José Enrique Chab Contreras
Expediente 974/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Enrique Chab Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
MESA I.Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurrido los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al posible valor jurídico del presente expediente, se hace el señalamiento de que no lo tiene. Finalmente, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga.
- Principal
MESA I. Vistos nuevamente los informes justificados rendidos por la Jefa del Departamento del Servicio Profesional Docente de la Dirección de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación, Secretario de Educación y Director de Educación Secundaria, todos del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, con los que informan su acto de autoridad. En su demanda inicial, la parte quejosa en su apartado de acto reclamado señaló como tal, la omisión de contestar el escrito de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, ingresado en la dirección de Secundarias de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, el día siete de Mayo de dos mil dieciocho. Por tanto, debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, que disponen literalmente lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Para mayor entendimiento, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, para que la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, que consiste en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Con relación a lo expuesto, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J.9/98, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por tanto, de las constancias que adjuntaron las autoridades responsables al momento de rendir su informe con justificación, se advierte que mediante oficio sin número de once de septiembre del año dos mil dieciocho, la Jefa del Departamento el Servicio Profesional Docente de la Dirección de Educación Secundaria, acordó que de conformidad a la petición planteada en su escrito de cuatro de abril de dos mil dieciocho, presentado ante la Dirección de Secundarias de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, el día siete de Mayo de dos mil dieciocho, que en relación a su participación en la etapa 1 de evaluación de permanencia 2017-2018, del Servicio Profesional docente, se esté en espera de la resolución definitiva que se emita; documental que obra en autos y la cual tiene valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia Asimismo, se le notificó el trece de septiembre de dos mil dieciocho, según se advierte del oficio de mérito. Luego, si de tales constancias se advierte que las responsables resolvieron respecto del acto que se duele la parte quejosa, tal como lo señaló en su apartado de actos reclamados, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; habida cuenta que dicha pronunciación de la autoridad responsable respecto al escrito de referencia, y la notificación de dicho proveído aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que fue el veintinueve de agosto del año en curso. Sirve de orientación, la jurisprudencia que lleva por rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Lo subrayado corresponde a este Juzgado. Por consiguiente, si el efecto jurídico es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario del amparo y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Sustenta esta decisión, por analogía, la tesis II.1º C.T. 217 K, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, conforme a lo establecido en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Por otra parte, mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto al oficio sin número de once de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por la Jefa del Departamento del Servicio Profesional Docente de la Dirección de Educación Secundaria del Gobierno del Estado de Yucatán. En dicho oficio se señaló que en relación a su participación en la etapa 1 de evaluación de permanencia 2017-2018, del Servicio Profesional docente, se esté en espera de la resolución definitiva que se emita. Mediante oficio sin número de quince de noviembre de dos mil diecinueve, la Jefa del Departamento del Servicio Profesional Docente de la Dirección de Educación Secundaria del Gobierno del Estado de Yucatán, rindió su informe en relación con la ampliación de demanda y señaló que tal y como precisó en el oficio sin número once de septiembre de dos mil dieciocho, realizó diversas gestiones ante la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y ésta última, mediante oficio CNSPD/DGPE/L00.3.1/2018 de diez de diciembre de dos mil dieciocho, señaló que de conformidad con los lineamientos para llevar a cabo la evaluación de desempeño del personal docente y técnico docente en Educación Básica y Media Superior en el ciclo escolar 2017-2018, emitidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, el resultado se integrará considerando los criterios técnicos que defina dicho instituto y se registrará en el "SNRSPD", y que la solicitud de esa autoridad educativa de habilitar nuevamente la plataforma para que las autoridades inmediatas cumplan con la etapa 1 es improcedente, por lo que se ratificó el resultado final obtenido por los docentes. Ahora bien, este juzgador considera que en relación con el acto reclamado en la ampliación de demanda atribuido a la Jefa del Departamento del Servicio Profesional Docente de la Dirección de Educación Secundaria del Gobierno del Estado de Yucatán, consistente en el oficio sin número de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." Esta causa de improcedencia se actualiza ante la presencia de un hecho extraordinario que no depende de la autoridad responsable, que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que el acto lesione al quejoso. Tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución de los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo. En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." (Tesis 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En el particular, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el oficio sin número de once de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por la Jefa del Departamento del Servicio Profesional Docente de la Dirección de Educación Secundaria del Gobierno del Estado de Yucatán, en el que se señaló que en relación a su participación en la etapa 1 de evaluación de permanencia 2017-2018, del Servicio Profesional docente, se esté en espera de la resolución definitiva que se emita. Ahora bien, el contenido del acto reclamado revela que la orden de evaluación docente a la que se sujetó el aquí quejoso, tiene su fundamento legal en la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece. Sin embargo, el anterior ordenamiento legal quedó abrogado por virtud del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil diecinueve, vigente a partir del día siguiente de su publicación. En efecto, los transitorios segundo y tercero del aludido decreto, disponen literalmente lo siguiente: "Segundo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto. Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente. En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación. Tercero. Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio." Como se aprecia de la transcripción anterior, la Ley General del Servicio Profesional Docente, que sirvió de fundamento legal para la emisión del acto reclamado fue abrogada; de ahí que, de resultar que el procedimiento de evaluación de permanencia docente, resultase inconstitucional; los efectos del fallo protector ya no pueden surtir efecto legal o material alguno, puesto que mediante el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, se ordenó suspender cualquier evaluación docente, así como dejar sin efectos los actos de aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que afectaron la permanencia de los maestros en el servicio. Asimismo, de estimarse que no son ajustados a derecho los actos reclamados, la autoridad responsable no estaría en aptitud jurídica de concretar una posible concesión del amparo, dado que por decreto presidencial se estableció dejar si efectos la Ley General del Servicio Profesional Docente; por tanto, ningún efecto jurídico tendría analizar los actos materia de la Litis, ya que a través del aludido decreto, se modificó el entorno en el cual éste fue emitido, lo que trae como consecuencia que la materia del acto reclamado dejó de existir. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo anterior, al surtirse las causales de improcedencia previstas en los numerales 61, fracción XXI y XXII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Vistos nuevamente los informes justificados rendidos por la Jefa del Departamento del Servicio Profesional Docente de la Dirección de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación, Secretario de Educación y Director de Educación Secundaria, todos del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, con los que informan su acto de autoridad. En su demanda inicial, la parte quejosa en su apartado de acto reclamado señaló como tal, la omisión de contestar el escrito de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, ingresado en la dirección de Secundarias de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, el día siete de Mayo de dos mil dieciocho. Por tanto, debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, que disponen literalmente lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Para mayor entendimiento, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, para que la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, que consiste en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Con relación a lo expuesto, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J.9/98, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por tanto, de las constancias que adjuntaron las autoridades responsables al momento de rendir su informe con justificación, se advierte que mediante oficio sin número de once de septiembre del año dos mil dieciocho, la Jefa del Departamento el Servicio Profesional Docente de la Dirección de Educación Secundaria, acordó que de conformidad a la petición planteada en su escrito de cuatro de abril de dos mil dieciocho, presentado ante la Dirección de Secundarias de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, el día siete de Mayo de dos mil dieciocho, que en relación a su participación en la etapa 1 de evaluación de permanencia 2017-2018, del Servicio Profesional docente, se esté en espera de la resolución definitiva que se emita; documental que obra en autos y la cual tiene valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia Asimismo, se le notificó el trece de septiembre de dos mil dieciocho, según se advierte del oficio de mérito. Luego, si de tales constancias se advierte que las responsables resolvieron respecto del acto que se duele la parte quejosa, tal como lo señaló en su apartado de actos reclamados, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; habida cuenta que dicha pronunciación de la autoridad responsable respecto al escrito de referencia, y la notificación de dicho proveído aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que fue el veintinueve de agosto del año en curso. Sirve de orientación, la jurisprudencia que lleva por rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Lo subrayado corresponde a este Juzgado. Por consiguiente, si el efecto jurídico es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario del amparo y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Sustenta esta decisión, por analogía, la tesis II.1º C.T. 217 K, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, conforme a lo establecido en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Por otra parte, mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto al oficio sin número de once de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por la Jefa del Departamento del Servicio Profesional Docente de la Dirección de Educación Secundaria del Gobierno del Estado de Yucatán. En dicho oficio se señaló que en relación a su participación en la etapa 1 de evaluación de permanencia 2017-2018, del Servicio Profesional docente, se esté en espera de la resolución definitiva que se emita. Mediante oficio sin número de quince de noviembre de dos mil diecinueve, la Jefa del Departamento del Servicio Profesional Docente de la Dirección de Educación Secundaria del Gobierno del Estado de Yucatán, rindió su informe en relación con la ampliación de demanda y señaló que tal y como precisó en el oficio sin número once de septiembre de dos mil dieciocho, realizó diversas gestiones ante la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y ésta última, mediante oficio CNSPD/DGPE/L00.3.1/2018 de diez de diciembre de dos mil dieciocho, señaló que de conformidad con los lineamientos para llevar a cabo la evaluación de desempeño del personal docente y técnico docente en Educación Básica y Media Superior en el ciclo escolar 2017-2018, emitidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, el resultado se integrará considerando los criterios técnicos que defina dicho instituto y se registrará en el "SNRSPD", y que la solicitud de esa autoridad educativa de habilitar nuevamente la plataforma para que las autoridades inmediatas cumplan con la etapa 1 es improcedente, por lo que se ratificó el resultado final obtenido por los docentes. Ahora bien, este juzgador considera que en relación con el acto reclamado en la ampliación de demanda atribuido a la Jefa del Departamento del Servicio Profesional Docente de la Dirección de Educación Secundaria del Gobierno del Estado de Yucatán, consistente en el oficio sin número de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." Esta causa de improcedencia se actualiza ante la presencia de un hecho extraordinario que no depende de la autoridad responsable, que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que el acto lesione al quejoso. Tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución de los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo. En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." (Tesis 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En el particular, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el oficio sin número de once de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por la Jefa del Departamento del Servicio Profesional Docente de la Dirección de Educación Secundaria del Gobierno del Estado de Yucatán, en el que se señaló que en relación a su participación en la etapa 1 de evaluación de permanencia 2017-2018, del Servicio Profesional docente, se esté en espera de la resolución definitiva que se emita. Ahora bien, el contenido del acto reclamado revela que la orden de evaluación docente a la que se sujetó el aquí quejoso, tiene su fundamento legal en la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece. Sin embargo, el anterior ordenamiento legal quedó abrogado por virtud del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil diecinueve, vigente a partir del día siguiente de su publicación. En efecto, los transitorios segundo y tercero del aludido decreto, disponen literalmente lo siguiente: "Segundo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto. Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente. En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación. Tercero. Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio." Como se aprecia de la transcripción anterior, la Ley General del Servicio Profesional Docente, que sirvió de fundamento legal para la emisión del acto reclamado fue abrogada; de ahí que, de resultar que el procedimiento de evaluación de permanencia docente, resultase inconstitucional; los efectos del fallo protector ya no pueden surtir efecto legal o material alguno, puesto que mediante el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, se ordenó suspender cualquier evaluación docente, así como dejar sin efectos los actos de aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que afectaron la permanencia de los maestros en el servicio. Asimismo, de estimarse que no son ajustados a derecho los actos reclamados, la autoridad responsable no estaría en aptitud jurídica de concretar una posible concesión del amparo, dado que por decreto presidencial se estableció dejar si efectos la Ley General del Servicio Profesional Docente; por tanto, ningún efecto jurídico tendría analizar los actos materia de la Litis, ya que a través del aludido decreto, se modificó el entorno en el cual éste fue emitido, lo que trae como consecuencia que la materia del acto reclamado dejó de existir. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo anterior, al surtirse las causales de improcedencia previstas en los numerales 61, fracción XXI y XXII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el informe justificado en relación a la ampliación de la demanda, rendido por la Jefa del Departamento del Servicio Profesional Docente, de la Dirección de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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