José Emilio Castillo Marquez
Expediente 74/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Emilio Castillo Marquez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 74/2016-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que el Juez Segundo en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, remitió diversas constancias; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable las constancias de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa: JOSÉ EMILIO CASTILLO MARQUEZ, el auto de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Segundo en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, mediante el cual remite su informe justificado; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos se observa que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de acordar la promoción presentada el trece de enero de dos mil dieciséis, dentro del expediente 390/2015. Señalado lo anterior, de las constancias que anexó la autoridad responsable, se aprecia que el quince de enero de dos mil dieciséis, emitió el acuerdo conducente a la promoción presenta por la impetrante el trece de enero de dos mil dieciséis, dentro del expediente 390/2015, relativo al juicio sumario civil (cumplimiento de contrato), promovido por José Emilio Castillo Márquez -aquí quejoso-, contra Iván Nicolás Mendoza Vargas, auto que le notificó a la parte actora, el veintiséis de enero actual; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la peticionaria de amparo, ha cesado, ya que al haber emitido el acuerdo de quince de enero de dos mil dieciséis mediante el cual, dio respuesta a la petición de la parte quejosa y habérselo notificado el veintiséis del mismo mes y año, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI , de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V , de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sin que pase desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo , establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo , o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 12, noviembre de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." (Lo resaltado es propio). Finalmente, en atención al volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar el anexo (I), el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 2868/2014-V, un disco compacto y copia certificada del dictamen de cuatro de diciembre de dos mil quince, pronunciado en el incidente de inejecución de sentencia 506/2015, en la cual determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declare sin materia el incidente de inejecución y, en su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido" Agréguese a los autos del presente juicio de amparo el cuaderno de antecedentes formado por motivo del incidente de inejecución de sentencia, para que obre como corresponda; asimismo, como lo solicita se ordena acusar recibo mediante MINTERSCJN, a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por consiguiente, por así permitirlo el estado procesal que guardan los presentes autos y vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declaran firmes las resoluciones de quince de julio y diez de agosto de dos mil quince, mediante las cuales se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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