Jose Emiliano Realpe Angulo
Expediente 388/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jose Emiliano Realpe Angulo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente por haberse concedido la suspensión de plano, es conservable, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se emitió "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", a nombre de los quejosos José Emiliano Realpe Angulo y Mariuxi Roxanna Juez Montoya; por tanto, ha sobrevenido la causal prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, al haberse actualizado un cambio de situación jurídica que implica que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento de origen, como a continuación se verá. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conforme a la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página doscientos diecinueve, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 199808, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa reclama, en esencia, su detención y alojamiento en la estación migratoria de esta ciudad y, como consecuencia de ello, su incomunicación y posible traslado a diversa estación migratoria o deportación. Luego, si bien es cierto en autos está acreditado que los quejosos fueron detenidos por autoridades migratorias y alojados temporalmente en la estación migratoria de esta ciudad; también es cierto que de las documentales remitidas por la autoridad responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, consistentes en copia certificada del "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", a nombre de los quejosos José Emiliano Realpe Angulo y Mariuxi Roxanna Juez Montoya, se desprende que el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés se otorgó a la parte quejosa un documento que le permitió salir de la estación migratoria y continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer en esas instalaciones. Asimismo, del pronunciamiento respectivo no se advierte que se haya ordenado el retorno asistido o la deportación de los quejosos a su lugar de origen. Por tanto, es claro que, con motivo de la determinación de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por la parte quejosa generada con motivo de la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias, de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. En efecto, en el caso se reúnen los presupuestos necesarios para estimar actualizado el cambio de situación jurídica, debido a que los actos reclamados emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, a saber, el expediente correspondiente a los procedimientos administrativos migratorios: 1. EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXL/1128/PRESENTADOS/28-03-2023. 2. EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXL/1129/PRESENTADOS/28-03-2023. Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se permitió a los quejosos continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer alojados en la estación migratoria, de modo que se modificó la situación en que se ubicaban los quejosos respecto de la forma en que llevará el procedimiento administrativo migratorio. Entonces, tomando en consideración que las violaciones que se aducen en este juicio de amparo derivan de la detención y el alojamiento en la estación migratoria, es claro que no podría decidirse sobre dichas cuestiones sin afectar la nueva situación jurídica, precisamente, porque sustituyeron la decisión preliminar en la que -entre otras cuestiones- se ordenó la presentación de la parte quejosa y su alojamiento en la estación migratoria durante el trámite administrativo correspondiente y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones aquí reclamadas. Finalmente, se estima que entre la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias y la determinación de veintiocho de marzo del año en curso, existe autonomía. Ello es así, ya que no concurre entre ellos una relación causa-efecto, pues la última determinación se emitió al actualizarse la hipótesis del artículo 102 de la Ley de Migración, en la que se valoraron las circunstancias particulares de la parte quejosa para establecer si era posible o no proseguir su procedimiento administrativo migratorio sin necesidad de permanecer alojados en las instalaciones de la autoridad responsable, de modo que esta última decisión puede subsistir, con independencia de que el acto materia de este juicio de amparo resulte o no inconstitucional. En tales condiciones, al estar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, respecto de la totalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en este juicio, debiéndose hacer la anotación respectiva en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.
- Principal
Mexicali, Baja California, doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el informe y anexo que rinde la autoridad responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual remite las constancias requeridas en proveído de tres de abril de dos mil veintitrés.
- Principal
Mexicali, Baja California, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe respecto de la suspensión de plano decretada en autos que rinde la autoridad responsable y, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, se le tiene designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a quienes mencionan, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, la autoridad responsable es omisa en remitir copias certificada, íntegra y legible las constancias relativas al cumplimiento de la suspensión de plano, respecto de la quejosa Mariuxi Roxanna Juez Montoya tal y como se le requirió mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, requiérasele para que dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación remita las constancias aludidas, apercibida de que en caso de ser omisa, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización de esta fecha; ello, con independencia de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir con su conducta.
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