José Emigdio Taboada Sánchez
Expediente 597/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Emigdio Taboada Sánchez
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, once de noviembre de dos mil veinte. Causa estado desechamiento. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Existencia de documentos originales. Finalmente, tomando en consideración que en el expediente obra un documento original, conforme al artículo décimo primero del referido acuerdo se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado federal a recoger el documento que exhibió en original en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo, dicho documento será destruido. Lo anterior, en el entendido de que por la actual contingencia por la que atraviesa el país, deberá programar su cita a trave´s del sistema "Agenda OJ", del Portal de Servicios en Li´nea del Poder Judicial de la Federacio´n, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", lo que le permitira´ acudir ante este o´rgano jurisdiccional, en te´rminos de lo establecido en los arti´culos 2 y 6 del invocado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de recoger los documentos exhibidos junto con la demanda de amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria licenciada Mercedes Salazar Ávila, que autoriza. Doy fe.KDFS
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Cumplimiento a prevención. Agréguese a los presentes autos el escrito de **********, al que acompaña copia cotejada ante Notario Público de la póliza número 173, libro de sociedades mercantiles, que contiene el testimonio de constitución de sociedad, levantada ante la fe del licenciado Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano, Corredor Público Número Uno del Estado de Tlaxcala, inscrito en el Registro Público de la propiedad y del Comercio bajo la partida número 369, a fojas 72, de la sección 5, volumen 6, del Distrito de Ocampo, de trece de junio de dos mil uno. Atento a las manifestaciones contenidas en el ocurso de cuenta, así como al anexo de cuenta, se tiene al quejoso dando cumplimiento a la prevención formulada el veintiséis del mes y año en curso, toda vez que justifica la personalidad con que se ostenta; esto es, como representante de la moral denominada **********; asimismo, aclara que únicamente se debe tener como actos reclamados los emanados de la causa judicial 216/2018, precisados en el capítulo correspondiente. Por tanto, se provee: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis aislada XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con registro 203196 de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, analizada la demanda de amparo que se promueve contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Tlaxcala y otras autoridades, de quienes reclama en esencia: La judicialización de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-TLAX/0002360/2017. b) La atención a la solicitud de citación para audiencia inicial, a través del citatorio de dos de octubre de dos mil veinte, girado dentro de la causa judicial 216/2018, a efecto de que la parte quejosa comparezca a la audiencia inicial en la cual se le pretende imputar por el delito de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. Se tiene que la misma resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que los actos reclamados ya precisados se emitieron fuera de juicio y no afectan la libertad personal del quejoso, ni su interés jurídico, dado que no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Así es, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se refiere a la facultad del juez de control para citar al imputado a la audiencia inicial de formulación de imputación, pues es del tenor siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y De la anterior transcripción se advierte que la citación representa un aviso al imputado, a efecto de que comparezca ante la autoridad jurisdiccional para que tenga verificativo la audiencia inicial. Así, la facultad que ejerce el juez para citar a una persona para la celebración de una audiencia inicial únicamente tiene el propósito de lograr su comparecencia sin que involucre el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión. Sobre el tema que nos ocupa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2018828, de rubro y contenido siguientes: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.) La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Del anterior criterio se pone de manifiesto que la citación a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere la presencia de una persona para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por tanto, que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el auto que cita al imputado para comparecer a la audiencia inicial, pues no afecta el derecho sustantivo de la libertad personal. Asimismo, resulta ilustrativa la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, visible en la página 2601, del tenor siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Luego, si la parte quejosa reclama la judicialización de la carpeta de investigación, así como la atención a la solicitud de citación para audiencia inicial, a través del citatorio de dos de octubre de dos mil veinte, girado dentro de la causa judicial 216/2018, a efecto de que la parte quejosa comparezca a la audiencia inicial en la cual se le pretende imputar por el delito de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, resulta evidente la improcedencia del juicio que se promueve. Ello, porque al judicializar la carpeta de investigación, la autoridad correspondiente no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, que consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, esos actos revisten el carácter de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social. Por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho También, porque el citatorio reclamado solo tiene por objeto lograr la asistencia de una persona ante la autoridad judicial para el desahogo de la audiencia inicial; de ahí que, no afecta algún derecho sustantivo, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, ya que -se reitera- solo es un llamamiento para que el sujeto al que va dirigido, comparezca al deshago de la audiencia inicial del procedimiento. No es obstáculo a lo anterior que de las documentales que adjuntó la parte quejosa a su libelo se advierta que la citación para la audiencia inicial fue para el día veintisiete de octubre pasado, pues tal aspecto no incide en la improcedencia del juicio si se toma en cuenta que las actuaciones que, en su caso se emitan, por la incomparecencia de la parte aquí quejosa a la referida citación, serían posteriores a la presentación de la presente demanda de amparo y, por ende, ajenas a la materia de la demanda de amparo que ahora se acuerda. En esa tesitura, ante la actualización de la causa de improcedencia aludida, lo procedente conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la Secretaria Judicial Licenciada Mercedes Salazar Ávila, que autoriza. Doy fe.KDFS.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de octubre de dos mil veinte. ( Se devuelven constancias. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que con fecha veintiocho de septiembre del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto, al haberse confirmado el sobreseimiento en el presente juicio por el tribunal de alzada; por tanto, se ordena devolver mediante atento oficio, al Director de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, el expediente 57/2018, que remitió a su oficio de cinco de octubre de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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