que constituyan elementos que deban reflejarse en las tablas de valores unitarios y mapas de las zonas catastrales. Lo anterior lo corrobora el artículo 35 del Reglamento de la ley citada, el cual establece que para el estudio de valores de terreno urbano se atenderá a lo dispuesto en el referido artículo 56, para lo cual se realizará un croquis o plano general de la población, delegación o zona en estudio, además de que la información sobre los servicios de cada una de las calles podrá obtenerse de las diversas dependencias del Ayuntamiento, a efecto de elaborar diversos planos, como el de red de servicios de agua potable, de drenaje, de energía eléctrica, de alumbrado público y de los diferentes tipos de rodamiento y de equipamiento social. Pero además, del análisis a dichas tablas se advierte que contienen lo siguiente: la tabla de valores de centros de población, en la que se clasifican los poblados, tomando en consideración la red de agua potable y alcantarillado, electrificación, alumbrado, telefonía, recolección de basura y transporte, entre otros factores, la tabla de valores de plazas comerciales, la tabla de valores de parques industriales, los factores unitarios para áreas de reserva urbana, los valores de áreas en transición, así como la tabla de deméritos e incrementos; lo que denota que los valores de terreno urbano no sólo atienden a la zona catastral y colonia, sino también a otros aspectos para su fijación. Por tanto, el indicado decreto no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que para determinar las tablas de valores unitarios que consagra, ya se reflejaron en el procedimiento de estudio, por lo que es innecesario que se señalen expresamente en dichas tablas". Ahora si bien el quejoso señala que el perito registrado ante la Secretaría de Finanzas y Administración es el único que puede hacer el dictamen para obtener el valor del inmueble, y que por ese hecho el impuesto resulta ilegal, ello es incorrecto, ya que la función del profesional registrado es la de hacer el cálculo en forma material, pero lo realiza atendiendo a las directrices señaladas en la norma y no a su arbitrio, tan es así que como el propio quejoso refiere si el profesional experto no se apega a lo legalmente establecido será responsable, por lo que tiene que realizar su función con estricto apego a la norma, de ahí que contrario a lo que refiere el quejoso no se trata de una intromisión de un particular o de un aspecto ajeno a la norma, para considerar ilegal el cálculo del impuesto, pues como se dijo su intervención está regulada por el artículo 20, inciso b) y los aspectos que deberá tomar son aquellos que existen en la tabla aludida por tanto, su forma de intervención se encuentra regulada por la norma, de ahí que todos los elementos que se tomen para el cálculo del avalúo están contenidos en una disposición legal. En razón de las consideraciones anteriores, es que resulta infundado el concepto de violación en estudio, y por lo tanto, procede negar el amparo y protección de la justicia federal en razón de los artículos 18, fracción I, inciso a) y 24, fracción I, de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018. Por otro lado, en el apartado relativo al cuarto concepto de violación, el quejoso sostiene que la emisión de los artículos 15, 16, 18 y 19 de la La Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, trastocan lo establecido en el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque el acto primario por el que fueron creados (expedición), los Ayuntamientos carecen de competencia material para formular iniciativas de ley por cuanto hace al sujeto, objeto, base y época de pago de las contribuciones sobre el patrimonio, pues si bien conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna en relación con el diverso 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los Ayuntamientos podrán proponer a la legislatura estatal las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de ello no se deriva dicha competencia material para proponer elementos diversos en tratándose de contribuciones sobre el patrimonio inmobiliario. Sin embargo, de la exposición de motivos de la ley de ingresos sujeta a examen, se puede apreciar que fue el Ayuntamiento el que remitió al Congreso la iniciativa de ley por conducto de su Secretario General mediante oficio SG/DTYAC/0277/17, de trece de octubre de dos mil diecisiete. Ahora bien, para dar contestación al motivo de disenso en estudio, es necesario tener en consideración que efectivamente, en la exposición de motivos de la La Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, se asentó ene l apartado denominado "I. ANTECEDENTES GENERALES", en el que se describe el trámite de inicia el proceso legislativo a partir de que fue presentada la iniciativa ante el Pleno de la Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, se estableció lo siguiente: "Que por oficio número SG/DtyAC/0277/17, de fecha 13 de octubre del año 2017, suscrito por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, el Ciudadano Licenciado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Presidente Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en uso de las facultades que le confieren los artículos 65 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 62 fracción III, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, remitió a este Honorable Congreso, para su discusión y aprobación, en su caso, Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018.". Luego, la parte quejosa parte de la premisa de que en dicha comunicación se contienen propuestas del Ayuntamiento de esta ciudad, sobre los elementos relativos al sujeto, objeto, base y época de pago, lo que no se encuentra dentro de sus facultades constitucionales conforme a los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Guerrero. Sin embargo, tal afirmación deviene infundada porque basta advertir la transcripción que se efectuó del contenido de la iniciativa para advertir que la autoridad municipal en modo alguno propuso alguno de los elementos esenciales del impuesto que nos ocupa -impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Por otro lado, en lo que respecta a los conceptos de violación quinto y sexto, la parte quejosa señala que la emisión del recibo oficial F-984755, de veinte de junio pasado, en el que se cobra el impuesto sobre adquisición de inmuebles, así como impuestos adicionales y accesorios, al no expresar los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado, ello pues la autoridad no fundó ni motivó los recibos aludidos, lo deja en estado de indefensión, pues desconoce con exactitud los fundamentos y circunstancias que le fueron aplicables, lo cual transgrede el artículo 16 Constitucional; ello pues para que una autoridad genere un acto de molestia es necesario se encuentre facultada por la Ley. Aduce que la forma en que ocurrió la emisión de los recibos trastoca el control de legalidad, pues las autoridades tienen que ceñirse a las facultades que les fueron expresamente otorgadas por el legislador, ya que de lo contrario su actuar resultaría inconstitucional. En razón de que es una obligación de la autoridad fundar y motivar, puede distinguirse entre tipos de actos en lo que la autoridad tiene que dar cumplimiento, como son los legislativos, judiciales y de naturaleza administrativa. Enfatiza que los actos que podrían resultar genéricos son los administrativos, ya que la autoridad puede fundar y/o motivar un acto indebidamente o puede no hacerlo, existiendo así ausencia en la obligación de fundar y motivar lo que en ambos caso contraviene al artículo 16 constitucional. Para reforzar su concepto de violación invocó las tesis de rubros siguientes: "FUNDAMENTACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE AUTORIDAD CORRECTAMENTE FUNDADO. FORMALIDAD ESENCIAL DEL ACTO ES EL CARÁCTER CON EL QUE LA AUTORIDAD RESPECTIVA LO SUSCRIBE Y EL DISPOSITIVO, ACUERDO O DECRETO QUE LE OTORGUE TAL LEGITIMACIÓN."; "ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL."; "MOTIVACIÓN"; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE."; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO."; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN."; "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. CONCEPTOS FISCALES DE ANULACION Y CONCEPTOS DE VIOLACION EN EL AMPARO."; "ENERGÍA ELÉCTRICA. LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN EL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LAS AUTORIDADES DEPENDIENTES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE CONTIENE EL APERCIBIMIENTO DE CORTE DE AQUÉLLA EN CASO DE QUE NO SE LIQUIDE CIERTA CANTIDAD, IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS ESE DOCUMENTO Y DEVOLVER A LA QUEJOSA LA CANTIDAD QUE EROGÓ COMO PAGO." Lo expuesto por el quejoso resulta inoperante en razón de que parte de una premisa falsa, ya que la emisión del recibo F-984755, en el que se cobra el impuesto sobre adquisición de inmuebles, así como impuestos adicionales y accesorios no se trata de un acto de autoridad que pudiera ser considerado privativo o de molestia, sino que tiene su origen en el hecho de que el contribuyente acudió ante el Ayuntamiento a enterar el impuesto sobre adquisición de inmuebles y como consecuencia de eso la Secretaria de Administración y Finanzas expidió un comprobante de pago, sin que en él se realice algún requerimiento o se señale alguna obligación dirigida al gobernado, sino sólo se comprueba con su emisión que se cumplió con la obligación del pago del impuesto. Para una mejor compresión a lo anterior es necesario tener presente lo establecido en el artículo 14 Constitucional en el que se señala: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Así, se obtiene que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, para la obligatoriedad de dicho precepto se requiere se prive al gobernado de alguno de sus derechos, lo que en el caso no ocurre con la emisión del recibo que reclama. Por su parte, el dispositivo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. En un ejercicio de contraste entre lo establecido en el artículo 14 y 16 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se obtiene que el Constituyente distinguió y regula en forma diversa los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado, aspectos que en el caso que nos ocupa no se actualizan, por lo que la emisión del recibo en comento no puede ser considera como acto privativo. Ahora, en relación a los actos de molestia que puedan constituirse, se debe tener presente que pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, lo que se autoriza, de conformidad con el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa del procedimiento. Así, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige, para ello, debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole es tendente a una restricción provisional. En ese orden de ideas, se advierte que los recibos que reclama la parte quejosa no es un acto privativo ni de molestia, pues en él solo está consignado el entero del impuesto que realizó el quejoso sin que se incorpore algún tipo de restricción (ni provisional o definitiva) a sus derechos como propietario del inmueble ahí referenciado; por tanto, el recibo con folio F-984755, de veinte de junio de dos mil dieciocho, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de esta ciudad no constituye un acto de autoridad que deba de cumplir lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, por lo que la falta de cita de los preceptos aplicables no genera la violación a los derechos del quejoso. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia P./J. 40/96 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Novena Época, con número de registro: 200080, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo IV, Julio de 1996, Materia(s): Común, Página: 5, de rubro y texto siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Igualmente resulta ilustrativa a lo anterior la tesis sostenida en la Séptima Época, con número de registro: 250573, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Sexta Parte, Materia(s): Administrativa, Común, Página: 86, rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SON EXIGIBLES SOLO CUANDO LA AUTORIDAD DICTA, ORDENA O EJECUTA UN ACTO DE MOLESTIA EN CONTRA DEL GOBERNADO. La fundamentación y motivación que se indican en el artículo 16 constitucional, solamente se exigirá cuando la autoridad responsable dicte, ordene o ejecute un acto de molestia en contra del gobernado; y el oficio suscrito por el secretario particular del jefe del Departamento del Distrito Federal "por instrucciones" de éste, por el que remite al director General de Policía y Tránsito del Distrito Federal el escrito de los quejosos, por considerar que la petición que se contiene en el mismo es competencia de esa dirección, en primer lugar, no es un acto dirigido a gobernado alguno, sino una disposición interna que el titular del Departamento del Distrito Federal da a uno de sus subordinados, como lo es el director general de Policía y Tránsito del Distrito Federal; y en segundo lugar, dicha disposición no puede ser considerada como acto de molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de los ahora quejosos, toda vez que el contenido del citado oficio no es una resolución ni contestación a la petición formulada, sino un acto de mero trámite el cual no debe contener, necesariamente, la motivación y la fundamentación que exige el artículo 16 constitucional, porque con el oficio en cuestión no se causa perjuicio a los peticionarios." Con lo anterior queda evidenciado que el quejoso parte de una premisa errónea al considerar el recibo F-984755, como un acto de molestia que deba revestir las formalidades del artículo 16 constitucional, máxime que de su propio contenido se advierte que se trata de un comprobante fiscal, emitido en términos de la legislación fiscal aplicable, con independencia que se establezca que el cobro que se hace es en razón del impuesto sobre adquisición de inmuebles así como el pago de impuestos adicionales y los certificados catastrales, ello ya que uno de los requisitos de los comprobantes fiscales es que contenga la descripción del servicio, como en este caso fue el pago del impuesto, pero tal aspecto no se puede traducir en un acto de autoridad. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 161/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, Registro: 2015945, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materia(s): Administrativa, Página: 355, de rubro y texto: "COMPROBANTES FISCALES. CONFORME AL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN 2008 Y 2012), DEBEN CONTENER LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, LO QUE NO IMPLICA QUE SUS PORMENORES PUEDAN CONSTAR EN UN DOCUMENTO DISTINTO PARA DETERMINAR QUÉ INTEGRA EL SERVICIO O USO O GOCE QUE AMPARAN. El requisito previsto en el precepto invocado para las legislaciones vigentes en los años de mérito, consistente en la descripción del servicio o del uso o goce que amparen los comprobantes fiscales se cumple cuando se señala la idea general de dicho servicio, uso o goce delimitando sus partes o propiedades, de manera que el precepto y porción normativa citados no genera inseguridad jurídica, ya que el contribuyente tiene pleno conocimiento sobre la regulación normativa prevista en el mencionado ordenamiento legal respecto a cómo debe cumplirse el requisito aludido en el comprobante fiscal respectivo. En ese contexto, si los comprobantes fiscales no limitan el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, ya que, de considerar que los exhibidos por los contribuyentes no amparan la transacción realizada, puede requerirles toda la información relativa y, en su caso, no acceder a su pretensión atendiendo a las particularidades de cada caso; por mayoría de razón, se concluye que la descripción del servicio o del uso o goce que amparen, invariablemente debe cumplirse especificando el servicio prestado o el uso o goce que amparen de manera clara, dando la idea de algo delimitado en sus partes o propiedades, pero en atención precisamente a la multiplicidad de servicios y a lo que comprende la prestación de cada uno de ellos, así como a los objetos sobre los que puede otorgarse su uso o goce, es posible que sus pormenores se contengan en un documento distinto que tiene por finalidad determinar lo que integra la prestación del servicio o qué es sobre lo que se otorga el uso o goce, documento que resultará relevante para determinar, caso por caso, la procedencia de la deducción o el acreditamiento respectivo que mediante los comprobantes fiscales correspondientes se solicite." Dada la calificación que se hizo al concepto de violación en estudio, tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), con registro 2008226, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que este órgano colegiado comparte, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." Ahora en relación a las tesis que invoca el quejoso en atención a la inoperancia con la que se calificó el concepto en estudio no es dable a esta autoridad realizar pronunciamiento sobre la procedencia de las mismas. Sostiene la consideración anterior la jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), emitida en la Décima Época, con número de registro: 160604, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, Materia(s): Común, Página: 3552, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.", se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo." En el tercer concepto de violación el quejoso esencialmente señala que los impuestos adicionales PRO EDUCACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y PROCAMINOS se encuentran regulados en los artículos 28 y 31 de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, preceptos que establecen: ARTÍCULO 28. Se causará un impuesto adicional con fines de fomento educativo y asistencia social del quince por ciento, sobre el producto de los siguientes conceptos: a) Impuesto Predial b) Derechos por Servicios Catastrales ARTÍCULO 31. Se causará un impuesto adicional del quince por ciento con fines de fomento a la construcción de caminos en las zonas no turísticas del municipio de Acapulco, sobre el producto de los siguientes conceptos: a) Impuesto Predial b) Derechos por Servicios Catastrales. Alega que el cobro de dichas contribuciones se obtiene al calcularse el quince por ciento sobre el impuesto sobre adquisición de inmuebles por lo que el mismo no demuestra la capacidad económica del sujeto pasivo y por tanto, infringe el principio de proporcionalidad. El concepto de violación expuesto por el quejoso resulta inoperante en razón de que hace depender la inconstitucionalidad de los impuestos adicionales que reclama en razón del pago que por el impuesto sobre adquisición de inmuebles realizó, circunstancia que es equivocada ya que de conformidad con los artículos 28, inciso b) y 31, inciso b) de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, el pago de dichos conceptos deriva del cobro del Derecho por Servicios Catastrales, previsto en el artículo 84 de dicha ley que señala: "ARTÍCULO 74. Los derechos por certificaciones, copias de planos, y demás servicios que proporcionen las dependencias del Ayuntamiento se pagarán conforme a la tarifa siguiente: (.) V. Certificados catastrales de inscripción que se expidan por la adquisición de inmuebles: a) Cuando el importe de la operación sea hasta 836 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad de 5 veces la unidad de medida y actualización vigente. b) Cuando el importe de la operación sea de 836.01 a 1,672 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad de 10 veces la unidad de medida y actualización vigente. c) Cuando el importe de la operación sea de 1,672.01 a 3,050 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad de 20 veces la unidad de medida y actualización vigente. d) Cuando el importe de la operación sea de 3,050.01 a 5,776 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad de 30 veces la unidad de medida y actualización vigente. e) Cuando el importe de la operación sea de 5,776.01 a 10,555 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad de 40 veces la unidad de medida y actualización vigente. f) Cuando el importe de la operación sea de 10,555.01 a 15,079 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad de 50 veces la unidad de medida y actualización vigente. g) Cuando el importe de la operación sea de más de 15,079.01 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad 60 veces la unidad de medida y actualización vigente. En ese tenor, y ya que el quejoso no señaló como acto reclamado el pago por Derechos por Servicios Catastrales como tampoco esgrimió concepto de violación ni realizó manifestación alguna que permita a este órgano atendiendo a la causa de pedir realizar el estudio sobre la constitucionalidad del Derecho por Servicios Catastrales; de ahí se obtiene que consintió dicho pago, y con ello actualiza la inoperancia del concepto en estudio, pues como se expuso el pago de los impuestos adicionales PRO EDUCACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y PROCAMINOS derivan del pago que se hace sobre el cobro del Derecho por Servicios Catastrales, sin que hubiere reclamado el artículo 84 de la Ley de Ingresos y en la que se regula la forma del cobro de los certificados catastrales; esto pues es sobre dicha contribución que tiene que realizarse, al quedar firme dicho cobro no es dable el estudio del concepto de violación sintetizado. Para una mejor ilustración de lo anterior, basta analizar el recibo con folio F-984755, en el que por concepto de Certificados Catastrales 5SMD se pagó la cantidad de $4,836.00 (cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N) y el quince por ciento de dicha cantidad es $725.40 (setecientos veinticinco pesos 40/100 M.N), que es el saldo que se erogó por concepto de impuestos adicionales PRO EDUCACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y PROCAMINOS, con lo que resulta inconcuso que el pago que hizo por esos conceptos el quejoso efectivamente no deviene del pago por impuesto sobre adquisición de inmuebles sino del Derecho por Servicios Catastrales. Por tanto, y en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, si en la demanda de amparo se reclama solamente la aplicación de las normas jurídicas que prevén el impuesto sobre adquisición de inmuebles materializado en el recibo oficial exhibido; no puede ser materia de estudio las disposiciones legales que regulan los diversos conceptos que también aparecen en los citados recibos sino existe la instancia de la parte agraviada que motive un pronunciamiento al respecto, así no es dable a este órgano jurisdiccional proceder al estudio de inconstitucionalidad del impuesto adicional reclamado. Tiene aplicación a lo anterior la tesis (VII Región) 5 K (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, emitida en la Décima Época, Registro: 2016074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: Página: 2048, de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR NO ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR COMO ACTOS RECLAMADOS DESTACADOS NORMAS NO SEÑALADAS POR EL QUEJOSO, AUN CUANDO PERTENEZCAN A UN SISTEMA NORMATIVO. El hecho de que exista un sistema normativo conformado por diversos preceptos contenidos en una ley, sólo autoriza al juzgador a analizar las normas expresamente señaladas como reclamadas a la luz de los conceptos de violación y como parte de ese sistema normativo, pero no al grado de introducirlas como normas destacadas reclamadas, debido a los principios de instancia de parte agraviada y de congruencia que debe observar toda sentencia jurisdiccional, ya que la existencia de un sistema normativo sólo legitima al quejoso a impugnar diversas disposiciones legales, siempre que guarden íntima relación entre sí, a pesar de que aquél acredite únicamente el acto de aplicación de una de ellas, o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 100/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD.". Sin embargo, ese sistema no faculta al juzgador para introducir otras normas como actos reclamados destacados, sin la voluntad del quejoso, por más que pertenezcan a ese sistema, pues, en ese caso, sólo puede abordarse la constitucionalidad de la norma reclamada a la luz del sistema al que pertenece y conforme a la causa de pedir y, en caso de conceder el amparo, los efectos pueden abarcar el vicio detectado a la inaplicación de otras normas, siempre que éstas guarden íntima relación con las reclamadas." En esa tesitura y por virtud de la calificación que se hizo al concepto de violación en estudio, igualmente tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), con registro 2008226, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que este órgano colegiado comparte, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]." De la misma forma y en atención a que el quejoso en su concepto de violación invoca diversas tesis se reitera que no es dable a esta autoridad realizar pronunciamiento sobre la procedencia de las mismas, dada la inoperancia del concepto aludido, tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), emitida en la Décima Época, con número de registro: 160604, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, Materia(s): Común, Página: 3552, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías número 613/2018, de los actos, autoridades, y por la quejosa Lilia Edith Torres Arano; en relación con las consideraciones precisadas en los considerandos cuarto y sexto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Enrique Justo Huerta, contra los actos, autoridades y por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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