José Enrique del Valle Pignataro

Expediente 712/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
712/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
19/10/2018

Partes del expediente

  • José Enrique del Valle Pignataro
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    *** TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el veinticuatro de agosto del año en curso (fojas 98 a 99), la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintisiete de agosto de la presente anualidad (foja 100), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar el veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 60 a 83), se determinó conceder al quejoso José Enrique Del Valle Pignataro, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: "a) Los artículos 23, fracción IV, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia 00097006604A15803292, realizado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y b) Devolver la contribución erogada, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse incluir la actualización fiscal correspondiente. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el veinticuatro de agosto del año en curso, la Delegada de la autoridad responsables Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria de veintidós de agosto de la anualidad citada, a nombre de José Enrique Del Valle Pignataro (aquí quejoso) y del que se advierte que devolvió la cantidad de $18,313.42 (Dieciocho mil trescientos trece pesos 42/100 moneda nacional), por concepto de devolución de pago de lo indebido con su actualización fiscal respectiva (fojas 98 a 99). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $18,316.42 (Dieciocho mil trescientos dieciséis pesos 42/100 moneda nacional), menos la comisión bancaria de $3.00 (Tres pesos 00/100), da como resultado un total de $18,313.42 (Dieciocho mil trescientos trece pesos 42/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho y el veintidós de agosto del año en curso, se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero al mes de junio, ambos de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado). Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero del año en curso fue de 132.009; y para el mes de junio del año en curso 132.282. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00206. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $18,313.42 (Dieciocho mil trescientos trece pesos 42/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $18,351.14 (Dieciocho mil trescientos cincuenta y uno 14/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $18,313.42 (Dieciocho mil trescientos trece pesos 42/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $37.72 (Treinta y siete pesos 72/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $18,313.42 (Dieciocho mil trescientos trece pesos 42/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, ya que el promovente del amparo adjuntó a su demanda documental privada en original, consistente en el recibo de pago expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, glosado a los presente autos a foja doce, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger la citada documental; apercibido que de no hacerlo, la misma podrá ser destruida junto con el expediente. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense a sus autos el libelo y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante los cuales la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado y anexo de mérito, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistos el escrito y anexo de cuenta, suscrito por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo refiere que se turnaron los datos de la parte quejosa a la Dirección General de Tesorería, a efecto de llevar a cabo la transferencia bancaria a su favor; consecuentemente, téngase a la autoridad de mérito en vías de cumplimiento al fallo protector concedido en el presente sumario, en la inteligencia de que se estará a la espera del cumplimiento total del mismo.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de la Materia, en contra de la sentencia terminada de engrosar el veinte de junio de dos mil dieciocho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. En la inteligencia de que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada conforme al precepto 35 del Código Fiscal para el Estado de Nayarit; asimismo, las autoridades deben allegar las operaciones aritméticas que realicen para obtener la actualización de la cantidad a devolver. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, requiérase a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de autoridad responsable y superior jerárquico del Recaudador de Rentas, para que ordene a este último, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una de ellas, por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley.

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