José Emiliano Santiago Navarro
Expediente 1104/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Emiliano Santiago Navarro
Actuaciones
- Principal
MESA I. Agréguese a los autos el escrito firmado por Santiago Aguirre Ariel Emiliano promoviendo en representación de José Emiliano Santiago Navarro; en atención a su contenido... devuélvanse los documentos solicitados, previa copia certificada que se deje en su lugar y toma de razón que por su recibo se asiente.
- Principal
MESA I.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de ocho de enero del año en curso, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA I. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dieciocho de diciembre, feneció sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicha determinación y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
MESA I.SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo signada por Santiago Aguirre Ariel Emiliano, tutor interino del presunto interdicto *****, contra actos de la Magistrada María Estela Castañón Romo, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 1104/2018-I-A. PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto a su admisión, es importante tomar en consideración lo establecido en el numeral 114, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Con base en la porción normativa transcrita, el Juez de Distrito al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir: Irregularidades, como el soslayar acreditar la personalidad con que se ostenta el promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera. Omisión de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108, de la ley de la materia, entre ellos, el señalamiento de la autoridad responsable. Sobre esa base, es conveniente traer a contexto la fracción III, del numeral 108, de la citada Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)" De los preceptos transcritos, se conoce que el impetrante tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional de manera precisa los actos y autoridades que señala como responsables. Ahora bien, del capítulo de actos reclamados señala como tal "QUE NO SE HAYA TOMADO EN CUENTA QUE LAS PRUEBAS QUE PRESENTÓ EL MINISTERIO PÚBLICO FUERON OBTENIDAS POR MEDIO DE TORTURA, en la causa penal 129/2014". Y como autoridad responsable se advierte que señala a la licenciada Magistrada MARÍA ESTELA CASTAÑON ROMO. Ahora bien, toda vez que no se advierte con claridad el acto por el cual la autoridad responsable no tomó en cuenta que las pruebas que presentó el Ministerio Público fueron obtenidas por medio de tortura, o incluso la fecha de esa determinación, pues si bien señala que tuvo conocimiento de la misma el treinta de noviembre del presente año, no determina cuándo fue dictada la misma. Asimismo, que de las constancias que anexó a su escrito inicial de demanda se advierte la resolución unitaria de diez de marzo de dos mil diecisiete, en la que la Magistrada de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Agente del Ministerio Público Investigador, así como por la defensora pública, en contra de la sentencia definitiva de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Vigésimo Segundo Penal de la Ciudad de México, por lo que es incuestionable la necesidad que tiene este Órgano de Control Constitucional que la parte quejosa aclare el acto que reclama. Por ello, resulta imposible emplazar a juicio a la citada responsable, a fin de que pueda rendir su respectivo informe, ya que no se advierte con claridad el Órgano Jurisdiccional al que se encuentra adscrita la Magistrada que señala como responsable. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV, y 114 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA.", requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con copia de su diverso aclaratorio precise la denominación actual, completa y correcta de la o las autoridades responsables y especifique el acto que de ella reclama: Lo anterior, a fin de que este juzgado pueda cumplir con el correcto llamamiento al juicio de garantías de la autoridad responsable, la parte quejosa se encuentra obligada a señalar con precisión la denominación correcta de las autoridades. Irregularidad que es necesario que subsane, en virtud de que el señalamiento de la autoridad responsable debe ser de tal forma que permita su específico emplazamiento; ya que de la interpretación sistemática y funcional del artículo 108, fracción III, en relación con el 26, fracción II inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del suscrito practicar el emplazamiento y las notificaciones a las autoridades responsables por medio de oficio que se entregue en el domicilio de su oficina principal. Los requerimientos que al efecto se emiten, conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado ordinal 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." Lo anterior en virtud de que, a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III de la Ley de Amparo, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que la quejoso señaló, como lo es la indicación de las autoridades responsables. Esta consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia número 711, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 593, del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que a la letra dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aún ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el que señala en su escrito de demanda y como autorizados de la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las personas que señala. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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