José Emmanuel Ayala Castañeda
Expediente 413/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- José Emmanuel Ayala Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Durango, Durango, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que a la fecha ha trascurrido el término de diez días que para promover el recurso de revisión establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes lo haya hecho; por lo que archívese el incidente sin perjuicio de las eventualidades que pudieren promover las partes de acuerdo a las disposiciones legales que procedan. El cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción en un término de tres años por encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal registrado con el número 5492, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VII, página 6440, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con la "Nota" contenida en el numeral 43, punto 3, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, que dice: "NOTA. Si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". Si se negó la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible" Con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, en un plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, siempre que se cuente con su original, previa la anotación correspondiente De acuerdo al numeral 35 del propio Acuerdo General, anótese en las carátulas de ambos cuadernos la leyenda "destruible".
- Principal
Durango, Durango, a treinta de mayo de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el término que para promover el recurso de revisión en contra de la sentencia, establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívense los autos. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, por encontrarse en los supuestos a que se refieren los incisos a), del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal registrado con el número 5492, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VII, página 6440, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De acuerdo al numeral 35 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del expediente la leyenda "destruible".
- Principal
V I S T O S, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 413/2022, promovido por contra actos del Juez Primero de Control y Enjuiciamiento de esta ciudad de Durango, y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós en el buzón automatizado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este Estado de Durango, *******demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Se señalan como AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: Fiscal General del Estado de Durango, con domicilio.Durango, Dgo. Vicefiscal de Investigación y Litigación de la fiscalía general del Estado de Durango, con domicilio.Durango, Dgo. El Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Libertad Sexual. con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Primero de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Tercero de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Cuarto de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Quinto de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Sexto de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Séptimo de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Octavo de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Noveno de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Décimo de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Décimo Primero de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Décimo Segundo de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Décimo Tercero de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Décimo Cuarto de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Décimo Sexto de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Décimo Séptimo de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Décimo Octavo de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. El Juez Décimo Noveno de Control y Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, con domicilio.Durango, Dgo. Administrador de la Dirección Administrativa de Jueces de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Juzgados de Ejecución, con domicilio.Durango, Dgo. Se señalan como AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS: 1. El Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado, con domicilio.Durango, Dgo. 2. El Comandante de la Policía Investigadora de Delitos, Coordinador de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado, con domicilio.Durango, Dgo. IV.- ACTO RECLAMADO: De las Autoridades señaladas como responsables ORDENADORAS se les reclama lo siguiente: La orden de detención, retención, localización y/o presentación, aprehensión, comparecencia, investigación, así como de todos los efectos que agravien al suscrito JOSÉ EMMANUEL AYALA CASTAÑEDA, sobre todo, a efecto de que no se me prive o restrinja mi libertad. La negativa de acceso e imponerse de actuaciones de la carpeta de investigación en contra del quejoso JOSÉ EMMANUEL AYALA CASTAÑEDA a fin de ejercer mi derecho de Acceso a la Justicia, Debido Proceso y Defensa Adecuada. De la Autoridad señalada como responsable EJECUTORA, se le relama lo siguiente: La ejecución, cumplimiento, supervisión de la orden de detención, retención, aprehensión, localización y/o presentación, comparecencia, investigación, en agravio del suscrito quejoso JOSÉ EMMANUEL AYALA CASTAÑEDA, por constituir actos de molestia sin la debida fundamentación y motivación, así como de todos los efectos jurídicos y materiales que constituyan agravio en mi persona". SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, que se admitió en auto de siete de abril de dos mil veintidós bajo el número 413/2022, en el que se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación; se otorgó intervención a la Fiscal de la Federación; se previno a las partes en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que se inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su residencia dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuarto, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, reformado por su similar 35/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados resulta conveniente tomar en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del inconforme, y precisar los actos materia de la litis constitucional, en los siguientes términos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, ese mismo Máximo Tribunal de la República estableció las reglas para la fijación clara y precisa de los actos reclamados, que se contienen en la tesis P. VI/2004, publicada en la foja 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que versa: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que del estudio integral de la demanda de amparo y de las constancias que integran este sumario, pone en conocimiento que el quejoso José Emmanuel Ayala Castañeda, reclama: La orden de aprehensión y/o detención girada en su contra, así como su ejecución; y La negativa de darle acceso e imponerse de las actuaciones que obran en la carpeta de investigación CDI/FG/R1/DGO/13337/21, que se instruye en su contra en la Unidad Especializada en Delitos Sexuales de la Vicefiscalía de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado de Durango. TERCERO. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y ...". Conforme a esta porción normativa procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando no existe el acto reclamado. No es cierta la orden de captura que reclama el quejoso José Emmanuel Ayala Castañeda pues así se advierte de la lectura del informe justificado que rindió la autoridad responsable ordenadora, en el que negó haber emitido alguna orden tendente a privarlo de su libertad personal. Lo que se corrobora con lo expuesto por las diversas ejecutoras pues también negaron tener a su cargo alguna orden de captura en contra del disconforme. Sin que exista prueba que desvirtúe esas negativas por lo que lo procedente es sobreseer en este enjuiciamiento de garantías conforme a lo que dispone el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otro lado, tampoco es cierto el diverso acto que reclama el disconforme consistente en la negativa de acceder a la carpeta de investigación CDI/FG/R1/DGO/13337/21, que se instruye en su contra, pues así se advierte del contenido del informe con justificación que rindió la Coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales de la Vicefiscalía de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado de Durango, en el que si bien reconoció la integración de esa indagatoria, lo cierto es que de las constancias que la conforman, y que tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se obtiene que el aquí quejoso en ningún momento ha solicitado intervenir en esa investigación. De manera que si conforme al artículo 82 del propio Código Civil adjetivo, "el que afirma está obligado a probar", el peticionario de amparo debió acreditar que elevó una solicitud ante la autoridad ministerial para acceder e imponerse de las actuaciones que obran en la carpeta de investigación seguida en su contra y que se le negó esa petición, lo que no aconteció, por lo que debe tenerse por inexistente la negativa que reprocha al Agente del Ministerio Público responsable. Apoya la jurisprudencia I.3o.A. J/21, visible en la página 660, del Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, Octava Época, de Semanarios Judicial de la Federación, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". En esas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, y al no existir prueba que desvirtúe lo informado por las autoridades responsables, lo procedente es sobreseer en este enjuiciamiento de garantías conforme a lo que dispone el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 284, publicada en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". Y la tesis consultable en la página 903, del Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E:ÚNICO. SE SOBRESEE en este juicio de garantías que promovió ***********contra los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Notifíquese.
- Principal
Durango, Durango, a veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Tesorería de la Federación en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del billete de depósito N831535, expedido por Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Notifíquese.
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