José Enrique Jiménez Herrera

Expediente 61/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 33 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
61/2014
Año
2014
Actuaciones
33
Última actuación
21/12/2016

Partes del expediente

  • José Enrique Jiménez Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar sí efectivamente la autoridad responsable Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el quince de mayo de dos mil quince (fojas 358 a la 379), este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso José Enrique Jiménez Herrera; dicha determinación fue impugnada por la parte quejosa mediante recurso de revisión, formándose el amparo en revisión penal 458/2015 del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en el que determinó modificar el fallo impugnado y otorgar la protección constitucional para los siguientes efectos: "[.] A) Determinación precisa de los efectos de la sentencia que concede el amparo. I) Deje insubsistente la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil catorce, dictada en los autos del toca penal 3368/2013. II) Dicte otra, en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, analice la procedencia de la orden de captura solicitada, respecto del delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 226, fracción I del Código Penal local, incluyendo en ese análisis, la parte relativa del numeral, en la que se dispone la aplicación de las sanciones para ese ilícito, aun cuando el derecho a la posesión del inmueble usurpado sea dudosa o esté en disputa y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derechos proceda. [.]" En proveído de quince de julio del año en curso (fojas 576 y 577), se requirió a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo, en los términos precisados en la referida ejecutoria. El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis (foja 772), se tuvo por recibido el oficio 7683, signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, al cual anexó copia certificada de la resolución de once de octubre del presente año (fojas 724 a la 771), emitida dentro del toca penal 3368/2013 de su índice, de la que se aprecia que la autoridad responsable dejó insubsistentes las diversas resoluciones de veinticuatro de enero de dos mil catorce y quince de agosto de dos mil dieciséis, emitidas ambas en el citado toca penal; asimismo, dictó otra, en la que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, analizó la procedencia de la orden de captura solicitada, respecto del delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 226, fracción I, del Código Penal local, incluyendo en ese análisis, la parte relativa del referido numeral, en la que se dispone la aplicación de las sanciones para ese ilícito, aun cuando el derecho a la posesión del inmueble usurpado sea dudosa o esté en disputa y, con libertad de jurisdicción, determinó revocar la resolución de once de septiembre de dos mil trece, dictada por la Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, en la causa penal 435/2013, y librar orden de aprehensión contra los aquí terceros interesados. Lo anterior, se evidencia con claridad, en la sentencia emitida por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, en específico, en los párrafos siguientes que se transcriben (fojas 738 y 739): "[.] De ahí que, aun cuando en el caso existe disputa en cuanto a la posesión que detenta José Enrique Jiménez Herrera (víctima) y Evaristo Morales Castro (inculpado), derivada de las documentales que ambos exhiben para acreditar la propiedad del bien raíz, quien resuelve observa tras un análisis acucioso de la causa penal sometida a revisión, que en el caso, el día once de febrero de dos mil nueve, dicha posesión la ejercía de facto el primero de los mencionados y fue perturbada por el segundo de ellos en comunión con Marco Antonio Morales Zamudio. [.]" "[.] Por tanto, con independencia de que la posesión se encuentre en disputa, las penas previstas por el artículo 226 del Código Penal vigente en el Estado, son susceptibles de aplicación, tal y como lo dispone el propio precepto, así que en atención a que se evidenció que el título de propiedad presentado por Evaristo Morales Castro, sobre el bien inmueble materia de la causa, fue expedido por error y, derivado de ello, se ordenó su cancelación, es inconcuso que la conducta desplegada por éste y Marco Antonio Morales Zamudio, encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, del arábigo en cita. [.]" Con lo anterior, se dio vista a las partes, y únicamente la tercera interesada Yolanda Zamudio Guzmán, en calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Evaristo Morales Castro, desahogó dicha vista, mediante escrito registrado con el folio 15553 (fojas 783 a la 785). Consecuentemente, sí la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, dejara insubsistente la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil catorce, dictada en los autos del toca penal 3368/2013 de su índice, y emitiera otra, en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión penal 458/2015 del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, analizara la procedencia de la orden de captura solicitada, respecto del delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 226, fracción I, del Código Penal local, incluyendo en ese análisis, la parte relativa del numeral, en la que se dispone la aplicación de las sanciones para ese ilícito, aun cuando el derecho a la posesión del inmueble usurpado sea dudosa o esté en disputa y, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que conforme a derecho proceda, lo cual, como se vio, realizó la autoridad responsable; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. No obsta a la anterior determinación las manifestaciones de la tercera interesada Yolanda Zamudio Guzmán, en calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Evaristo Morales Castro, en el sentido de que las personas que indica en el escrito registrado con el folio 15553 (fojas 783 a la 785), no han cometido delito de despojo, y que se requiera al quejoso para que exhiba documentos que lo acrediten como posesionario ejidal y se absuelva de toda responsabilidad penal a las personas que indica, ya que esa situación jurídica no formó parte de la ejecutoria de amparo, y, en su caso, tales alegatos forman parte de su derecho de defensa en el juicio que conozca el juez penal, y por tanto, no son parte de la ejecutoria emitida en el presente juicio. Por lo tanto, se ordena dar vista al quejoso y a los terceros interesados, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  3. Principal

    Hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la PARTE QUEJOSA JOSÉ ENRIQUE JIMÉNEZ HERRERA, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la parte quejosa; que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar sí efectivamente la autoridad responsable Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el quince de mayo de dos mil quince (fojas 358 a la 379), este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso José Enrique Jiménez Herrera; dicha determinación fue impugnada por la parte quejosa mediante recurso de revisión, formándose el amparo en revisión penal 458/2015 del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en el que determinó modificar el fallo impugnado y otorgar la protección constitucional para los siguientes efectos: "[.] A) Determinación precisa de los efectos de la sentencia que concede el amparo. I) Deje insubsistente la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil catorce, dictada en los autos del toca penal 3368/2013. II) Dicte otra, en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, analice la procedencia de la orden de captura solicitada, respecto del delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 226, fracción I del Código Penal local, incluyendo en ese análisis, la parte relativa del numeral, en la que se dispone la aplicación de las sanciones para ese ilícito, aun cuando el derecho a la posesión del inmueble usurpado sea dudosa o esté en disputa y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derechos proceda. [.]" En proveído de quince de julio del año en curso (fojas 576 y 577), se requirió a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo, en los términos precisados en la referida ejecutoria. El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis (foja 772), se tuvo por recibido el oficio 7683, signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, al cual anexó copia certificada de la resolución de once de octubre del presente año (fojas 724 a la 771), emitida dentro del toca penal 3368/2013 de su índice, de la que se aprecia que la autoridad responsable dejó insubsistentes las diversas resoluciones de veinticuatro de enero de dos mil catorce y quince de agosto de dos mil dieciséis, emitidas ambas en el citado toca penal; asimismo, dictó otra, en la que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, analizó la procedencia de la orden de captura solicitada, respecto del delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 226, fracción I, del Código Penal local, incluyendo en ese análisis, la parte relativa del referido numeral, en la que se dispone la aplicación de las sanciones para ese ilícito, aun cuando el derecho a la posesión del inmueble usurpado sea dudosa o esté en disputa y, con libertad de jurisdicción, determinó revocar la resolución de once de septiembre de dos mil trece, dictada por la Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, en la causa penal 435/2013, y librar orden de aprehensión contra los aquí terceros interesados. Lo anterior, se evidencia con claridad, en la sentencia emitida por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, en específico, en los párrafos siguientes que se transcriben (fojas 738 y 739): "[.] De ahí que, aun cuando en el caso existe disputa en cuanto a la posesión que detenta José Enrique Jiménez Herrera (víctima) y Evaristo Morales Castro (inculpado), derivada de las documentales que ambos exhiben para acreditar la propiedad del bien raíz, quien resuelve observa tras un análisis acucioso de la causa penal sometida a revisión, que en el caso, el día once de febrero de dos mil nueve, dicha posesión la ejercía de facto el primero de los mencionados y fue perturbada por el segundo de ellos en comunión con Marco Antonio Morales Zamudio. [.]" "[.] Por tanto, con independencia de que la posesión se encuentre en disputa, las penas previstas por el artículo 226 del Código Penal vigente en el Estado, son susceptibles de aplicación, tal y como lo dispone el propio precepto, así que en atención a que se evidenció que el título de propiedad presentado por Evaristo Morales Castro, sobre el bien inmueble materia de la causa, fue expedido por error y, derivado de ello, se ordenó su cancelación, es inconcuso que la conducta desplegada por éste y Marco Antonio Morales Zamudio, encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, del arábigo en cita. [.]" Con lo anterior, se dio vista a las partes, y únicamente la tercera interesada Yolanda Zamudio Guzmán, en calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Evaristo Morales Castro, desahogó dicha vista, mediante escrito registrado con el folio 15553 (fojas 783 a la 785). Consecuentemente, sí la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, dejara insubsistente la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil catorce, dictada en los autos del toca penal 3368/2013 de su índice, y emitiera otra, en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión penal 458/2015 del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, analizara la procedencia de la orden de captura solicitada, respecto del delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 226, fracción I, del Código Penal local, incluyendo en ese análisis, la parte relativa del numeral, en la que se dispone la aplicación de las sanciones para ese ilícito, aun cuando el derecho a la posesión del inmueble usurpado sea dudosa o esté en disputa y, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que conforme a derecho proceda, lo cual, como se vio, realizó la autoridad responsable; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. No obsta a la anterior determinación las manifestaciones de la tercera interesada Yolanda Zamudio Guzmán, en calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Evaristo Morales Castro, en el sentido de que las personas que indica en el escrito registrado con el folio 15553 (fojas 783 a la 785), no han cometido delito de despojo, y que se requiera al quejoso para que exhiba documentos que lo acrediten como posesionario ejidal y se absuelva de toda responsabilidad penal a las personas que indica, ya que esa situación jurídica no formó parte de la ejecutoria de amparo, y, en su caso, tales alegatos forman parte de su derecho de defensa en el juicio que conozca el juez penal, y por tanto, no son parte de la ejecutoria emitida en el presente juicio. Por lo tanto, se ordena dar vista al quejoso y a los terceros interesados, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  4. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal del tercero interesado, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la parte tercero interesado que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar sí efectivamente la autoridad responsable Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el quince de mayo de dos mil quince (fojas 358 a la 379), este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso José Enrique Jiménez Herrera; dicha determinación fue impugnada por la parte quejosa mediante recurso de revisión, formándose el amparo en revisión penal 458/2015 del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en el que determinó modificar el fallo impugnado y otorgar la protección constitucional para los siguientes efectos: "[.] A) Determinación precisa de los efectos de la sentencia que concede el amparo. I) Deje insubsistente la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil catorce, dictada en los autos del toca penal 3368/2013. II) Dicte otra, en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, analice la procedencia de la orden de captura solicitada, respecto del delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 226, fracción I del Código Penal local, incluyendo en ese análisis, la parte relativa del numeral, en la que se dispone la aplicación de las sanciones para ese ilícito, aun cuando el derecho a la posesión del inmueble usurpado sea dudosa o esté en disputa y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derechos proceda. [.]" En proveído de quince de julio del año en curso (fojas 576 y 577), se requirió a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo, en los términos precisados en la referida ejecutoria. El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis (foja 772), se tuvo por recibido el oficio 7683, signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, al cual anexó copia certificada de la resolución de once de octubre del presente año (fojas 724 a la 771), emitida dentro del toca penal 3368/2013 de su índice, de la que se aprecia que la autoridad responsable dejó insubsistentes las diversas resoluciones de veinticuatro de enero de dos mil catorce y quince de agosto de dos mil dieciséis, emitidas ambas en el citado toca penal; asimismo, dictó otra, en la que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, analizó la procedencia de la orden de captura solicitada, respecto del delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 226, fracción I, del Código Penal local, incluyendo en ese análisis, la parte relativa del referido numeral, en la que se dispone la aplicación de las sanciones para ese ilícito, aun cuando el derecho a la posesión del inmueble usurpado sea dudosa o esté en disputa y, con libertad de jurisdicción, determinó revocar la resolución de once de septiembre de dos mil trece, dictada por la Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, en la causa penal 435/2013, y librar orden de aprehensión contra los aquí terceros interesados. Lo anterior, se evidencia con claridad, en la sentencia emitida por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, en específico, en los párrafos siguientes que se transcriben (fojas 738 y 739): "[.] De ahí que, aun cuando en el caso existe disputa en cuanto a la posesión que detenta José Enrique Jiménez Herrera (víctima) y Evaristo Morales Castro (inculpado), derivada de las documentales que ambos exhiben para acreditar la propiedad del bien raíz, quien resuelve observa tras un análisis acucioso de la causa penal sometida a revisión, que en el caso, el día once de febrero de dos mil nueve, dicha posesión la ejercía de facto el primero de los mencionados y fue perturbada por el segundo de ellos en comunión con Marco Antonio Morales Zamudio. [.]" "[.] Por tanto, con independencia de que la posesión se encuentre en disputa, las penas previstas por el artículo 226 del Código Penal vigente en el Estado, son susceptibles de aplicación, tal y como lo dispone el propio precepto, así que en atención a que se evidenció que el título de propiedad presentado por Evaristo Morales Castro, sobre el bien inmueble materia de la causa, fue expedido por error y, derivado de ello, se ordenó su cancelación, es inconcuso que la conducta desplegada por éste y Marco Antonio Morales Zamudio, encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, del arábigo en cita. [.]" Con lo anterior, se dio vista a las partes, y únicamente la tercera interesada Yolanda Zamudio Guzmán, en calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Evaristo Morales Castro, desahogó dicha vista, mediante escrito registrado con el folio 15553 (fojas 783 a la 785). Consecuentemente, sí la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, dejara insubsistente la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil catorce, dictada en los autos del toca penal 3368/2013 de su índice, y emitiera otra, en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión penal 458/2015 del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, analizara la procedencia de la orden de captura solicitada, respecto del delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 226, fracción I, del Código Penal local, incluyendo en ese análisis, la parte relativa del numeral, en la que se dispone la aplicación de las sanciones para ese ilícito, aun cuando el derecho a la posesión del inmueble usurpado sea dudosa o esté en disputa y, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que conforme a derecho proceda, lo cual, como se vio, realizó la autoridad responsable; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. No obsta a la anterior determinación las manifestaciones de la tercera interesada Yolanda Zamudio Guzmán, en calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Evaristo Morales Castro, en el sentido de que las personas que indica en el escrito registrado con el folio 15553 (fojas 783 a la 785), no han cometido delito de despojo, y que se requiera al quejoso para que exhiba documentos que lo acrediten como posesionario ejidal y se absuelva de toda responsabilidad penal a las personas que indica, ya que esa situación jurídica no formó parte de la ejecutoria de amparo, y, en su caso, tales alegatos forman parte de su derecho de defensa en el juicio que conozca el juez penal, y por tanto, no son parte de la ejecutoria emitida en el presente juicio. Por lo tanto, se ordena dar vista al quejoso y a los terceros interesados, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

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