José Enedino Gil Alonso
Expediente 1561/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1561/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2017
Partes del expediente
- José Enedino Gil Alonso
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que ha transcurrido el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de once de septiembre de dos mil diecisiete, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia.
- Principal
2 DESECHAMIENTO En principio, es necesario precisar que de la lectura integral al escrito de demanda de amparo, así como del diverso aclaratorio, se advierte que José Enedino Gil Alonso, señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional el auto de siete de mayo de dos mil catorce, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 2216/2008 del Juzgado de lo Civil de Teziutlán, Puebla, a través del cual la autoridad responsable tuvo al hoy quejoso por conforme con el dictamen emitido por el perito nombrado por la parte actora en el juicio de origen, así como su notificación. Ahora, resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas por la promovente, bajo protesta de decir verdad, mismas que hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que es parte formal dentro del juicio de origen (parte demandada), y que compareció al mismo, pues adujo haber promovido diverso juicio de amparo 621/2013, en contra del emplazamiento que le fue realizado en el mismo; asimismo, que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. Establecido lo anterior, respecto del acto reclamado consistente en el auto de siete de mayo de dos mil catorce, el suscrito advierte en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, en razón a que el citado auto de siete de mayo de dos mil catorce, no constituye la última resolución que ha de pronunciarse en el procedimiento de ejecución. Los artículos y fracciones referidas, establecen: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]". De lo transcrito, se advierte que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso; y tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Lo anterior es así, porque la mencionada fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparos con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. Así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Lo anterior, es suficiente para establecer que el presente juicio de amparo, resulta notoriamente improcedente, ya que el auto de siete de mayo de dos mil catorce, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 2216/2008 del Juzgado de lo Civil de Teziutlán, Puebla, a través del cual la autoridad responsable tuvo al hoy quejoso por conforme con el dictamen emitido por el perito nombrado por la parte actora en el juicio de origen, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que con tal determinación no se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio de origen, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente, o bien, no es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En otro orden, respecto del acto reclamado hecho consistir en la notificación del auto de siete de mayo de dos mil catorce, el suscrito Juez Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; " La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que se considera que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que en contra de la notificación del proveído de siete de mayo de dos mil catorce, realizada en el juicio ejecutivo mercantil 2216/2008 del Juzgado de lo Civil de Teziutlán, Puebla, procede el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, que establece: "Artículo 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto". Como se advierte del numeral en cita, el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado procede en contra de las notificaciones hechas indebidamente u omitidas dentro de un procedimiento mercantil, y cuyo resultado puede ser el de nulificar la notificación que no se haya hecho conforme a la ley de la materia, así como lo actuado con posterioridad a la misma. De ahí que en contra del acto reclamado consistente en la notificación del proveído de siete de mayo de dos mli catorce, de considerar que le fue practicada en forma distinta a la establecida en la codificación aplicable, debe ser impugnada a través del incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Lo anterior, porque como ya se dijo, el ahora quejoso no tiene el carácter de tercero extraño a juicio, al ser parte formal dentro del juicio de origen (parte demandada), y comparecer al mismo, según se advierte de sus manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda y el diverso aclaratorio. Por ende, al encontrarse incorporado a la relación jurídico-procesal, está obligado a que previamente a la promoción del juicio de amparo agote los medios ordinarios de defensa en cumplimiento al principio de definitividad que rige para el juicio de garantías. Ello, sin perjuicio de que en el juicio natural ya se haya dictado sentencia porque tal circunstancia no impide la procedencia del incidente de nulidad, en la medida de que la incidencia tiene como finalidad dejar sin efectos la notificación impugnada o bien ordenar su práctica, así como dejar sin efectos las actuaciones practicadas con posteridad, incluido el auto que declara ejecutoriada la sentencia. En consecuencia, al actualizarse las citadas causas de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Enedino Gil Alonso.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se admitió el recurso de queja interpuesto por Valentín Varillas Henáine, en contra del proveído de siete de junio de dos mil diecisiete. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento del presente juicio de amparo, por lo que se dejan sin efecto las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 4/2012 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro IX, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de dos mil doce, de rubro y textos siguientes: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO. En tal virtud, gírese atento oficio al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para su conocimiento y surta sus efectos dentro de la queja 183/2017 de su estadística. Por otro lado, intégrese a los autos el telegrama de la Administradora Desconcentrada Jurídica de Veracruz "2" en representación del Administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal de Veracruz "2", por el que acusa recibo de los oficios 10904/2017 y 10905/2017 del índice de este órgano jurisdiccional y solicita le sea enviado el escrito inicial de demanda. En tales condiciones, como lo solicita la autoridad oficiante, mediante oficio que se gire al Administrador Desconcentrado de Audotoria Fiscal de Veracruz "2", envíesele copia simple del escrito inicial demanda; asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable designando como delegados de su parte a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Finalmente, requiérase a las responsables para que rinda su informe justificado respecto del acto que se le reclama en el escrito de ampliación de demanda, dado que a la fecha en que se actúa ha sido omisa en rendirlo no obstante de estar debidamente notificada para ello, al cual deberá acompañar copias certificadas de las constancias conducentes con las cuales apoyen su dicho, con el apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada el doce de julio de dos mil diecisiete, dentro de la queja Q-93/2017, interpuesta contra el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil diecisiete en el juicio de amparo número 774/2017, mismo que también devuelve, acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber a las partes que el recurso de referencia, se resolvió bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el asunto como tal y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.
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