José Eligio de Jesús Moreno Y Burgos
Expediente 320/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Eligio de Jesús Moreno Y Burgos
Actuaciones
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días, que establece el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintidós de mayo del año en curso (fojas 16 a 21), que desechó la demanda de amparo promovida por ****, sin que haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado de plano la demanda de amparo, una vez transcurrido el plazo de cinco años.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio recibido en su domicilio el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintidós de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por José Eligio de Jesús Moreno y Burgos, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la Delegación Estatal en Quintana Roo, y otras autoridades; se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 320/2017. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El precepto legal en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, el promovente como acto reclamado hizo valer lo siguiente: "Violación e incumplimiento a lo señalado en el Artículo 66de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a los artículos 14, 20, 22, y 55 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Al NO otorgarme el pago de mi pensión en los tiempos establecidos, violando mi garantía constitucional, señalada en los artículos 01, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Luego, en el apartado de hechos, identificado como número 3, relató lo siguiente: "[.] 3.- Habiendo trascurrido el término de 10 días hábiles que señala el artículo 55 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, me apersoné nuevamente al Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, para realizar el cobro de mi primer pago, de acuerdo al cálculo realizado en el formato de Liquidación de Pago Previa Incorporación a Nómina, sin embargo se me informó de manera verbal que mi pensión fue cancelada por ser improcedente, siendo que hasta la presente fecha, me encuentro sin pago a un derecho constitucional. (inserta tabla) Tomando en cuenta que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en Sesión Ordinaria de fecha 13 de enero del presente año, acordó los días inhábiles correspondientes al primer semestre del ejercicio judicial del año 2017: 01 de mayo: En conmemoración del "Día del Trabajo". 05 de mayo: En conmemoración de la "Batalla de Puebla". Luego entonces, del 25, 26, 37 (sic), 28 de abril de 2017, y del 02, 03 , 04, 08, 09 y 10 de mayo del 2017 transcurrieron los diez días hábiles del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. [.]" De lo vertido en líneas que anteceden se desprende que el acto reclamado radica, en esencia, en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no obstante que ya determinó la liquidación de pago de la pensión a favor del ahora quejoso, y a pesar que ya se consumaron los diez días hábiles que tenía para hacerlo, éste aún no lo ha hecho, ahí que su acto lo hace consistir en la falta de pago de la pensión prevista en el artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como en los artículos 14, 20, 22 y 55 del Reglamento para al otorgamiento de pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley antes citada. Asi, el acto reclamado por la parte quejosa es el silencio de la autoridad, relativo al cumplimiento de la liquidación de pago de pensión, lo cual constituye en realidad una negativa ficta. Ahora, es oportuno precisar que la figura de la negativa ficta se configura respecto de las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales que no sean resueltas en un plazo de tres meses; hipótesis que también se extiende a las autoridades administrativas, cuyas resoluciones son sometidas a la competencia del Tribunal Fiscal, tal como ocurre con las determinaciones que se dicten en materia de pensiones civiles, sean con cargo al erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como acontece en el caso concreto. De ahí que, el silencio en que incurra el Instituto en cumplir con el pago de la pensión determinado mediante el documento de "Liquidación de pago previa incorporación a nomina", también constituye una resolución negativa ficta, susceptible de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ello en razón a que es el órgano competente para conocer de lo resuelto en materia de pensiones. Tiene sustento lo antes expuesto el contenido de la Jurisprudencia XXV.2°.J/3 (10ª.), visible en el página 1945 del tomo III, Febrero de 2017 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al rubro y texto establece lo siguiente: "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS SALAS DEL AHORA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA OMISIÓN DE SU DETERMINACIÓN, CÁLCULO Y ACTUALIZACIÓN, SIN NECESIDAD DE UNA INSTANCIA O PETICIÓN PREVIA DEL INTERESADO AL RESPECTO. De los parámetros que derivan de las ejecutorias que corresponden a las jurisprudencias 2a./J. 74/2012 (10a.) y 2a./J. 78/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la página 897 del Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, y en la página 988 del Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIENEN NATURALEZA POSITIVA, POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA." y de título y subtítulo: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO.", respectivamente, se advierte, por un lado, que el acto impugnado aparentemente como omisivo, realmente debe entenderse como la actualización, determinación y cálculo de los incrementos a la pensión -acto positivo-, mientras que el motivo de su ilegalidad consiste en que la autoridad ha omitido hacerlo conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables -naturaleza negativa- y, por otro, que el juicio de nulidad es la vía procedente para ese fin, precisamente porque el análisis que habrá de realizarse únicamente exige verificar si se han aplicado correctamente las disposiciones relativas. Ahora, conforme a los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, actualmente abrogada -incluso conforme a su propia evolución- y 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expidió aquel ordenamiento, según sea el caso, la autoridad demandada tiene la obligación de incrementar la cuantía de las pensiones, ya sea: a) anualmente, con efectos a partir del primer día de enero de cada año; b) conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); o, c) en el mismo tiempo y proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Bajo esa perspectiva, determinar, calcular y actualizar el monto de la pensión es una obligación que impone la norma respectiva a la autoridad, por conducto de la unidad administrativa correspondiente, y lo que decida a ese respecto, a su vez, trasciende en la esfera jurídica de los pensionados, al materializarse el perjuicio por recibir su pensión en una cantidad menor a la que estiman tienen derecho. En estas condiciones, con el pago de la pensión se refleja la voluntad definitiva del mencionado organismo; de ahí que sea innecesario que el acto que se impugne provenga de una solicitud, instancia o petición de la parte interesada a la que haya recaído una respuesta expresa o ficta de la autoridad, pues para que proceda el juicio de nulidad basta con que el acto controvertido sea unilateral, obligatorio y refleje la voluntad oficial de la autoridad, lo que acontece con los actos administrativos que se manifiestan en forma expresa a través del pago de la pensión en los términos en que decide hacerlo el instituto demandado. Por tanto, las Salas del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa son competentes para conocer del juicio contencioso administrativo promovido en los términos señalados, lo que implica privilegiar el derecho fundamental de acceso a la justicia, con apoyo en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo e interpretación más favorable para el ejercicio de ese derecho fundamental." En otro orden de ideas, de conformidad al artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la procedencia del juicio de amparo se condiciona a que previamente se hayan agotado el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificados alguna determinación emitida por una autoridad distinta de las jurisdiccionales (salvo los casos de excepción). En mérito de lo anterior, la circunstancia de que el acto reclamado de mérito sea conclusivo de un procedimiento en sede administrativa, no altera de forma alguna las exigencias de procedencias establecidas; por lo cual, este órgano constitucional está obligado a verificar que la parte quejosa haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. A partir de tales consideraciones, importa tener en cuenta que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley." Del precepto transcrito, se aprecia que el ordinal en cita prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, se traduce en la obligación impuesta a los gobernados de agotar, previo a acudir a la instancia constitucional, el juicio, recurso o medio de defensa procedente que pudiera modificar, revocar o nulificar los actos que estima afectan su esfera jurídica; principio de definitividad que no sólo deriva de la Ley de Amparo sino también se encuentra expresamente consignado en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, como condicionante para el ejercicio de la acción de amparo. Lo anterior permite concluir que, para que se actualice la causa de improcedencia referida, es indispensable que se cumplan con los requisitos siguientes: Que el acto reclamado sea proveniente de un procedimiento seguido en forma de juicio por una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial puede ser modificada, revocada o nulificada. Precisado lo anterior, se tiene en cuenta que el quejoso se duele del silencio por parte del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Quintana Roo, consistente en que no le ha pagado la pensión número 1123894 que le fue otorgada en el régimen de retiro por edad y tiempo de servicios, con una cuota diaria de $169.15 pesos, determinando su monto mediante la "Liquidación de pago previa incorporación a nomina", a pesar de que han transcurrido los diez días que tenía para hacerlo. Por otra parte, cabe precisar que el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación dispone que las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho término sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e imponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no dicte resolución, o bien, esperar a que éste se dicte. Si bien es cierto que dicho precepto guarda relación con la materia fiscal y que a la vez están sometidas a la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, también lo es que las autoridades que no son formalmente fiscales, pero que tiene que ver con tal materia, están sometidas a la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación; en ese rubro, el artículo 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal antes mencionado, prevé que dicho Órgano jurisdiccional conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se dicten en materia de pensiones civiles, sean éstas a cargo del erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dicho de otro modo, la legislación invocada permite a los pensionados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reclamar vía juicio de nulidad el silencio de dicha institución ante sus demandas o solicitudes que guarden relación directa con las pensiones que se hubieren otorgado; de donde se sigue que en contra la resolución dictada en un procedimiento el gobernado puede recurrirla ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, pero necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de amparo. Tiene sustento lo antes expuesto el contenido de la Jurisprudencia 2ª./J.95/2004, visible en el página 414 del tomo XX, Julio de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al rubro y texto establece lo siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." De lo anterior, se colige que el quejoso antes de acudir al juicio de amparo debió agotar el juicio de nulidad mediante Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación a la falta de pago de pensión por retiro por edad y tiempo de Servicios por parte del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Quintana Roo, de conformidad con el artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Tiene sustento lo antes expuesto el contenido de la Jurisprudencia 2a./J. 77/98, visible en el página 446 del Tomo VIII, Octubre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al rubro y texto establece lo siguiente: "NEGATIVA FICTA, SE GENERA ANTE EL SILENCIO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, RESPECTO DE SOLICITUDES FORMULADAS POR SUS PENSIONADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, la figura de la negativa ficta, se configura respecto de instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales que no sean resueltas en un plazo de tres meses; sin embargo, de la interpretación sistemática de este precepto con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se concluye que la figura de la negativa ficta, que esa norma contempla, no se constriñe únicamente a las autoridades de carácter fiscal, sino que su aplicación, se extiende a las autoridades administrativas, cuyas resoluciones expresas se encuentran sometidas a la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación que es un órgano típicamente administrativo, ya que sus funciones jurisdiccionales encuentran campo de aplicación en distintas ramas y materias de la administración pública federal y no sólo en el área fiscal, pues así se desprende de la redacción del mencionado artículo 11 de su ley orgánica, que incorpora un catálogo de hipótesis que representa los casos en que se surte su competencia, con la particularidad de que en esa amplia gama de supuestos, se observa que las resoluciones administrativas susceptibles de combatirse en el juicio de nulidad son de naturaleza diversas y no sólo de carácter fiscal, como ocurre precisamente con las resoluciones a que se refiere la fracción VI, relativas a las que se dicten en materia de pensiones civiles, sean con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por tanto, cabe concluir que el silencio de este instituto de seguridad social también constituye la figura de la negativa ficta." Habida cuenta que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones de agotar el principio de definitividad, toda vez que no se trata de un tercero extraño, ni se reclaman únicamente violaciones directas a la Constitución, máxime que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo -ordenamiento que regula el juicio contencioso precitado- no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, tal como lo prevé la jurisprudencia 2ª./J. 130/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, página 1446 que al rubro establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO" En esas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza.
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