Jose Enrique Buenrostro Sanchez

Expediente 1117/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1117/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • Jose Enrique Buenrostro Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1117/2020-III-C. Por otra parte, toda vez que por auto de once de septiembre de dos mil veinte, se acordó lo relativo al oficio mediante el cual el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado En Materia Civil del Segundo Circuito, remitió testimonio de la ejecutoria emitida el uno de julio del año en curso, en el amparo en revisión 40/2020, de su índice, interpuesto por el quejoso ; asimismo, toda vez que no fueron remitidos los autos del presente juicio de amparo, en el mismo proveído, se reservó la remisión del presente juicio al archivo definitivo, hasta en tanto fueran devueltos los mismos, lo cual ya aconteció. En consecuencia, al ser un asunto totalmente concluido con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia se ordena el archivo del presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes

  2. Incidental

    téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1117/2020-III-C. Por otra parte, toda vez que por auto de once de septiembre de dos mil veinte, se acordó lo relativo al oficio mediante el cual el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado En Materia Civil del Segundo Circuito, remitió testimonio de la ejecutoria emitida el uno de julio del año en curso, en el amparo en revisión 40/2020, de su índice, interpuesto por el quejoso ; asimismo, toda vez que no fueron remitidos los autos del presente juicio de amparo, en el mismo proveído, se reservó la remisión del presente juicio al archivo definitivo, hasta en tanto fueran devueltos los mismos, lo cual ya aconteció. En consecuencia, al ser un asunto totalmente concluido con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia se ordena el archivo del presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes

  3. Principal

    SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2° de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta firmado por el quejoso****, mediante el cual expone que no cuenta con recursos económicos para el pago de la publicación de los edictos ordenados mediante proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, solicitando se realice la publicación de los mismos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Atento lo anterior, dígase al quejoso que no ha lugar a acordar favorable su petición, toda vez que tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación de la parte quejosa de la imposibilidad de sufragar el gasto. b) La existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En tales consideraciones, en cuanto al segundo de los presupuestos, se afirma que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos, esto es, debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública, ya que de lo contrario se presume que el aquí quejoso cuenta con solvencia económica para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios. Resultando aplicable en lo conducente la tesis I.3o.C.973 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA." Ahora, si bien en el caso que nos ocupa, este juzgador, debe tomar en consideración las particularidades del caso en concreto, pues las mismas deben ser ponderadas por el órgano juzgador y en tanto tenga indicios suficientes, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública. En el caso la parte quejosa no aportó medio de prueba alguno para acreditar su falta de solvencia económica, por lo que no queda comprobado que carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio; sin embargo, contrario a ello de autos se desprende que la parte quejosa se encuentra asistida por un abogado particular, afirmando así, la posibilidad económica con la que cuenta para sufragar los gastos de la publicación de los edictos ordenados. Por lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto la capacidad económica que tiene la parte quejosa para poder acceder a este tipo de representación, dado el costo que tienen los servicios de un profesional del derecho, que se hace cargo de la defensa de una persona durante el procedimiento e incluso para solicitar la intervención de las autoridades federales para la tutela de sus derechos humanos, pues no se debe soslayar la generalidad de que no todas las personas cuentan con este privilegio, sino que tienen que acudir a la representación que brinde el Estado por conducto de un defensor público, el cual, si bien es cierto puede brindarles una defensa efectiva, a pesar del cúmulo de trabajo que representan, lo cierto es que, no se puede comparar con la asesoría que ofrece un abogado particular que se aboque exclusivamente al conocimiento de un asunto; por consecuencia, este tipo de asesoría personalizada y profesional genera necesariamente un costo que no todas las personas pueden cubrir. Lo antes expuesto, sin que pase inadvertido la manifestación del quejoso en el sentido de que el pago de sus abogados es gratuita hasta en tanto cuente con recursos para estar en posibilidad de pagarles, pues como se dijo con anterioridad, no ofreció prueba alguna para demostrar su dicho. De esa forma, al ser interpretados de forma sistemática y conjunta los indicios que existen en contra de la quejosa para demostrar su capacidad económica, deben subsistir por encima de aquellos que pudieran operar en su beneficio, en tanto que se desvirtúa de manera efectiva que es persona que no cuenta con ingreso económico alguno y, por ende, no puede sufragar el costo de los edictos, lo cual impide ubicarlo en la hipótesis de excepción que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, pues como se destacó anteriormente, ese beneficio constituye una dispensa extraordinaria que se encuentra destinada para aquellas personas que no puedan hacer frente al gasto de los edictos, porque su situación patrimonial precaria hace imposible cumplir con esa obligación procesal, pues de hacerlo dejarían de cubrir incluso sus necesidades básicas de subsistencia; lo cual, en el caso particular, no se encuentra justificado, pues se presume que el aquí quejoso cuenta con la solvencia económica para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios. Máxime que, como ya se dijo, la parte quejosa autoriza a la persona que precisa en su escrito inicial de demanda, de ahí que se afirme la capacidad económica que tiene para sufragar el gasto de la publicación de los edictos aquí ordenados; por tanto, como se adelantó resulta improcedente su petición respecto a que la publicación de los edictos sea a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior la tesis XXVII.3o.56 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de cinco de septiembre de dos mil catorce; que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO Y AL PARTICULAR SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS". Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 75/2015, de su índice, interpuesto en el diverso juicio de amparo 192/2015-I, del índice de éste Juzgado, al considerar: "[.] Con base en las directrices jurídicas expuestas, como se adelantó, el agravio en estudio resulta infundado, pues no se acreditó el estado de insolvencia -escasos recursos económicos- del justiciable, para que se le pudiera relevar de la carga procesal de cubrir el costo de los edictos que fueron ordenados mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil quince, emitido en el juicio de amparo 192/2015-I, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. - Conclusión. Al resultar infundados los agravios del recurrente, sin que se desprenda queja deficiente que suplir, lo procedente -como conclusión obligada- es declarar infundado el presente recurso de queja. [.]"

Quedan 26 actuaciones en este expediente

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