José Enrique Jiménez Herrera

Expediente 635/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
635/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • José Enrique Jiménez Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de quince de noviembre del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación de ese proveído, realizara lo siguiente: "[.] Primero. Precise con claridad el acto reclamado, toda vez que en el capítulo relativo a éste, señala como tal, la omisión de dar respuesta fundada, motivada y congruente al escrito presentado ante la responsable el diecinueve de enero del año en curso; sin embargo, en el apartado relativo a los hechos, bajo protesta de decir verdad refiere que mediante oficio 003970, notificado el veinticinco de octubre de la actual anualidad, la autoridad responsable dio respuesta a su petición, como se desprende de las transcripciones que a la letra dicen . En consecuencia, deberá precisar, si señala como acto reclamado la omisión de dar respuesta a la petición aludida, o la respuesta contenida en el oficio 3970, del índice de la autoridad responsable. Segundo. Si desea señalar como autoridad responsable al Congreso del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, toda vez que omitió señalar al titular del órgano del estado a la que la ley encomendó su aprobación, así como el acto que le reclame, y los demás requisitos que al efecto prevé el artículo 108 de la ley de la materia. [.]" En ese contexto, agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga en tiempo y forma la prevención de referencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Sin que sea el caso la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, en virtud de no haber sido solicitado expresamente. Se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a las autoridades responsables rindan su informe justificado vía correo electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; y que de igual manera, proporcionen una dirección de correo electrónico oficial a efecto de que en caso de ser necesario, este juzgado de Distrito pueda entablar la comunicación correspondiente. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir los oficios que se les giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, este órgano jurisdiccional se reserva el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada que señala, hasta en tanto obren en autos los informes justificados que rindan las autoridades responsables, a efecto de verificar a quien le asiste tal carácter, así como el domicilio donde pueda ser emplazada. En otro contexto, se exhorta a las partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica; de igual forma, proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. Por último, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, notificándole mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), corriéndole traslado con copia simple de la demanda, y su escrito aclaratorio.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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