José Enrique de Fatima Rosado López
Expediente 550/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 39 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Enrique de Fatima Rosado López
- Ricardo Alonso Rivero y Castillo
- Ricardo Alonso Rivero y Castillo y Otros.
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chetumal, Quintana Roo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
II.- Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a las partes en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en este juicio de amparo, por lo que es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, contra el acto que reclamó a la autoridad responsable: "En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección solicitado por RICARDO ALONSO RIVERO Y CASTILLO, para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, con sede en esta ciudad: Una vez que se declare ejecutoriada la presente sentencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a las facultades que le otorga la ley, de manera inmediata, provea sobre el desahogo de pruebas ofrecidas por la parte actora en autos del juicio ordinario laboral PEDC-129/2017, del índice de las autoridades responsables." Por acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el procedimiento derivado de la suspensión de labores informada mediante Circular CAP/3/2020 emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y del Secretario de las Comisiones en Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, causó ejecutoria la sentencia, y se agregaron las constancias remitidas por la autoridad responsable para informar el cumplimiento de la referida sentencia ejecutoriada; para acreditar lo anterior, anexó las documentales correspondientes y se dio vista a las partes, con las referidas constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa realizando manifestaciones respecto al cumplimiento, por lo que se solicitó a la autoridad responsable remitiera las constancias de notificación respectivas del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte en autos del expediente PEDC- 129/2017 de su índice. En proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se recibieron las constancias requeridas a la responsable y se dio vista a la parte quejosa. Mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, y en atención a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, se requirió a la autoridad responsable para que remita copia de todas las contancias relativas a los proveídos de dieciséis de diciembre de dos mil veinte y once de febrero de dos mil veintiuno, incluyendo las constancias de notificación respectivas, debidamente certificadas y legibles. En proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se recibieron las citadas constancias y se dio vista a las partes para los efectos legales conducentes. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al estar certificadas y suscritas por servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con la que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo fue el dieciséis de diciembre de dos mil veinte. En tal virtud, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, puesto que el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dictó el auto de admisión de pruebas en autos del expediente PEDC- 129/2017 de su índice; por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que el presente expediente debe ser depurado, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en referido artículo, éste debe ser depurado y posteriormente deberá ser transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación; asimismo, y como lo dispone el párrafo segundo del referido artículo, en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda, sentencia respectiva, acuerdo donde cause ejecutoria el fallo emitido, así como el presente proveído, mismas que deberán digitalizarse debiendo depurarse las constancias restantes; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que deberá realizarse la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. De igual manera, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Por otra parte, no es óbice a lo anterior, los escritos de la parte peticionaria del amparo que se glosaron por autos de cuatro y diez de febrero y uno y dos de marzo de dos mil veintiuno, mediante los cuales, en relación al cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, en lo que interesa, refiere que no ha sido debidamente atendida la sentencia en virtud de las notificaciones realizadas por la autoridad responsable a la parte demandada, aquí tercero interesada, asimismo, que las constancias remitidas por la autoridad responsable se encuentran incompletas y carentes de certificación alguna. Lo anterior no tiene mayor relevancia alguna, pues en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se recibieron las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, debidamente certificadas; ahora bien, no se soslaya que la autoridad remitió incompletas las constancias relativas al acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, sin embargo, esto no causa mayor perjuicio a la parte quejosa, en virtud de que las mismas constancias fueron recibidas de manera íntegra, completa y legible en proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, con las cuales previamente ya se le había otorgado la vista correspondiente a la parte quejosa, para los efectos legales conducentes. Al respecto, se afirma que las aseveraciones de la parte quejosa, constituyen una cuestión que no se encuentra comprendida en el efecto protector de la sentencia de amparo que se analiza, puesto que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, con sede en esta ciudad, estaba compelida a provea sobre el desahogo de pruebas ofrecidas por la parte actora en autos del juicio ordinario laboral PEDC-129/2017, del índice de las autoridades responsables, situación que fue realizada mediante acuerdo dictado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte; lo anterior, aunado a que se dio vista en estos autos con las referidas constancias. Asimismo, se precisa a la parte inconforme, que esta autoridad federal se constriñe únicamente a calificar lo concerniente al cumplimiento a la sentencia de amparo y no a la legalidad de la actuaciones correspondientes a cómo desahoga y/o realiza sus notificaciones la autoridad responsable en sus expedientes; ello, por la sencilla razón de que no fue parte de su efecto protector, por lo que las manifestaciones de la parte quejosa son cuestiones ajenas al mismo, al combatir propiamente la legalidad y el sentido del desahogo de las referidas probanzas o situaciones que deriven de ellas, tales como las notificaciones realizadas, puesto que en ningún momento se le precisó a la autoridad responsable que provea en cierto sentido o notifique sus actuaciones de cierta manera; por lo que en todo caso se deja a salvo el derecho de la parte quejosa, para que en el momento procesal oportuno, haga valer, si así lo estima conveniente, el medio de defensa que considere pertinente y por las vías e instancias legales correspondientes, combata las determinaciones posteriores, en el juicio de origen, que pudieran causarle alguna afectación a sus derechos. Finalmente agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por Rafael Adrián Del Ángel Chay, autorizado en términos amplios de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante el cual solicita el cumplimiento del presente juicio de amparo; sin que se tenga que realizar mayor pronunciamiento en virtud de lo dispuesto en líneas que anteceden. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
II.- Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Rafael Adrián Del Ángel Chay, autorizado en términos amplios de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, con el cual realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria federal realizado por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas dichas manifestaciones y tómense en consideración al resolverse respecto al referido cumplimiento. NOTIFÍQUESE.
- Principal
II.- Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Rafael Adrián Del Ángel Chay, autorizado en términos amplios de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, con el cual desahoga la vista otorgada en proveído de veintiséis de febrero del año en curso y realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria federal realizado por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas dichas manifestaciones y tómense en consideración al resolverse respecto al referido cumplimiento. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio y anexos remitidos por la Presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales da cumplimiento a lo requerido en proveído de dieciséis de febrero del año en curso y remite constancias para acreditar su dicho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las diversas documentales adjuntas al citado, para que dentro del plazo de TRES DÍAS computados a partir de la legal notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga si así lo estiman pertinente; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis 2ª.XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON EL APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constancia remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad"
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