José Emilio Sánchez Flores
Expediente 366/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/06/2021
Partes del expediente
- José Emilio Sánchez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de junio de dos mil veintiuno. Adquiere firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No se ordenó su apertura. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Anotaciones y archivo. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ************ LA SIGUIENTE DETERMINACION QUE REZA: Mexicali, Baja California, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación Arbitraje de Mexicali, Baja California, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, remite copia certificada del proveído de diez de agosto de dos mil veinte, así como constancia de notificación relativa realizada al aquí quejoso el doce de mayo del año en curso. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso concreto, se actualiza, a consideración de este juzgador y, en atención a las razones de hecho y fundamentos de derecho que en este acuerdo se vierten una causal de improcedencia que obliga a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, por lo que en primer término y para explicar el porqué de lo anterior, es dable referir que el acto reclamado por la parte quejosa es: i. La omisión de la autoridad repsonsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación Arbitraje de Mexicali, Baja California, de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 1975/2020-3C, en los plazos y términos previstos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En la especie, se precisa que, si bien es verdad que el quejoso se duele de la omisión de la autoridad señalada como responsable, atinente a no señalarle fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del término de ley, no menos cierto resulta que, previo a efectuar tal señalamiento es inconcuso que debe existir el pronunciamiento del acuerdo respectivo, dado que, si éste no existe por ende, aquel señalamiento mucho menos podría existir. Entonces, sin que lo que se aseveró en párrafo precedente, nos lleve a concluir que se está cambiando o variando el acto reclamado, pues lo cierto es que, lo único que se hace es precisar el mismo, ello acorde a lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la ley de Aparo, el cual si bien es cierto habla de la fijación del acto reclamado en la sentencia, ello no es ónice para que, como ocurre en el caso, al decretar el sobreseimiento fuera de audiencia no pueda invocarse a fin de precisar el acto reclamado, el cual, se precisa, consiste realmente en la omisión de la Junta señalada como responsable de emitir el acuerdo de radicación en el que fije la fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica en materia laboral. Luego, si bien es verdad que, de las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad señalada como responsable y con las cuales se da cuenta en este acuerdo, denotan que dicha responsable las remitió en cumplimiento al requerimiento que le fue hecho mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, por lo que, en todo caso, con tales constancias debía darse vista a la parte quejosa para los efectos legales conducentes; empero, ello a determinación de este juzgador y sin que ello implique trastocar las reglas del procedimiento del juicio de amparo, se considera innecesario en atención a lo que en adelante se expone. En efecto, resulta innecesario dar vista a la parte quejosa con las constancias de trato, dado que ello no llevaría a ningún fin práctico dentro del presente juicio de amparo, sino por el contrario, implicaría actuar en contra del mandato contenido en el artículo 17 Constitucional, dado que, en la especie se advierte de esas documentales una causal de improcedencia que obliga a este juzgado a decretar, aun fuera de audiencia, el sobreseimiento respectivo, tal cual se explica a continuación. Primeramente, se estable que, las documentales en cuestión, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Acto continuo, de esas documentales se colige que, el diez de agosto de dos mil veinte, la Junta responsable dictó auto de radicación dentro del juicio laboral 1975/2020-3C, proveído en el cual, ??????????????? dicha responsable se declaró legalmente incompetente por materia para conocer de la demanda interpuesta por el actor José Emilio Sánchez Flores -aquí quejoso-, mismo que le fue notificado el doce de mayo de dos mil veintiuno, por conducto de su apoderado legal, tal como se advierte de la cédula de notificación y de la firma estampada por el quejoso en el propio auto de radicación de la demanda laboral. Por lo anterior, es decir, dado el sentido plasmado en el auto de veinte de agosto de dos mil veinte, pronunciado por la Junta en cita, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional aun en el caso de que se le diera vista con las constancias allegadas a este sumario constitucional y esta manifestara su deseo de reclamar dicho auto, ya no por la omisión de su dictado, ni porque la autoridad responsable no le señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, sino por el contenido del propio auto, no sería dable la procedencia del juicio de amparo por lo que respecta a ese proveído, ello dado que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, como se vierte enseguida: Improcedencia. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que por los efectos y consecuencias que genera lo determinado por la Junta en su auto de trato, no tiene una ejecución irreparable que justifique la procedencia de esta vía y, por ende, continuar con el trámite del presente juicio, máxime porque no puede llegarse a una conclusión diversa de la que hoy se expone y, de hacer lo contrario, es decir, continuar con dicho trámite, sería tanto como contravenir el principio de economía procesal y expedites de la justicia. En efecto, por principio de cuentas, debe tenerse presente que el acto reclamado en este juicio y el cual ya se dejó determinado, no existe como tal y que, el contenido del auto de diez de agosto de dos mil veinte, en sí no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra carta magna, pues de ninguna forma es constitutivo de derechos ni de condena, sino que simplemente es una actuación que es parte del procedimiento derivado del juicio laboral 1975/2020-3C y ese acto sólo se relaciona con la declaración de incompetencia, que declinó la Junta responsable para conocer el conflicto laboral, ordenando remitir los autos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, mas no con derechos sustantivos, lo que, sin duda, genera que sus efectos no se identifiquen con el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Esto es así, a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, el tres de abril de dos mil trece, dicho precepto y fracción establece una precisión para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación", contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos, como el que nos ocupa en el caso concreto. En dicha disposición, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de "imposible reparación", ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, en los procedimientos judiciales propiamente dichos (artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo), se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: . En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas.". Por lo anterior, válidamente puede decirse que el auto de diez de agosto de dos mil veinte, donde la Junta responsable en contra de lo esperado por el quejoso, consistente en la admisión de su demanda y la fijación de fecha y hora para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, determinó declararse legalmente incompetente para conocer del reclamo laboral del quejoso, no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente, dado que la declaración de incompetencia hecha por la autoridad responsable y remite los autos originales a una distinta, se trata de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, sino únicamente afectaría derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo, haciéndolo valer como violación procesal, en su caso. De ahí que válidamente puede decirse que en el caso particular, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque lo así determinado por el Junta responsable, atento a su naturaleza jurídica, los efectos y las consecuencias que produce, carecen de una ejecución de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía y por ende, el continuar con el trámite del presente juicio de amparo, dado que, como se dijo, de hacerlo llevaría implícito infringir lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, respecto a la expedites en la administración de la justicia, de ahí que, se reitera, ningún fin práctico tendría el seguir adelante con este juicio si al final el resultado no cambiaría. Sin que con la anterior determinación, se le deje a la parte quejosa en estado vulnerable, ya que aun en las relatadas condiciones, puede llegar a obtener sentencia favorable en el juicio de origen. En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, aplicada a contrario sensu y, el ordinal 63 fracción V, todos de la Ley de ??????????????? Amparo, decretar desde luego, el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, lo cual es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que ni aun con el curso y trámite del juicio de amparo, se modificaría la naturaleza y los efectos de lo determinado por la Junta responsable en su auto de diez de agosto de dos mil veinte. Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con cuarenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió en este órgano jurisdiccional el informe justificado rendido por la autoridad responsable, al que adjuntó copia certificada del auto de diez de agosto de dos mil veinte, dictado dentro del juicio laboral ********************, de su índice; sin embargo, se advierte que el mismo no cuenta con las firmas de los miembros correspondientes ni se adjuntó constancia de notificación relativa. Requerimiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a fin de que, dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita en copia certificada acuerdo de radicación de la demanda presentada por la aquí quejosa, debidamente firmado por los miembros de dicha Junta laboral, así como las constancias de notificación relativas a dicho auto, ya que se estima que las mismas, son necesarias para la resolución del presente asunto. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el artículo 259, de la Ley de Amparo, se impondrá al titular de cada una de ellas, en lo particular, una multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cincuenta, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese.
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