Josè Emmanuel Cano Landa
Expediente 1116/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 32 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Josè Emmanuel Cano Landa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de abril de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta signados por el Secretario del Consejo de Salubridad General, a través de los cuales, refiere rendir sus informes sobre la suspensión de plano decretada en autos y justificado; sin embargo, se ordena agregar los oficios que nos ocupan sin mayor acuerdo, toda vez que mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, con apoyo en el ordinal 9° de la Ley de la Materia, se tienen como sus delegados a los profesionistas que designa, y conforme a lo que establece el número 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, remite el expediente original del juicio de amparo 1116/2021-II, así como el testimonio de la ejecutoria de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, emitida por el aludido Tribunal en el recurso de queja administrativo 142/2022, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. Se desecha el recurso interpuesto por el Secretario de Salud y por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dependiente del Poder Ejecutivo Federal. SEGUNDO. Se declara sin materia el recurso de queja interpuesto por los Servicios de Salud Morelos". Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante acuerdo de dieciocho de marzo del año actual, este órgano jurisdiccional se reservó pronunciarse en lo relativo a ordenar el archivo definitivo del presente asunto, ello hasta en tanto el Tribunal Colegiado resolviera lo conducente en relación con los recursos de queja interpuestos en autos, circunstancia que ya aconteció por lo que al respecto se provee. Se ordena archivo Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que el nueve de septiembre y catorce de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa; por lo que, deberán conservarse sólo las constancias relativas a dicha suspensión. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Queda firme En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Se remite queja Asimismo, se desprende que a la fecha en que se actúa dichos medios de impugnación no se encuentran debidamente integrados; no obstante, toda vez que la materia de dichas quejas lo constituye la medida cautelar concedida a la parte impetrante a efecto de que las autoridades responsables dentro del ámbito de sus respectivas facultades legales llevaran a cabo las acciones necesarias para que se aplicara al menor quejoso las dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra COVID-19 Pfizer-BioNTech, misma que ya ha cumplido con su objetivo y se estima que ha dejado de surtir sus efectos con motivo de la presente determinación. Por tanto, a efecto de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena remitir a la brevedad posible dichos medios impugnativos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, a fin de que esté en condiciones de emitir el pronunciamiento que en derecho proceda. Se reserva archivo Finalmente, vista la certificación de cuenta de la que se desprende que se encuentra pendiente de resolver la queja contra la suspensión de plano, se reserva proveer respecto del archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, hasta en tanto el Tribunal resuelva lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por la parte quejosa; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de febrero actual, remite la constancia relativa a la inoculación con la primera dosis de la vacuna producida por Pfizer-BioNTech al menor quejoso J.E.C.L.. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que, para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar a la parte quejosa. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, como ya se vio, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, el cual hizo consistir esencialmente en la omisión de aplicar al menor quejoso las dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra COVID-19 producida por el laboratorio Pfizer-BioNTech. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, así como de las manifestaciones hechas por la parte quejosa, se advierte que se aplicaron las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech al menor quejoso. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión de aplicar al menor quejoso las dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra COVID-19 Pfizer-BioNTech, y ya fueron aplicadas las mismas, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional, por lo que, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos de los actos reclamados. Por lo anterior expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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