Jose Emiliano Alejandro Garcia
Expediente 972/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Emiliano Alejandro Garcia
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 972/2021-II. En veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno,Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, impone la obligación de revisar la demanda de protección, y si existiere una causa manifiesta de improcedencia podrá desecharse de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes es importante mencionar que de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que dicha indagatoria dio inicio por la denuncia presentada por José Emiliano Alejandro García ante el agente del ministerio público, por delitos cometidos en su agravio; por tanto, es concluyente que el mismo tiene el carácter de víctima en esa investigación. Lo indicado en párrafos precedentes revela la actualización de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, prevista por el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, ello, con el carácter de indudable y manifiesta. Se afirma, porque la determinación ministerial reclamada en la demanda de protección tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el promovente antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. Para demostrar lo anterior, se invoca el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales De lo anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones, (determinaciones) u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir ante un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que el acto reclamado por José Emiliano Alejandro García debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de una determinación del Agente del Ministerio Público encargado de la investigación donde aquél tiene el carácter de víctima. De hecho, debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar la ministerial, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria, o el promovente estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma en el presente acuerdo que el reclamo planteado por José Emiliano Alejandro García, encuentra una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la determinación combatida en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, el indicado en el escrito de demanda (ubicado en la Ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones las personas que refiere en la demanda, porque así lo solicitó de manera expresa Notifíquese; en forma personal al quejoso; y cúmplase.
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