José Emmanuel Rivera Belmontes

Expediente 907/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
907/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • José Emmanuel Rivera Belmontes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de dos de octubre de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo 907/2023-II, promovido por José Emmanuel Rivera Belmontes; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Como lo dispone los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Cabe precisar que el citado Acuerdo General establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 907/2023-II, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintitrés en este Juzgado de Distrito, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por el siguiente acto reclamado: "La omisión de emitir el acuerdo sobre la calificación y admisión de pruebas." (sic) El solicitante del amparo señaló como prerrogativa fundamental violada la contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés se registró la demanda en el libro de gobierno con el número 907/2023-II que le correspondió, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio intervención al Fiscal Federal de la adscripción y se señaló fecha para llevar al cabo la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; ello en razón de que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de la responsable en emitir el pronunciamiento respectivo a los medios probatorios en un procedimiento laboral, siendo este órgano de control constitucional el que previno en el conocimiento del asunto. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, se tiene que ********************, se duele de la omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no emitir el pronunciamiento correspondiente respecto a las pruebas ofertadas dentro del expediente administrativo laboral ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia el acto que le fue reprochado en esta contienda. Al respecto se cita de la tesis de jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al ser una cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, misma que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Para una mejor comprensión del significado de la causal de improcedencia anteriormente transcrita, es necesario observar lo que señala la tesis aislada P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, visible en la página 71, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." El criterio anterior establece que para que concurra la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto reclamado por la parte quejosa quede insubsistente y que las cosas vuelvan al estado actual que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal; de tal manera, que ese acto ya no le perjudique al agraviado y pueda disfrutar del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Para el caso sujeto a estudio, debe resaltarse que la agraviada reclama de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, la omisión de emitir el pronunciamiento correspondiente a los medios probatorios ofertados en el procedimiento laboral ******************** de su índice. Pero, de las constancias que obran en el presente expediente y que fueron remitidas por dicho órgano colegiado, con su informe justificado, se aprecia que el cuatro de septiembre del año en curso, emitió el acuerdo correspondiente a los medios probatorios ofertados por las partes actora y demandada en el expediente de origen (fojas 30 a 33). Es decir, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dictó el pronunciamiento, cuya omisión, es la causa de pedir en esta contienda. A los medios de convicción relacionados, se les otorga el valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo; siendo suficientes para acreditar sin lugar a dudas la circunstancia que en ellos se contienen. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Atento a lo anterior, si originalmente la causa de pedir de la agraviada, lo fue la omisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, en calificar los medios probatorios ofertados en el procedimiento laboral ******************** de su orden cronológico, y dicha responsable en proveído de cuatro de septiembre del año en curso, emitió el pronunciamiento respecto, resulta por demás obvio que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado y, como consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo procedente sobreseer esta contienda constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la apuntada legislación. Por las consideraciones que la conforman, aplicables al caso concreto, se cita el contenido de la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 193758, visible en la página 38, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Materia Común, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por ********************. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 1170/223, firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en alcance a su informe justificado, remite diversas documentales relativas al acto reclamado en este juicio; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Tocante a las constancias de mérito, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas desde este momento, dada su naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Ténganse por rendidos los informes justificados suscritos por la Presidenta y los Actuarios, todos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; en tal razón, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de dar cuenta con los mismos en la audiencia constitucional respectiva. En relación a las constancias que se adjuntaron al primero de los informes de referencia, téngase a la autoridad remitente cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

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