Jose Emanuel Villa Amaro
Expediente 1187/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Emanuel Villa Amaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ...En Cuernavaca Morelos, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo 1187/2023, promovido por ********************, sin asistencia de las partes. ... S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amp********************indirecto 1187/2023; y R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O I. Competencia. ...II. Fijación de los actos reclamados. ...III. Inexistencia de los actos reclamados señalados en el inciso [b]. No es cierto el acto reclamado a [2] Secretaría de Educación del Estado de Morelos, [3] Dirección General de Educación Media Superior y Superior y [4] Dirección de Fortalecimiento Educativo y Profesiones, estos últimos dos de la referida secretaría, relativo a [b] la omisión del registro del título universitario y de realizar el trámite de la cédula profesional del quejoso, así como la omisión de su entrega, pues al rendir sus informes con justificación, negaron su existencia. Ello, bajo el argumento de que tales instituciones públicas no cuentan con alguna solicitud por parte del quejoso o de alguna institución educativa mediante la cual se solicite el trámite de expedición de título y cédula profesional de la licenciatura en ********************, en favor de José Manuel Villa Amaro, aquí quejoso. Lo antes mencionado, sin que la parte promovente haya ofrecido medio de convicción para desvirtuar tal negativa; y sin que del informe justificado de la institución educativa, aquí autoridad responsable [1] ********************, se advierta alguna prueba idónea para desvirtuar dicha negativa, por ende, se debe de sobreseer en el presente juicio de amp********************respecto de dichas autoridades responsables. Sin que se inadvierta que el acto reclamado se trata uno omisivo, no obstante, de conformidad con los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en este tipo de actos para ser existentes se requiere que la parte quejosa demuestre que exista el deber de dicha autoridad de realizar tal conducta, y que dicha autoridad esté en aptitud legal de atender lo solicitado conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO". En ese sentido, para que sea atribuible a las autoridades responsables la [b] omisión del registro del título de licenciatura en ******************** y de realizar el trámite de la cédula profesional del quejoso, así como la omisión de su entrega, también es necesario que se encuentre acreditado que al momento de presentación de la demanda tales autoridades se encontraba obligadas a realizar tal acción, lo que en el caso no se encuentra comprobado, pues tanto el quejoso como la autoridad responsable [1] ********************no anexaron documental alguna para demostrar tal cuestión. Mientras que, al contrario, se cuenta con el informe justificado rendido a nombre de las responsables, en el que anexaron copia certificada del oficio ********************, de treinta de agosto de dos mil veintitrés -firmado electrónicamente-, suscrito por el referido [3] Director General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, en el que se indica que de sus registros no se desprende que a ese día el ********************, haya solicitado el trámite de autenticación de título electrónico a favor del quejoso ante dicha unidad administrativa, y que por su parte el trámite de cédula profesional, no es del ámbito de competencia de las responsables, ya que lo tiene que realizar el propio interesado ante la Dirección General de Profesiones. Documental a la cual se le confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en razón de que fue expedida por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Además, porque tratándose de actos omisivos, al igual que en los positivos, la fecha de presentación de la demanda resulta determinante para acreditar su existencia, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 19607, de rubro "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", como evidenció la Segunda Sala de nuestro mismo máximo tribunal, en la diversa jurisprudencia 2a./J. 63/2022 (11a.), con registro 2025625, de rubro "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." Conforme a lo cual, este tipo de actos -omisivos- debe ser delimitado en función de la etapa procesal del asunto al momento en que se presentó la demanda de amp********************-en el cual no se había demostrado aún la existencia de la vinculación de las responsables con el trámite en cuestión-, de allí que en el momento en que se presentó la demanda de amp********************no existía una obligación real y actual tratándose de las responsables -en tanto que conforme a los elementos de convicción que fueron aportados en el presente juicio, se colegia que el trámite de la cédula correspondía al quejoso, y no existía evidencia al momento en que se presentó la demanda de que diversas estuvieran vinculadas para el seguimiento de dicho trámite, el cual aún se encontraba siendo realizado por la institución académica respectiva-, resultando aplicable por ello, por analogía la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amp********************deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por tanto, con los elementos probatorios que se cuenta, y atendiendo a la fecha de presentación de la demanda, resulta inexistente la omisión reclamada por cuanto a las autoridades responsables [2] Secretaría de Educación del Estado de Morelos, [3] Dirección General de Educación Media Superior y Superior, así como [4] Dirección de Fortalecimiento Educativo y Profesiones, estos últimos dos de la referida secretaría, puesto que al momento de presentación de la demanda no estaba demostrado que dichas autoridades estuvieran obligadas a realizar el registro del título de licenciatura en ******************** y el trámite de la cédula profesional del quejoso Jose Manuel Villa Am********************-pues el trámite se encontraba siendo realizado por la institución académica en cuestión, sin que se acreditara la vinculación de una autoridad distinta, tan es así que aún no había sido aprobada la evaluación profesional del quejoso, y resultaba futuro e incierto si tal trámite iba a ser concretado, o si diversas autoridades iban a estar obligadas a realizar actos distintos para su concreción-. Por ende, al no haber sido desvirtuadas tales negativas y situaciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amp********************solamente respecto a los actos reclamados a las referidas autoridades, consistentes en la [b] omisión de realizar los trámites correspondientes para la obtención del título y la cédula profesional reclamados a [2] Secretaría de Educación del Estado de Morelos, [3] Dirección General de Educación Media Superior y Superior, así como [4] Dirección de Fortalecimiento Educativo y Profesiones, estos últimos dos de la referida secretaría, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo expuesto máxime que en todo caso, aún de resultar existente dichas omisiones, se actualizaría en su contra la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que conforme a lo manifestado por el propio quejoso, corroborado con la información recibida por el [1] ********************y la [2] Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, en autos de diez de octubre, veintiuno y veintidós, ambos de noviembre, todos de dos mil veintitrés, se tiene que al aquí quejoso ya le fue expedida su cédula profesional, la cual es de consulta pública en el portal oficial de la Secretaria de Educación Pública, relativa al Registro Nacional de profesionistas en el hipervínculo https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presid encia/indexAvanzada.action. Lo que constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al ordinal 2º, de esta última normatividad, conforme a los razonamientos contenidos en la jurisprudencia XX.2º.J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, correspondiente a enero de dos mil nueve, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." IV. Certeza del acto reclamado. Es cierto lo atribuido a la autoridad responsable [1] ********************, consistente en [a] la omisión de entregar el título de licenciatura en ********************, pues a pesar de que lo negó, al tratarse de un acto omisivo, conforme a los criterios aludidos en el anterior considerando, la carga de la prueba para justificar su inexistencia correspondía a dicha autoridad responsable. Ello en tanto que respecto de dicho acto reclamado, se tiene que se acreditó que la parte quejosa cumplió con los créditos y requisitos del programa educativo de la licenciatura en ******************** para iniciar el procedimiento de titulación desde el día catorce de marzo de dos mil veintitrés y que actualmente no se le ha hecho entrega de dicho título, lo cual se advierte del contenido de su informe justificado -en donde acepta como cierto tal planteamiento del quejoso-, así como de la notificación únicamente firmada por la Directora Administrativa ********************que adjunto a su informe justificado dicha autoridad responsable [1] ********************; y como lo afirmado por dicha autoridad goza de presunción de legalidad, ello atendiendo al artículo 117 de la Ley de Amparo, se debe de tener por cierto dicho acto reclamado al no existir prueba en contrario. Además, con su informe anexó el original de un escrito suscrito por la directora administrativa, de dicha dependencia académica, dirigido al quejoso, de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el que le indicó que el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, estaba agendada su ceremonia de titulación, y posteriormente remitió copia certificada del acta de aprobación de su método de titulación en la fecha aludida, recibida en auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Aunado a ello, las autoridades responsables [2] Secretaría de Educación del Estado de Morelos, [3] Dirección General de Educación Media Superior y Superior y [4] Dirección de Fortalecimiento Educativo y Profesiones, estos últimos dos de la referida secretaría, anexaron a su informe justificado copia certificada del oficio ********************, del que se advierte que el aquí quejoso ********************, estuvo inscrito en la licenciatura en ******************** de dicha institución educativa ********************y que el día dieciséis de marzo de dos mil veintidós se cotejó su historial académico completo. Documentales las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en razón de que fue expedida por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, y las cuales resultan suficientes para acreditar el actuar omisivo de la institución académica responsable, ya que de ellas se desprende que el quejoso aprobó los requisitos para obtener el título en cuestión y que se encontraba realizando el trámite correspondiente al momento de presentación de la demanda, sin que hubiera demostrado haber dado concluido dicho trámite en ese momento -en que se presentó la demanda de amparo-. Por tanto, dichas aseveraciones y tales documentos públicos resultan suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado en mención. V. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se promovió oportunamente, pues al no establecerse un plazo específico en la Ley de Amp********************para reclamar actos omisivos y éstos producir, por su propia naturaleza, consecuencias jurídicas que se renuevan día con día, el plazo para impugnarlos se actualiza mientras persistan. VI. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amp********************es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, dado que en la especie las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio este juzgado federal advierte que se actualice alguna, se procede a entrar al estudio del fondo del asunto. Sin que en el caso se actualice la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos, ya que en la especie, aun cuando el [1] ********************, en los oficios recibidos en acuerdos de catorce y veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, señaló que había realizado todos los trámites para la obtención del título del quejoso, y que tenía conocimiento de que el trece de ese mes y año le había sido entregado, por parte de la [3] Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos -a quien señaló que le correspondía el envío del título digital-. No obstante, no anexó prueba alguna para acreditar su dicho, y al contrario, el quejoso mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil veintitrés -con fecha posterior a la que refirió la responsable que le fue entregado el título-, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, indicó que aún no se le había hecho llegar su título profesional, ya fuera físico o electrónico, mientras que de la misma forma contrario a lo que señala la institución académica en mención, mediante oficio suscrito por el [3] Director General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos recibido en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, tal autoridad, ante el requerimiento que se le formuló para que indicara si había entregado al quejoso el título en cuestión, señaló que una vez que se le regresara al colegio en cita, los documentos de certificación, le "serían entregados" al aquí amparista, y anexó para comprobar dicha circunstancia -que no contaba con tales documentos el colegio respectivo-, copia de un oficio suscrito por el Rector del ********************, en el que manifestó tal circunstancia. Lo que concatenado con el hecho de que en acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, este juzgado proveyó el oficio en que dicha institución académica remitió en originales la notificación de evaluación y el acta de evaluación del aquí quejoso y solicitó le fueran devueltas por "ser de utilidad para trámites administrativos", y en ese sentido ordenó regresar al colegio responsable tales documentos originales previa certificación de los mismos, los cuales fueron recibidos por tal colegio el quince del mes y año en cita, según obra acuse de recibo en el oficio ********************, se tiene que el [1] ********************, no ha realizado todos los tramites conducentes a fin de que le sea entregado el título respectivo al aquí quejoso, ello a pesar de que le fueron remitidos los documentos originales que allegó al presente juicio de amparo. Luego, es que en el caso, el [1] ********************, no ha comprobado fehacientemente que han cesado de forma completa e incondicional los efectos de la omisión que el quejoso reclama, siendo que no puede ser interpretada dicha circunstancia en perjuicio del amparista, en el sentido de dilatar la resolución del presente asunto, a pesar de que se tienen los elementos para resolver, y que aquellos elementos que no fueron allegados responden a circunstancias imputables a las responsables, y que por tal circunstancia sólo les puede perjudicar a las mismas, resultando aplicable al respecto la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." VlI. Estudio. Es fundado uno de los conceptos de violación alegados por el quejoso y suficiente para conceder el amp********************solicitado, para los efectos que serán precisados en el punto considerativo siguiente. La parte quejosa aduce en su concepto de violación establecido en el inciso b), que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio el ******************** humano a la educación consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no le es posible materializar dicho ********************, pues no cuenta con un documento que avale que reunió todos los requisitos para obtener el título profesional de la licenciatura en ********************; así mismo que no le es posible continuar ejerciendo el mismo ********************, pues pretende realizar una especialidad en ********************, y uno de los requisitos solicitados es el título universitario. Una vez establecido lo que antecede, cabe mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amp********************en revisión 323/2014, señaló que el ******************** a la educación es una prerrogativa que tiene todo ser humano a recibir la formación, instrucción, dirección o enseñanza necesaria para el desarrollo armónico de todas sus capacidades, a través de los programas oficiales establecidos y de conformidad con las normas jurídicas vigentes; para tal fin, autoriza que los organismos descentralizados y los particulares impartan el servicio de educación que originariamente corresponde al Estado, lo que encuentra sustento en las fracciones VI y X del artículo 3º constitucional. Además, el segundo párrafo del artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Por su parte, el artículo 141 de la Ley General de Educación, establece que las instituciones del Sistema Educativo Nacional deberán expedir certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas correspondientes. Dichos documentos deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República. Aunado a lo anterior, los artículos 14 y 15 de la Ley General de Educación Superior, señalan que las instituciones particulares podrán otorgar el título profesional, una vez que el estudiante haya cumplido con los requisitos académicos establecidos en los planes educativos y el servicio social, pero para la validez de dicha documentación es necesario que la entidad pública que haya otorgado validez a los planes de estudios del particular, autentifique dicha documentación. De la suma de lo anterior, resulta cl********************que, a nivel licenciatura, una vez que los estudiantes han acreditado debidamente sus materias y han realizado el servicio social, es obligación de la institución educativa expedir el documento mediante el cual se acredite que el estudiante ha terminado y concluido el nivel académico correspondiente, como es el título de licenciatura, mismo que para que tenga eficacia debe estar validado por las autoridades educativas correspondientes y una vez que ello ocurra, continuar con el trámite de la cedula profesional. En el entendido de que, si bien la legislación no tiene establecido un cierto plazo o periodo en el que las universidades privadas deban hacer ese trámite, se entiende que, como todo acto de autoridad, ello debe ocurrir dentro de un periodo razonable. Ahora, en el caso, se cuenta con el original de la documental aportada por la autoridad responsable [1] ********************, consistente en el escrito firmado por la Directora Administrativa de dicha institución, ********************de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, del que se colige que la parte quejosa cumplió con los créditos y requisitos del programa educativo de la licenciatura en ******************** para dar inicio al procedimiento de titulación, lo cual se concatena con la copia certificada del oficio ********************, remitido por las autoridades responsables [2] Secretaría de Educación del Estado de Morelos, [3] Dirección General de Educación Media Superior y Superior y [4] Dirección de Fortalecimiento Educativo y Profesiones, estas últimas dos de la referida secretaría, en el que se preció que el aquí quejoso ********************, estuvo inscrito en la licenciatura en ******************** de la institución educativa en mención, y que el día dieciséis de marzo de dos mil veintidós se cotejó su historial académico completo. Así como las copias certificadas de la notificación y acta, ambas de evaluación profesional, remitidas por el referido colegio, de las que se obtiene que la evaluación del amparista resultó aprobatoria y que se le tomó protesta, como licenciado en ********************. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en razón de que fueron expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. En ese sentido, si bien la autoridad responsable [1] ********************en su informe justificado adjuntó una documental en copia simple, consistente en un comprobante de cita a nombre de ******************** es evidente que ello no comprueba que hubiera cumplido cabalmente con la obligación que al efecto le impone el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, relativa a expedir el título profesional una vez que el estudiante haya cumplido con los requisitos académicos establecidos en el programa. Y aun cuando con posterioridad en los oficios recibidos en acuerdos de catorce y veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés señaló haber concluido los trámites respectivos, no obstante, no anexó prueba alguna para acreditar que entregó al quejoso su título profesional, a pesar de que conforme a los artículos 14 y 15 de la Ley General de Educación Superior, las instituciones particulares están facultadas para el otorgamiento del título profesional, una vez que el estudiante haya cumplido con los requisitos académicos establecidos en los planes educativos y el servicio social. Y si bien dicha obligación se encuentra sujeta a que la entidad pública haya otorgado validez a los planes de estudios del particular, y que se autentifique dicha documentación, lo cierto es que como fue informado por el [3] Director General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, la institución académica no ha culminado tal trámite, pues el rector del colegio responsable, señaló a ese respecto, que continuaría con el mismo, una vez que le fueran regresados los documentos originales -notificación y acta, ambas de evaluación profesional-, lo cuales ya le fueron devueltos desde el quince del mes y año en cita, según obra acuse de recibo en el oficio ********************. Por tanto, los elementos probatorios con que se cuenta, no se advierte una prueba idónea, mediante la cual se acredite fehacientemente haber realizado las gestiones necesarias para la expedición y entrega del título universitario del ahora quejoso dentro de un periodo razonable. Lo anterior es así, pues, si bien se advierte que tal trámite está en proceso, la responsable no acreditó haberlo concluido, no haberlo tramitado en un tiempo razonable, pues incluso con los elementos que se cuenta, actualmente el mismo ha sido paralizado, a pesar de que cuenta con los documentos para su continuación. Sin que sean óbices las manifestaciones vertidas por el representante de dicha institución educativa al rendir su informe justificado respecto a que aún no concluía el trámite solicitado por la parte quejosa, toda vez que no dependía únicamente de la institución, sino de autoridades adscritas a la Secretaría de Educación Pública; empero, como se puntualizó, en autos no se encuentra demostrado que la institución responsable haya realizado las gestiones necesarias para obtener la validación del título profesional a nombre del quejoso en un periodo razonable, ni que haya acudido ante las autoridades correspondientes para ello, por lo que como se analizó en el considerando III, las mismas no se encuentran actualmente vinculadas al seguimiento de dicho trámite. En consecuencia, es fundado el motivo de inconformidad hecho valer por el promovente del amparo, pues en el caso, la autoridad [1] ********************ha incumplido con la obligación de entregarle el título profesional, que acredite a al quejoso como licenciado en ********************, no obstante que con los elementos que se cuenta para resolver, está demostrado que ya cumplió con los requisitos para tal efecto, sin que exista prueba en contrario -respecto a algún impedimento para ello-. Por lo expuesto, se colige que la omisión de la universidad responsable trastoca el ******************** humano a la educación en perjuicio del aquí quejoso, así como su ******************** a ejercer la profesión que seleccionó, en virtud de que no se le permite concluir satisfactoriamente dicho nivel educativo, pues con la eventual entrega del título profesional se concreta el último paso del sistema de educación superior que avala y da certeza jurídica sobre los conocimientos adquiridos, aunado a la circunstancia de que aun cuando ya le fue tramitada la cédula profesional correspondiente, no se tiene evidencia de que se le haya expedido y entregado el título profesional que le dio origen, para que se le permita ejercer plenamente la profesión para la cual estudió. Sin que se inadviertan los alegatos formulados por el promovente, empero, no resulta obligación de este juzgado su estudio, en tanto que los mismos no forman parte de la litis en este juicio de amp********************conforme a la jurisprudencia P.J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205449, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO", ello aunado a que no se le podría otorgar un mayor beneficio a la parte quejosa del ya obtenido. Sin que se inadvierta, que para culminar dicho trámite, en posteriores etapas podrían tener intervención distintas autoridades, no obstante, las mismas pueden ser vinculada al cumplimiento respectivo con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, tal como lo resolvieron los Primer y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoctavo Circuito, en los amparos en revisión 50/2023 y 608/2022, respectivamente, donde analizaron actos omisivos, y confirmaron las determinaciones recurridas, en las que se sustentó que no era impedimento para conceder la protección constitucional en esos asuntos, que la parte quejosa no señalara como autoridades a aquellas que pudieran tener injerencia posteriormente, en tanto que las mismas podían ser vinculada en el procedimiento de ejecución, las cuales constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, en razón de que tales asuntos derivaron de amparos sustanciados por este juzgado. En relatadas circunstancias lo procedente es conceder el amp********************y protección de la Justicia de la Unión solicitado. VIII. Efectos. Se concede el amp********************para el efecto de que la autoridad responsable [1] ********************, dentro de su ámbito competencial, y una vez que cause ejecutoria esta sentencia: Realice las gestiones necesarias para que se le expida y entregue el título profesional respectivo al aquí quejoso. En el entendido, de que para efectos del presente juicio de amparo, al tratarse el acto reclamado de uno del tipo omisivo, la autoridad responsable para efectos del presente fallo se delimitó en función de la etapa procesal del asunto -en el que aún no se encontraba comprobado que hubiera cumplido todos los requisitos y el procedimiento de titulación respectivo, y por ello, que se hubiera expedido tal título profesional-, conforme a lo sostenido por las partes y las pruebas aportadas, en términos de la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo que, se precisa que todas las autoridades que en su caso, deban tener intervención para dar cumplimiento al presente fallo -aun cuando en este momento no tengan intervención y con independencia de que hayan sido señaladas o no como responsables-, podrán ser vinculadas al cumplimiento del fallo protector, al estar obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para su acatamiento, ello con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amp********************promovido por ********************, respecto de los actos reclamados identificados en incisos [b] y [c], atribuidos a las autoridades [1], [2], [3] y [4], acorde a lo precisado en el tercer punto considerativo de esta resolución, por los motivos ahí expuestos Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ********************, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones séptima y octava de esta sentencia, respecto del acto reclamado consistente en [a] la omisión de entregar el título de licenciatura en ********************, atribuido a la autoridad [1] ********************. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Director General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en autos, e informa los trámites realizados con la institución educativa Colegio Mexicano de Estudios de Posgrado Jurídicos y Económicos, asociación civil, conocido como Colegio Jurista para el proceso de titulación del quejoso ********************; al respecto, se toma de conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado representante legal del Colegio Mexicano de Estudios de Posgrado Jurídicos y Económicos, asociación civil, conocido como Colegio Jurista, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en autos, y manifiesta, entre otras cuestiones, que de una consulta realizada en el Registro Nacional de Profesiones de la Dirección General de Profesiones, se advierte que al quejoso *****, ya le fue expedido el título y cédula profesional digital, y precisa que la comunicación es directamente entre la citada Dirección General y el aquí peticionario del amparo. Ello, sin que haya lugar a mayor proveído en tanto que se encuentra pendiente el informe requerido a la [2] Dirección General de Educación Media Superior y Superior, mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, el cual le fue notificado al día siguiente y por ende está dentro del plazo para comunicar lo conducente -hoy último día-. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual informa que derivado del trámite realizado para la obtención de la cédula profesional, ya cuenta con la misma, la cual adjunta, sin que se le haya hecho llegar el título profesional física o electrónicamente, asimismo solicita se realice el registro de dicha cédula en el Sistema del Poder Judicial de la Federación. Atento su contenido, con apoyo en el artículo 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la documental que adjunta, sin perjuicio de su relación al resolver el presente asunto; y por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, los cuales, de ser el caso, serán tomados en consideración una vez que se dicte la sentencia de ley. Por cuanto a que se realice el registro de su cédula profesional en el Sistema del Poder Judicial de la Federación, no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado en razón de que conforme el artículo 3° y 4° del Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, es un procedimiento que se debe realizar de manera personal ante el órgano jurisdiccional competente, debiendo cumplir con los requisitos que refiere el mencionado Acuerdo; ello, aunado a que esa cuestión es ajena a la litis del presente asunto. Finalmente, respecto de las manifestaciones inherentes al título profesional deberá estar a lo acordado el catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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