José Emanuel Gallegos Moreno

Expediente 173/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
173/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • José Emanuel Gallegos Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se estableció que en términos de los artículos 12 y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente sería destruido una vez transcurrido el plazo de seis meses a que refiere dicho punto. No obstante que el presente expediente efectivamente debe ser destruido, lo cierto es, que no en la temporalidad precisada, sino dentro del plazo de tres años. Regularización del plazo de conservación de este expediente. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o, se regulariza el procedimiento en el presente sumario para el único efecto de precisar que, de conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años previsto en el último precepto, contado a partir del acuerdo que lo dio por concluido, deberá destruirse este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Anotaciones libro de control electrónico. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo. Se precisa forma de integración del expediente físico y electrónico. Finalmente, se precisa que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar el comunicado remitido por el Secretario del Juzgado Sexto de Distritito en el Estado de San Luis Potosí, por el cual informa que se aceptó la competencia declinada por este juzgado para conocer del juicio de amparo 173/2021-I-D y se avocó al conocimiento del asunto, mismo que quedó registrado bajo el número 341/2021-II, de su índice. SE ORDENA ARCHIVO. Toda vez que en el presente no existe pendiente trámite alguno, archívese el mismo como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal efecto lleva este Juzgado. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Por tanto, previo transcurso del plazo de seis meses que se establece en el primer párrafo del citado artículo 20 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por...contra actos del Juez de Control de la Tercera Región del Centro Integral de Justicia Penal Sala sede en Rioverde, San Luis Potosí y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 20, apartado A, B y 16 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 173/2021-I-D. DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA. En el caso, del análisis integral de la demanda se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer del acto reclamado por el promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1.- Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3.- Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. Así, tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En la especie, el peticionario del amparo señala como acto reclamado la suspensión de la audiencia de etapa intermedia en su fase oral, dentro de la causa penal 15/2020, que se instruye en su contra, ante el Juez de Control de la Tercera Región del Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede en Rioverde, San Luis Potosí, lo que refiere tuvo verificativo el siete de abril del presente año, en la sala de audiencias de la citada responsable. Manifiesta que se encuentra privado de su libertad y señaló además como responsable ejecutora al Director del Centro de Reinserción Social de Rioverde, San Luis Potosí. De lo anterior, se evidencia que el acto que aquí reclama el quejoso tiene ejecución material en el Municipio de Rioverde, San Luis Potosí, que es donde se encuentra radicada la causa penal de origen, pues atento a la naturaleza del acto reclamado, es inconcuso que sus efectos se trasladan directamente al proceso, donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad del Juez de la causa al que el promovente se encuentra sometido, lo cual ocurre fuera de la jurisdicción territorial que ejerce este Juzgado Quinto de Distrito, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, por lo que corresponde al Juez Federal con jurisdicción en aquél Municipio, conocer del presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el citado numeral 37 de la ley de la materia, el Juez Federal competente para conocer de este juicio constitucional es el Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que se encuentre en turno, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, donde tiene ejecución el acto reclamado, conforme con lo establecido además al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase la demanda original y sus copias, al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que se encuentre en turno, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. En la inteligencia de que la suscrita no se pronuncia en relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda ni al incidente de suspensión del acto reclamado, pues corresponderá hacerlo al Juez que se considera competente; lo anterior, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la legislación invocada, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuera Aérea nacionales. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a Sayra Lorena Plascencia Cervantes y Juan Gabriel Mireles Torres y como sus autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a Alberto Leonel Torres Plascencia, Cristina Rodríguez Villanueva y Aurora Madrid Rangel, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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