José Enrique Garcías Castillo

Expediente 1126/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1126/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • José Enrique Garcías Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. oficio Agréguese únicamente para que conste como corresponda el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual, devuelve el oficio 23041/2023, y comunica que no existe antecedente alguno del quejoso **, en la base de datos del órgano de su adscrpción; hecho del cual se toma conocimiento. Atento a lo anterior, no se realiza mayor pronunciamiento toda vez que por auto de cuatro de agosto del año en curso, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, ordenándose el archivo. Cúmplase.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. aceptan competencia Intégrese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual, trascribe el proveído de veintisiete de julio del año en curso, de cuyo contenido se advierte que el juzgado de su adscripción aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, registrándolo con el número de amparo indirecto ******, de su índice. Archivo Atento a lo anterior, archívese como concluido el cuaderno en que se actúa, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b), previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de una incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional; por tanto, una vez transcurridos seis meses de archivo, procédase a su destrucción material. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el proveído que declaró cumplida la sentencia amparadora dictada en el presente asunto quedó firme el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, ordenándose su remisión al archivo. En ese orden, devuélvase al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, la copia certificada del expediente 360/2003, sin que sea necesario que acuse por su recibo por ser copias certificadas.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Registro Vista la demanda promovida por ********************, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena registrar con el número de expediente 1126/2023-VI-B. Acto reclamado Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente los actos reclamados que el promovente aduce, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese contexto, se tiene que la parte quejosa reclama: El auto de vinculación a proceso y la determinación de modificación de la medida cautelar anteriormente impuesta, para sustituirla por la de prisión preventiva justificada; emitidas en audiencia de veintiocho de junio del año en curso, en la causa de control ******, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México. Incompetencia Ahora del análisis del escrito que se atiende, se obtiene que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. En primer lugar, se establece que la competencia constituye un presupuesto procesal de estudio preferente; derivado de un análisis integral que este Juzgador, realiza de la demanda de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la página 36, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda, por razón de territorio; y, determina que quien debe conocer de la misma es un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. Lo anterior, pues los referidos numerales 37 y 48, de la Ley Reglamentaria de la Materia, establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." En efecto, del análisis del precepto 37 invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan a continuación en el orden siguiente: La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el apartado precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se hubiese presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. En el caso que nos ocupa los actos reclamados son: El auto de vinculación a proceso y la determinación de modificación de la medida cautelar anteriormente impuesta, para sustituirla por la de prisión preventiva justificada; emitidas en audiencia de veintiocho de junio del año en curso, en la causa de control 125/2023, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Entonces, se puede concluir que los actos reclamados señalados por el quejoso requieren ejecución material pues sus consecuencias inciden directamente con la libertad personal del quejoso, mismo que se encuentra recluido en el Centro Preventivo y Readaptación Social de Otumba Tepachico, Estado de México, se asevera lo anterior ya que la materia del presente asunto será el estudio de la modificación a la medida cautelar de prisión preventiva y sobre el auto de vinculación a proceso emitidas dentro de la causa de control ******, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México; por tanto, es inconcuso que los actos reclamados deberán tener ejecución material en el lugar en que la parte quejosa se encuentra recluida; lo anterior, en virtud de que es donde físicamente, en su caso, se ejecutará las determinaciones que reclaman; por tanto, el juez competente para conocer de dichos actos es aquel que tiene jurisdicción donde se ejecutará el acto reclamado. En consecuencia, se ordena remitir el original del juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que tenga a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto, en términos a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubor y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Máxime, que también el proceso penal que se sigue al quejoso se encuentra radicado en esa jurisdicción, a saber, ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México, pues las determinaciones reclamadas derivan de la causa de control 125/2023, de su índice, circunstancias que se corroboran con las manifestaciones que realiza el quejoso "bajo protesta de decir verdad", en su ocurso de demanda. Por tanto, dadas las características y naturaleza de los actos reclamados, se estima actualizada la hipótesis señalada, dado que, como ya se indicó, las determinaciones reclamadas tienen ejecución material, ya que precisamente el sentido de estas restringe de manera directa la libertad del imputado, y asegura su presencia en el proceso. Apoya lo anterior, por las consideraciones que expone, la jurisprudencia PC.XVI.P. J/6 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, que en su índice menciona lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA PENAL, AUNQUE NO COINCIDA CON LA DEL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. Cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la determinación del Juez de Control en la que decreta la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es el que tiene jurisdicción sobre el tribunal que conoce de la causa penal, aun cuando la jurisdicción no coincida con la del lugar de reclusión del quejoso, pues los efectos de la medida se trasladan directamente al proceso, dado que la prisión preventiva busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad; en tanto que la reclusión física es sólo una consecuencia. Esta interpretación, además, es acorde con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal y que busca conservar la unidad del proceso." (Plenos de Circuito; 10a. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; publicada el viernes veinticinco de octubre de dos mil diecinueve a las 10:35 h) Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, conforme el artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, practíquense las notificaciones que este Juzgador considere necesarias, personalmente al quejoso, en el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad. Autorizados Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizadas; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Exhorto En ese sentido, atendiendo al sentido de la presente determinación, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda, se constituya en el interior de las instalaciones que ocupa el Centro Preventivo y Readaptación Social de Otumba, Tepachico, Estado de México, y le notifique el presente proveído al quejoso ********************. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al juez encargado de llevar a cabo la diligencia encomendada para que en caso de ser necesario, habiliten días y horas inhábiles, a fin de realizar su desahogo. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberán realizarse por la misma vía. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta del expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; y por exhorto al quejoso.

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