José Enrique Hernández Ramírez

Expediente 729/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
729/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • José Enrique Hernández Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión dentro del término legal contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que es a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, inciso b), del Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio de amparo. Asimismo es destruible el original del incidente, ya que se negó la medida cautelar, por ende, glósese al presente y, una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del mismo.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver en sentencia definitiva el juicio de amparo indirecto 729/2020-II, promovido por el quejoso José Enrique Hernández Ramírez, contra los actos que reclamó del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, los cuales considera violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y recibido en este órgano de control constitucional por razón de turno, al día siguiente, la parte quejosa .... demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las siguientes autoridades: Fiscal General de Justicia, Coordinador General de Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, Coordinador de la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, todos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, Estado de México; así como el Fiscal en Tlalnepantla, Fiscal Especializado en Homicidios, ambos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y Encargado del Depósito Privado de Vehículos, denominado: "PEGASO", en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, consistente en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- De las autoridades responsables ordenadoras se reclama el ilegal aseguramiento del VEHICULO MARCA FORD, MODELO 2008, CLASE LOBO, TIPO LIMITED SUPERCREW 4X2 G8L 2 PUERTAS, NÚMERO DE SERIE IFRTWI2558F-A20693, COLOR PERLA, PLACAS: NHD-374I, ESTADO DE MÉXICO, a nombre del suscrito. B).- De la autoridad ejecutora es decir del Encargado del Depósito Privado de Vehículos denominado PEGASO, el ilegal aseguramiento del VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO 2008, CLASE LOBO, TIPO LIMITED SUPERCREW 4X2 G8L 2 PUERTAS, NÚMERO DE SERIE IFRTWI2558F-A20693, COLOR PERLA, PLACAS: NHD-374I, ESTADO DE MÉXICO y por consiguiente el inminente cobro excesivo del pago del arrastre y del tiempo que en exceso, pretenderá, con pretexto de la investigación y de la pandemia dentro del depósito privado a su cargo." SEGUNDO. Así, por razón de turno, el dieciocho de diciembre dos mil veinte, este Juzgado Federal se avocó al conocimiento del sumario constitucional, lo registró con el número 729/2020-II, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, en virtud que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, el solicitante del amparo reclama de las autoridades señaladas como responsables: El aseguramiento del vehículo Marca Ford, modelo 2008, Clase Lobo, tipo Limited Supercrew 4x2 G8I 2 puertas, número de serie IFRTWI2558f-A20693, color perla, placas: NHD-374I, del Estado de México, en la indagatoria NIC: FRV/RVT/01/MPI/628/00467/20/03, NUC TLA/FRV/RVT/013/088210/20/03, iniciada con motivo de un hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las responsables Fiscal General de Justicia del Estado de México, Fiscal Regional de Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Grúas Pegaso, Sociedad Anónima de Capital Variable, negaron el acto reclamado, sin embargo, se desvirtúa dicha negativa, con el oficio enviado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Atizapan-Naucalpan, del que se advierte la existencia de la indagatoria NIC: FRV/RVT/01/MPI/628/00467/20/03/, NUC TLA/FRV/RVT/013/088210/20/03. Por su parte, respecto de las autoridades responsables Coordinador General de Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Coordinador de la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Fiscal Especializado en Homicidios con sede en Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; el quejoso, no señaló la denominación correcta de dichas autoridades y por tanto, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, y se tuvieron como inexistentes, suspendiendo toda comunicación con éstas. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Quien ahora resuelve, estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la orden de aseguramiento del automotor del quejoso JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, por los motivos que enseguida se expondrán. En principio, debe destacarse que la Ley de Amparo en su artículo 6, subraya que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la legislación de la materia. Así, los referidos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." En efecto, de conformidad con la técnica que rige el juicio de amparo, es obligación del accionante de la tutela constitucional, acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones; de donde se sigue, que el quejoso tiene la obligación de justificar su interés jurídico y demostrar que los actos que reclama le causan un perjuicio de imposible reparación. Luego, de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra actos de autoridades y que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, o sea, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame. A través del ejercicio de la acción constitucional, el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo que en su perjuicio dice, le fue infringido por la autoridad que trata de ejecutar el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción, que es un derecho instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce; pero resulta que tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haberse infringido por la autoridad responsable. Por tanto, quien ejerce la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo amenazado por algún acto u omisión de la responsable, y en tal evento, requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal, es decir, tiene necesidad de que se respeten los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Federal que alega fueron infringidos, porque al resentir un perjuicio, un menoscabo o una ofensa en su esfera jurídica, tiene interés en que la Justicia Federal le ampare. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que sólo quien resiente un agravio personal y directo puede acudir a la vía constitucional. En apoyo a lo antes expuesto es aplicable al caso le tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, texto y datos de identidad se citan enseguida: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que era transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma." (No. Registro: 240,121. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 193-198 Cuarta Parte. Tesis:. Página: 80). A efecto de establecer cuándo se actualiza la causa de improcedencia que prevé el precepto transcrito, es menester determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio contenido en la jurisprudencia cuyo rubro, texto y datos de identidad se citan enseguida: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." (No. Registro: 170,500. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Enero de 2008. Tesis: 1a./J. 168/2007. Página: 225). Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad y, del criterio trascrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. c) Es insuficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. En efecto, JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, reclama de manera fundamental de las autoridades responsables la orden de aseguramiento de un automotor Marca Ford, modelo 2008, Clase Lobo, tipo Limited Supercrew 4x2 G8I 2 puertas, número de serie IFRTWI2558f-A20693, color perla, placas: NHD-374I, del Estado de México, en la indagatoria NIC: FRV/RVT/01/MPI/628/00467/20/03, NUC TLA/FRV/RVT/013/088210/20/03, iniciada con motivo de un hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo, sin que se cumpla con los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, es decir, otorgarle al peticionario de amparo el derecho de audiencia consagrado en los numerales citados con antelación, a fin de que sea oído y vencido en un procedimiento, en este caso de naturaleza penal; sin embargo, para que tenga el interés jurídico necesario para reclamar lo anterior, es necesario que primeramente acredite la titularidad del derecho aduce tener. En efecto, el promovente del amparo no allegó ninguna prueba con la finalidad de acreditar la posesión o que sea propietario del automotor en comento, ya que al efecto en la demanda de amparo, solo acompaño: Copia simple de la carpeta de investigación NIC: FRV/RVT/01/MPI/628/00467/20/03, NUC TLA/FRV/RVT/013/088210/20/03. Copia simple de la predenuncia 0002101, 20/03. Copias simple del oficio 2170/2020. Lo anterior, con independencia de que en el caso, exista la carpeta de investigación en comento, pues esa circunstancia no relevaba a la parte quejosa de la obligación de acreditar la propiedad o posesión del bien ya indicado, esto es, su interés jurídico. Cobra aplicación, el criterio jurisprudencial, cuyo rubro, texto y datos de identidad son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." (Época: Novena Época. Registro: 187777. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 1/2002. Página: 15). Así como, la tesis cuyo rubro, texto y datos de identidad, son: "INTERÉS JURÍDICO, DEBE ESTAR FEHACIENTEMENTE PROBADO Y NO INFERIRSE A BASE DE PRESUNCIONES. De acuerdo con los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, es al quejoso a quien corresponde demostrar que los actos reclamados afectan su interés jurídico, y si en el caso la promovente no demostró esa circunstancia es legal el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, independientemente de que, por sí sola, manifieste que es causante del impuesto que se impugna en el juicio. El interés jurídico debe estar fehacientemente probado sin que, por tanto, pueda establecerse en forma presuntiva, según lo ha sostenido reiteradamente este Alto Tribunal; consecuentemente, no es factible estimar que la quejosa acreditó su interés jurídico aduciendo que sería absurdo pensar lo contrario cuando espontáneamente ha manifestado ser causante del impuesto que reclama, ya que ello equivaldría a aceptar un interés jurídico presuntivo." (Registro No. 805592. Localización: Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Informes. Informe 1984, Parte I. Página: 350. Tesis Aislada. Materia(s): Común). En tal virtud, al no demostrar de manera alguna el interés jurídico necesario para proceder al estudio sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, en consecuencia se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la de la Ley de Amparo y por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por...

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita al Tercer Turno de Atizapán de Zaragoza, por el cual en cumplimento al proveído de once de los actuales, remite copia certificada de la indagatoria NIC: FRV/RVT/01/MPI/628/00467/20/03, NUC TLA/FRV/RVT/013/088210/20/03. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continúo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que adjunta al oficio de cuenta, la que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de la parte quejosa mediante el cual ofrece pruebas documentales de su parte y formula alegatos. En consecuencia, respecto a los medios de convicción ofertados, dígasele que se esté a lo acordado en autos de quince de octubre y dieciocho de noviembre, ambos de dos mil veinte, mediante los cuales se tuvieron como pruebas de su parte, los señalados en el escrito de cuenta. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus manifestaciones a manera de alegatos, mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo.

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