José Enrique Hernández Ayala

Expediente 1020/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1020/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • José Enrique Hernández Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se recibe oficio. Agréguese el oficio signado por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en esta ciudad, con el cual se le tiene acusando recibo del diverso 26760/2021, a través del que se le notificó el proveído de catorce de diciembre del año pasado que ordenó el archivo de este asunto por estar concluido, y se devolvieron las constancias que allegó al presente juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veintidós minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1020/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la Secretaria relaciona como principales constancias del expediente la demanda de amparo, emplazamiento a la tercera interesada e informe justificado. Por otra parte, intégrese el oficio registrado con el folio 17828, mismo que remite el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de La Piedad, Michoacán; en atención a su contenido se le tiene devolviendo diligenciado el despacho 346/2021 (número de orden 757), que se le envió para que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara a la tercera interesada María Guadalupe Hernández Ayala el proveído de veintisiete de octubre del año en curso, en el que este juzgado asumió el conocimiento del presente juicio, lo que acredita con las constancias que adjunta; acúsese recibo y dese de baja en el libro de comunicaciones oficiales correspondiente. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas relacionadas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que las partes no los formularon; a lo que el Juez acuerda: Se tiene por hecha la anterior constancia. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente. S E N TE N C I A Visto, para resolver, el juicio de amparo 1020/2021, promovido por José Enrique Hernández Ayala, por alegada violación de los artículos 1o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Magistrado del Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: Del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: La resolución de trece de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca I-163/2021, que resolvió el recurso de apelación contra el auto de veintiocho de mayo de este año, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 1005/2004, a bienes de Antonio Hernández Cázares, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Civil de La Piedad, Michoacán. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado es surtir sus efectos en el lugar donde este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. El Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que se tiene como cierto. Lo que se corrobora con las constancias allegadas con su informe, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, poseen valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte que se actualice ninguna causa de improcedencia que impida el estudio de fondo del este asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo. SEXTO. Estudio de fondo del acto reclamado. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación. I. Antecedentes 1. En el juicio sucesorio intestamentario 1005/2004, el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Juez natural tuvo a los coherederos María Guadalupe, Sergio, María Luisa, María Bertha, María de la Luz y José, de apellidos Hernández Ayala revocando el cargo de albacea definitivo otorgado al coheredero José Enrique Hernández Ayala y designaron como albacea definitiva a María Guadalupe Hernández Ayala, quien no compareció a aceptar el cargo designado, en el plazo concedido. 2. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a los coherederos María de la Luz, María Guadalupe, María Bertha y Sergio todos de apellidos Hernández Ayala emitiendo voto a favor de María Guadalupe Hernández Ayala, para desempeñar el cargo de albacea definitiva, por lo que, al constituir mayoría, se le designó con dicho carácter y se le requirió para que aceptara el cargo; lo cual realizó por auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno. 3. Inconforme con el proveído de designación de albacea referido, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, quien, bajo el toca I-163/2021, el trece de julio de dos mil veintiuno, confirmó el auto recurrido. Resolución que constituye el acto reclamado. II. Estudio de los conceptos de violación. En uno de sus conceptos de violación, el quejoso sostiene que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por haber declarado inoperantes sus agravios al no evidenciar la ilegalidad de las consideraciones que sustentan la decisión de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior, refiere el quejoso, es inexacto porque como ahora lo precisa en este juicio, la parte que le causó agravio es que el juez apelado hubiera indicado que no pasaba inadvertido el hecho de que en anterior ocasión ya se hubiera designado a la citada albacea María Guadalupe Hernández Ayala y ésta no hubiera manifestado su aceptación a dicha encomienda, toda vez que dicha situación no la privaba del hecho de que se le volviera a designar con tal carácter, debido a que no existe texto legal que así lo establezca; por tanto, que su causa de pedir fue clara, ya que la autoridad responsable dejó de aplicar el artículo 848 del Código Civil del Estado de Michoacán, que dispone que cuando el testador no hubiere designado albacea o el nombrado no desempeñare el cargo, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos. Que en el caso, María Guadalupe Hernández Ayala ya había sido designada con tal carácter y que nunca compareció a aceptar el cargo; de lo que se infiere que si no lo aceptó, menos lo va a desempeñar de manera correcta y precisa, por tanto, es ilegal la calificación que el Magistrado hizo de sus agravios. Asimismo, en la parte final de su segundo concepto de violación también pretende desacreditar la calificación de inoperancia realizada por el Magistrado responsable al determinar que el apelante se limitó a señalar que lo decidido por el juez de primera instancia le provocó perjuicio, sin combatir el argumento toral en que se sustentó, esto es, que dicha persona obtuvo la mayoría de votos; por ende, se estimaba acertada la apreciación del a quo al indicar que en la legislación civil adjetiva no existe dispositivo legal que impida ser designado nuevamente albacea cuando no hubiera aceptado la designación previa, cuando así lo decidan la mayoría de los herederos. Los anteriores argumentos son inoperantes, porque en su formulación, el quejoso introduce argumentos que no expuso ante la responsable, ello al indicar que el numeral 848 del Código Civil del Estado establece que cuando el testador no hubiere designado albacea o el nombrado no desempañare el cargo, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos, por lo que su designación se determinó, pero ésta no compareció a aceptar el cargo dentro del término que se le concedió, precluyendo su derecho, por lo que para este asunto, no basta que la mayoría de los herederos hubieran emitido su voto, ya que la falta de aceptación en la designación anterior demuestra su falta de interés y responsabilidad; para lo cual invoco la tesis de rubro "ALBACEA. LA PERSONA QUE HA SIDO REMOVIDA DE ESE CARGO CON ANTERIORIDAD ESTÁ IMPEDIDA PARA FUNGIR COMO TAL EN UNA POSTERIOR OCASIÓN (ARTÍCULO 1516, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ)" En efecto, dichos argumentos no fueron expuestos ante el Magistrado responsable, razón por las que no fueron materia de pronunciamiento en la resolución impugnada; consecuentemente, devienen inoperantes, porque son novedosos y no constituyen la materia de la litis en la vía constitucional que ahora nos ocupa. De tal suerte que la autoridad responsable no se encontró en posibilidad de realizar pronunciamiento alguno acerca de los aspectos ahora alegados por el quejoso y por ende no constituyeron la materia de la resolución que se reclama, imposibilitando por ello su análisis en esta vía constitucional. En efecto, ante la autoridad responsable, el quejoso, como acertadamente lo calificó el Magistrado responsable, se constriñó a realizar manifestaciones vagas e imprecisas en torno a que el auto reclamado era un "cañonazo certero a las garantías de seguridad jurídica", que a pesar que existía una certificación que se mandó notificar a María Guadalupe Hernández Ayala el Código de Procedimientos Civiles "era letra muerta", transcribió los artículos 107 al 109 del código adjetivo civil, refirió a qué se refieren las garantías de seguridad jurídica, para concluir que el auto impugnado era oscuro y fuera del contexto de la ley, en el que expresa que "no pasa nada", si no se cumplen los términos de ley. Cómo se advierte, ante la Sala revisora el ahora quejoso no formuló razonamiento jurídico que evidenciara la intención que ahora revela en los conceptos de violación; por lo que al no haber sido expuestos ante la autoridad responsable, no pudieron ser materia de estudio y pronunciamiento en la resolución reclamada. De ahí que al no introducir dichas cuestiones al recurso de apelación cuya resolución ahora reclama, sus motivos de queja resultan novedosos y por lo tanto, inoperantes para conceder la tutela federal solicitada. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 150/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto: 'AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida.' Igualmente, orienta lo antes determinado el criterio emitido por el Alto Tribunal, a través de su otrora Tercera Sala, cuyos rubro y texto son: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE INTRODUCEN ARGUMENTOS NO HECHOS VALER EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo se introducen razonamientos ajenos a los que se expresaron en la contestación a la demanda en el juicio natural, los mismos resultan inoperantes pues no pudo haberse incurrido en violación de garantías por el tribunal responsable al no examinar razonamientos ajenos a la litis.' En otro sentido, el quejoso refiere, que en diversa parte de la resolución reclamada, el Magistrado responsable no cumplió con lo ordenado por el artículo 16 constitucional al determinar que el juez primigenio designó al albacea definitiva a petición de los coherederos por constituir la mayoría, y que dicha resolución tiene sustento en el artículo 1071 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad aplicable, que dispone: "Artículo 1071. En la sentencia el juez declarará herederos a los que hubieren justificado su parentesco con el autor de la sucesión y si ninguno lo hubiere justificado, declarará heredero al Fisco. En la misma sentencia resolverá quién es el albacea definitivo que será nombrado por el juez de entre los herederos declarados, si ninguno hubiere obtenido mayoría de votos." Lo cual, a su parecer, es incorrecto porque de la literalidad del precepto transcrito se establece que en la misma sentencia se resolverá quién es el albacea definitiva y que en el caso, el Juez de origen lo hizo fuera de sentencia; además, que no bastaba que la mayoría de coherederos lo pidiera después de que se dictó sentencia, cuando la persona que se había designado era precisamente María Guadalupe Hernández Ayala, quien nunca aceptó el cargo, por lo que, en todo caso debió prevenirlos, pues al no aceptar probó totalmente su falta de interés y responsabilidad para encargarse de administrar los bienes hereditarios Lo anterior es infundado. Es así, porque no puede considerase que aunque el artículo 1071 invocado establezca que en la sentencia el juez resolverá quién es albacea definitiva, esta designación no pueda realizarse en algún momento posterior; ello, pues incluso como en el juicio sucesorio de origen ocurrió, la designación de albacea definitivo, en primer término se realizó en la interlocutoria que resolvió la primera sección, sin embargo, el ahora quejoso, quien ostentaba el cargo, fue removido; de ahí que era necesaria de designación de un nuevo representante de la sucesión. Asimismo, también es infundado el argumento relativo a que no bastaba con que la mayoría de los coherederos votara por María Guadalupe Hernández Ayala para fungir con el carácter de albacea definitivo, ello bajo el argumento de que al no haber aceptado el cargo conferido previamente, implicaba su falta de interés y responsabilidad; ya que la circunstancia de no haber comparecido a realizar la aceptación en diversa ocasión, no revela su falta de idoneidad para desempeñar el cargo, pues incluso nunca lo había tomado ni había sido destituida por ineptitud en su desempeño. En consecuencia, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, procede NEGAR al promovente de amparo la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Enrique Hernández Ayala contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando primero, por las razones expuestas en la última consideración de esta sentencia.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el similar 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19 se provee lo siguiente: 1 DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO Estas son las que se toman enseguida: 1 1 Recepción y registro Visto el oficio 4127 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad al que anexa el cuaderno de amparo directo 541/2021 formado con motivo de la demanda promovida por José Enrique Hernández Ayala; el informe justificado rendido por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad así como el toca de apelación I-163/2021 y constancia de emplazamiento de la tercera interesada María Guadalupe Hernández Ayala; oficio en el que comunica que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; atento al contenido del testimonio que anexa al oficio de mérito este tribunal asume el conocimiento del asunto; por lo que acúsese de recibo Por tanto con fundamento en los artículos 103 fracción I 107 fracciones I y VII constitucionales; 1 fracción I 33 fracción IV 35 107 fracción V 108 110 112 y 115 de la Ley de Amparo SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por José Enrique Hernández Ayala por propio derecho contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1020/2021 Con las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado se ordena formar un tomo de pruebas respetando su folio sello y rúbrica agregando únicamente las carátulas para su debida identificación 1 2 Suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado 1 3 Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 1 4 Informe justificado Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable a fin de que rinda su informe justificado toda vez que ya obra en autos al cual adjuntó las constancias de las que deriva el acto reclamado; por tanto con lo anterior dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional 1 5 Ministerio público Dese al Fiscal de la Federación la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5 fracción IV del ordenamiento legal en cita 1 6 Terceros interesados En términos de lo previsto por el artículo 5o fracción III inciso c) de la Ley de Amparo se tiene como tercera interesada a María Guadalupe Hernández Ayala por sí y en cuanto albacea definitiva de la sucesión a bienes de Antonio Hernández Cázares Sin que haya lugar a reconocer tal carácter a María Bertha Sergio y María de la Luz todos de apellidos Hernández Ayala toda vez que el acto reclamado consiste en la resolución dictada el trece de julio de dos mil veintiuno en el toca de apelación número I-163/2021 que confirmó el auto de veintiocho de mayo del año curso en el cual se designó a María Guadalupe Hernández Ayala como nueva albacea definitiva juicio dentro del juicio sucesorio 1005/2004 por tanto únicamente corresponde la calidad de tercera afectada a esta última por sí y en representación de María Bertha Sergio y María de la Luz todos de apellidos Hernández Ayala Asimismo no ha lugar a ordenar el emplazamiento de la tercera interesada María Guadalupe Hernández Ayala toda vez que ya obran las constancias relativas a su llamamiento; sin embargo notifíquesele el presente proveído en el domicilio ubicado en calle Privada José Juan García sin número de la localidad Río Grande en La Piedad Michoacán Por tanto con apoyo en el numeral 27 fracción II de la Ley de Amparo gírese despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad Michoacán en turno para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva ordenar a quien corresponda notifique este auto a la tercera interesada mencionada en el párrafo que antecede en el citado domicilio Asimismo le informe la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional De igual forma le aperciba para que en el momento de la diligencia o bien dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este auto señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en el entendido que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal sin ulterior acuerdo se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado con apoyo en el dispositivo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo; facultándose al juez auxiliar para que dentro del plazo de tres días siguientes a la realización de la notificación en cuestión reciba la promoción en la que la tercera interesada señale domicilio en esta capital para oír y recibir notificaciones Sin que obste para la diligenciación de la referida comunicación oficial que al recibirse por tal autoridad haya trascurrido el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional toda vez que en ese supuesto este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente De igual formar se le faculta para que habilite días y horas inhábiles para que practique dicha encomienda de conformidad con el artículo 21 párrafo tercero de la ley en cita; hecho que sea lo anterior lo devuelva con las constancias que acrediten su cumplimiento 1 7 Domicilio y autorizados Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Silvia Enríquez Umeki toda vez que cuenta con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho 1 7 Causas de sobreseimiento Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento lo comuniquen de inmediato a este juzgado en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $2 688 60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional) como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento 2 DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES Con apoyo en el Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el similar 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 póngase en conocimiento de las partes que en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2 1 Trabajo a distancia o teletrabajo Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente 2 2 Procedimiento jurisdiccional electrónico Para facilitar la pronta resolución del juicio las partes deben procurar su continuación en forma electrónica bajo el esquema de juicio en línea mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e firma antes FIEL) indistintamente por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible de no haberlo hecho formulen la solicitud respectiva 2 3 Datos de contacto de las partes En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes rápidas y seguras para la salud de los intervinientes 2 4 Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial se ponen a disposición los siguientes medios de contacto en los que previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso se brindará atención mediante llamada telefónica mensajería instantánea o correo electrónico en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Correo electrónico 4jdo11cto@correo cjf gob mx 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes 1 El interesado debe enviar correo electrónico proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso tercero interesado etcétera) b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) por ambos lados c) Número de expediente e información requerida 2 El servidor público que reciba la solicitud la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario la canalizará con el área competente En todo caso responderá a la solicitud de inmediato mediante llamada telefónica mensaje de texto o correo electrónico indicando el tratamiento dado a la gestión 2 5 Presentación de promociones y oficios Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e firma) en cualquier tipo de asunto b) Enviando la promoción u oficio debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado) por medio del referido portal aunque no se cuente con firma electrónica siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Morelia la promoción u oficio La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja revisión o inconformidad) salvo que se realice con firma electrónica 2 6 Publicaciones en lista Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes Adicionalmente este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados 2 7 Atención excepcional de manera presencial y con previa cita La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva A fin de preservar el principio de imparcialidad en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas 2 8 Apercibimientos Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés dará lugar también a otras medidas como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado 2 9 Lineamientos en materia de notificaciones Con fundamento en los artículos 4o y 17 de la Constitución Federal 3o 15 27 fracción II y 28 fracción III de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2 9 1 Se instruye a los actuarios para que por regla general todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas 2 9 2 Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal se ajusten a lo siguiente: 2 9 3 Establezcan contacto telefónico por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados Para ello deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e incluso podrán acudir como hecho notorio a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto 2 9 4 Cerciorados de la identidad de la persona buscada siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente 2 9 5 De no poderse verificar la videollamada previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos Por su lado el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo cjf gob mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos 2 9 6 Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa 2 9 7 Se requiere al Ministerio Público adscrito a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 4jdo11cto@correo cjf gob mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que de no llevarse a cabo dicho acuse o si se rehúsa la recepción del oficio tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación asentando la razón correspondiente 2 9 8 Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales por oficio electrónicas o por cualquier medio tecnológico) 2 10 Integración del expediente físico Se instruye a los secretarios y actuarios para que tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que por ese motivo tengan acceso al expediente físico incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico con las evidencias criptográficas correspondientes sin necesidad de agregarles certificación alguna pues en términos del artículo 3o de la Ley de Amparo la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa Únicamente para el caso de que por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico Hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en el entendido de que la falta de manifestación expresa implica la oposición a la publicación de tales datos Lo anterior en términos de los artículos 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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