José Elidio Herrera Salgado
Expediente 916/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- José Elidio Herrera Salgado
Actuaciones
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la determinación adoptada mediante proveído de cinco de agosto del año en curso tuviere la firmeza debida; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen..-. M-VI
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de agosto de dos mil veintiuno. SUBSANA PREVENCIÓN. Visto el escrito signado por el quejoso José Eligió Herrera Salgado, se le tiene desahogando la prevención hecha por este juzgado federal en proveído de veintitrés de julio hogaño. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Analizado en su integridad el escrito inicial de demanda así como el que se provee, se advierte que, en el caso que nos ocupa, el juicio de amparo es improcedente y, por lo tanto, debe desecharse de plano la demanda con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita, impone la obligación al juzgado de amparo de analizar oficiosamente las causales de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 193379, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (.) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). De la interpretación del citado precepto se advierte que, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, salvo los casos de excepción expresamente establecidos. Precisado lo anterior, esta resolutora considera que el auto de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente familiar 699/2021, del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, mismo en el que se fijó fecha y hora para que las partes (sin asesoría jurídica) se presenten en compañía de los infantes con iniciales B.H.G., K.H.G. y A.H.G., para estar en posibilidades de mejor proveer respecto de las medidas provisionales solicitadas, es impugnable a través del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 364, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que a la letra dicen lo siguiente: Artículo 364. Este Código prevé los siguientes recursos: (.) II. Apelación; (.) Artículo 379. El Tribunal Superior de Justicia, es el competente para conocer y resolver del recurso de apelación. Artículo 382. El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 383. Pueden apelar: El litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. Artículo 395. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento. La correlación de dichos numerales, permite afirmar la procedencia del recurso de apelación contra autos de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente familiar 699/2021, del índice del Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, mismo en el que se fijó fecha y hora para que las partes (sin asesoría jurídica) se presenten en compañía de los infantes con iniciales B.H.G., K.H.G. y A.H.G., para estar en posibilidades de mejor proveer respecto de las medidas provisionales solicitadas; de ahí que, se considere que los actos que aquí se reclaman, constituyen actos que producen una ejecución irreparable. En efecto, como el acto reclamado en el presente juicio es de ejecución irreparable; por ello, se estima procedente el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 364, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para Estado de Hidalgo. Es importante mencionar, que la causal de improcedencia invocada es notoria y manifiesta, porque bajo el contexto del corpus juris internacional, los recursos y medios de impugnación no pueden ser considerados una mera posibilidad que ponga en tela de juicio su procedencia, al grado de considerar que la existencia de recursos no es notoria y manifiesta. Esto es, lo notorio y manifiesto significa que se está frente a algo cierto, real y que necesariamente debe acontecer; así, se repite, bajo el contexto de los derechos humanos, las personas no tienen a su alcance una mera expectativa de la posibilidad de impugnar la resolución de las autoridades, sino que ese derecho, es decir, el de impugnación, es real y no puede estar supeditado a más condiciones que en los casos en que el legislador considere que la procedencia de un recurso puede afectar el orden público y el interés social. Conforme a los artículos 8, punto 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial. Asimismo, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. En este sentido, atento al principio de progresividad de los derechos humanos, ya no puede considerarse que la existencia de un recurso en la ley, constituya sólo una posibilidad, pues el derecho humano a la impugnación evidencia que es una realidad que todas las personas tienen a su alcance los recursos y medios de defensa que las leyes secundarias establecen a su favor. De manera que, si en la especie el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo prevé el recurso de apelación contra resoluciones que sean de imposible o difícil reparación, el quejoso debe hacer valer dicho recurso, porque la ley no se lo prohíbe expresamente, por motivos de afectación del orden público y el interés social. Por el contrario, es un derecho humano que el quejoso sea escuchado por la autoridad competente, en este caso, el tribunal de apelación, siendo que el recurso de apelación es el idóneo, porque procede contra autos y resoluciones de ejecución irreparable o difícil reparación. Esto aunado a que la procedencia del recurso de apelación no tiene por qué ser expresa, ya que como se dijo, todas las personas tienen derecho a un recurso rápido y sencillo, siendo que la revocación procede contra autos que no son apelables, por así disponerlo la legislación. Cabe mencionar, que si bien es cierto, que la parte quejosa reclama el auto de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente familiar 699/2021, del índice del Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, mismo en el que se fijó fecha y hora para que las partes (sin asesoría jurídica) se presenten en compañía de los infantes con iniciales B.H.G., K.H.G. y A.H.G., para estar en posibilidades de mejor proveer respecto de las medidas provisionales solicitadas; se consideran como actos de imposible reparación, esa circunstancia no significa que la quejosa esté exenta de observar el principio de definitividad, pues aun cuando el amparo es procedente contra actos de esa naturaleza, ello será una vez que se agoten los recursos ordinarios. En esa tesitura, al contener el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar los actos reclamados, es incuestionable que la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para el inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en virtud de que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no establece excepción alguna más que: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (.). Sin embargo, en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo, así como tampoco los supuestos previstos en la jurisprudencia emitida por los tribunales federales. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Diciembre de 2013, página 350, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otros requisitos de procedencia del juicio de amparo. Sin que este órgano jurisdiccional desconozca la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Tomo II, Octubre de 2013, página 990, que a la letra dice: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. Empero, como ha quedado plasmado, del artículo 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, se desprende que en los actos señalados como reclamados, en el supuesto de que puedan causar un daño irreparable o de difícil reparación a alguna de las partes; dichas determinaciones pueden ser reclamadas mediante la interposición del recurso de apelación, en el cual se deberán señalar los motivos por los que se consideran tales circunstancias, a lo que el juez tendrá la obligación de declararlo procedente en ambos efectos, concediendo la suspensión de su ejecución hasta en tanto se resuelva el recurso en cita. En esas condiciones, resulta manifiesto e indudable la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Eligió Herrera Salgado en representación de sus menores hijos B.H.G., K.H.G. y A.H.G. .-. M-VI
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Vista la demanda promovida por José Elidió Herrero Salgado, en representación de los menores de iniciales B.H.G., K.H.G. y A.H.G., contra actos del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, fórmese el cuaderno y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 916/2021-VI-B. ACLARACIÓN DE LA DEMANDA. ACLARACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 114 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. [.]." Conforme a la norma reproducida, el órgano de control constitucional debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta; se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108 de la misma legislación; no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera; no se exprese con precisión el acto reclamado; o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional. Por su parte, el diverso 108, fracciones III y IV, de la misma legislación, dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [.]." La interpretación conjunta de las porciones normativas transcritas, permite establecer que, quien promueva juicio de amparo en representación de otra persona, estará obligado a adjuntar a su escrito de demanda el documento idóneo con que acredite tal representación; por tanto, de no hacerlo en esos términos, el órgano de amparo debe prevenirlo a fin de que subsane tal omisión. Además, al ser un presupuesto procesal, la personalidad de la parte quejosa debe quedar demostrada desde la presentación de la demanda con el documento suficiente para acreditar tal cuestión; ya que inclusive, ese aspecto puede ser impugnado por alguna de las demás partes del juicio, mediante el incidente que corresponde. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que establece: PERSONALIDAD EN EL AMPARO, EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de la Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: PERSONALIDAD EN EL AMPARO, EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS, AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, por que constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si este plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la Ley de la Materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por ni interpuesto; proceder que independientemente que de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 Constitucional y responde también' a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como de las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordena la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, el promovente José Elidió Herrera Salgado, se ostenta como representante de los menores de iniciales B.H.G., K.H.G. y A.H.G.; no obstante, no allegó documento idóneo con el que quede acreditada la personalidad con la que comparece, o bien, que tenga reconocida esa representación ante la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo. Sin que se pase inadvertido que la promovente adjuntó a la demanda de cuenta, copia con sellos relativa al acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 699/2021, del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; sin embargo, al tratarse de una copia simple, no se le puede otorgar valor en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Pues, el referido artículo 11 de la Ley de Amparo, refiere: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. [.]." Como se observa del numeral transcrito, la persona que comparezca en nombre del quejoso o del tercero interesado al juicio de amparo, afirmando tener reconocida la personalidad ante la autoridad responsable, deberá acreditarla con las constancias necesarias para ello, es decir, con documento idóneo; a excepción de la materia penal, que solo basta con la afirmación de quien promueve. En el caso, no surte efectos la excepción a que alude la porción normativa en comento, pues el presente asunto, deriva de la materia familiar. En esas circunstancias, a fin de acreditar el carácter de representante de los menores de iniciales B.H.G., K.H.G. y A.H.G., es necesario que el promovente acompañe el documento que justifique su representación, de acuerdo con el numeral 108, fracción I, de la Ley de Amparo, es requisito necesario justificar la personalidad de quien reclama la protección de la justicia federal, o quien promueve en nombre de la parte quejosa, en la demanda de amparo. REQUERIMIENTO. Con base en lo expuesto en el apartado anterior, con fundamento en los artículos 5, fracción I, 6, 108, fracción I, 112 y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, se requiere a José Elidió Herrera Salgado para que, dentro del término de cinco días: Acredite con documento idóneo el carácter de representante que ostenta de los menores de iniciales B.H.G., K.H.G. y A.H.G., o bien, exhiba la constancia con que acredite que tiene reconocida esa representación ante la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo APERCIBIMIENTO. De conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, queda apercibido el promovente de que, si no da cumplimiento a la prevención formulada, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como tal, el ubicado en Andador 1, Manzana B, Lote 33, esquina con Avenida 6, colonia Plutarco Elías Calles (a un lado de las vías), Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Zeferino Ramírez Millán, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Yazmín Castillo Gutiérrez, Ana Guadalupe Olvera Núñez, Sandra Hernández Santana y María Beatriz Bautista Serna, toda vez que no acreditaron estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho ni se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. NÚMERO TELEFÓNICO y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO. De igual manera, téngase al promovente proporcionando, como número telefónico 771 236 7551, y como correos electrónicos garcíaius@live.com.mx y nimzay_22228@hotmail.com para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario..-. M-VI
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes
- José Eduardo Mendoza Vargaz227/2018
- José Eduardo Rodríguez Rodríguez1294/2018
- José Eduardo Salinas Sepúlveda170/2020
- José Eduardo Santillan Ochoa1022/2023
- José Elian Nochebuena Martínez94/2019
- José Elías Hernández García23/2022
- José Eliel Cruz Medina1446/2019
- José Elim Guerrero Rodríguez1424/2021
- José Enrique Ángeles Valdivia1113/2022
- José Enrique Ángeles Valdivia459/2020
- José Enrique Ángeles Valdivia404/2022
- José Enrique Espinoza Ortega978/2019