José Elías Marín Delgado
Expediente 242/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Elías Marín Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa o agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, hayan recurrido la sentencia que sobreseyó el presente asunto el veintinueve de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El expediente principal es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues se dictó sentencia que sobreseyó el juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de abril de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 242/2022 promovido por **********, contra actos atribuidos al Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, turnado a este juzgado al día siguiente, ********** promovió demanda de amparo en contra del Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y como acto reclamado: "IV. ACTOS QUE SE RECLAMAN A CADA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES a).- La omisión de emitir y notificar la respuesta debidamente fundada y motivada a mi escrito de petición presentada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno." SEGUNDO. Derechos estimados vulnerados. La parte quejosa señaló como derecho vulnerado el previsto 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque el acto reclamado no tiene ejecución y se promovió la demanda en esta ciudad. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como del análisis integral de la demanda de amparo, del informe justificado y pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que la quejosa reclamó de la autoridades responsable, Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en esta ciudad: La omisión de proveer respecto a la petición que le formuló por escrito que fue recibido por la autoridad el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno; donde solicitó que se le informara sobre la cantidad que le corresponde por concepto de subcuenta de vivienda, al no ejercer durante su vida laboral su derecho de crédito hipotecario, y del trámite para la devolución del saldo a su favor por dicho concepto, entre otros datos afines a la subcuenta de vivienda. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Gerente del Centro de Servicio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, fue omisa en precisar si resultaba cierto o no el acto reclamado; no obstante, se tiene por cierto el acto reclamado, toda vez que de las constancias que integran el presente juicio se aprecia la existencia de la omisión reclamada, que a la fecha de la recepción de la demanda de amparo aún estaba vigente la omisión reclamada. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al fondo del asunto, debe analizarse si en el caso se materializa alguna hipótesis que haga improcedente el juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese sentido, se considera que sí se acreditan los supuestos de la causal de improcedencia, toda vez que en el presente asunto el quejoso José Elías Marín Delgado, reclama al Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por conducto de la Subdelegación en esta ciudad, la omisión de proveer respecto a la petición que le formuló por escrito que fue recibido por la autoridad el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno; donde solicitó que se le informara sobre la cantidad que le corresponde por concepto de subcuenta de vivienda, al no ejercer durante su vida labora su derecho de crédito hipotecario, y del trámite para la devolución del saldo a su favor por dicho concepto, entre otros datos afines a la subcuenta de vivienda. Sin embargo, dicho acto reclamado ya quedó sin efecto al momento en que la autoridad responsable se pronunció sobre la omisión reclamada, pues del contenido del informe justificado y de la constancia que adjuntó, se aprecia el oficio DR/II/02/SJ/00054/2022 de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, que establece: "OFICIO DR/II/02/SJ/00054/2022 Cd Juárez, Chihuahua, a 31 de marzo de 2022. C. ********** Y/O DEFENSORIA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL PR E S E N T E .- Por este conducto me permito dar contestación a su solicitud recibida con fecha 17 de septiembre del 2021, mediante la cual solicita la devolución de su saldo de subcuenta de vivienda 97 y SAR 92, para lo cual le informó: De acuerdo con lo que no sindica el Área de Saldo de Subcuenta de Vivienda de este Instituto, nos informa que el pensionado cuenta con monto a devolver de vivienda 92 y 97 de $********** a la fecha para poder realizar el trámite, es necesario que levante número de caso en Infonatel **********, solicitando únicamente se le proporcione su número de caso, por favor no solicite cita, y ya con su número de caso puede acudir con nosotros para realizar el trámite, y deberá de traer la siguiente documentación: -copia INE -estado de cuenta con clave interbancaria no mayor a 2 meses -resolución de pensión Ahora bien, también tiene la opción de realizar su solicitud en línea, si Usted tiene el acceso MI CUENTA INFONAVIT. En relación con la información si ha solicitado crédito el área de cartera nos informan que en base al NSS proporcionado se encontró que se generó solo un crédito de Mejoravit ********** a nombre de ********** el cual fue liquidado en marzo de 2021. Sin más por el momento, quedo de Usted ATENTAMENTE (.)" De lo anterior, se acredita que la omisión reclamada quedó sin efectos al momento en que se subsanó por parte de la autoridad responsable, es decir, al momento en que emitió el oficio DR/II/02/SJ/00054/2022 de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el cual atendió el escrito de la quejosa, incluso fue notificado el cinco de abril del año en curso, por conducto de una de las personas autorizadas; en tal virtud, la omisión reclamada ya no está surtiendo sus efectos, ni lo surtirá, porque no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por lo que, se acredita la hipótesis de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, ya que se justifica la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la quejosa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que se transgredan derechos fundamentales de la quejosa el solo hecho de que no se le requirió si ampliaba o no la demanda por la respuesta dada por la autoridad responsable, atendiendo a lo resuelto en la contradicción de tesis 81/2018, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo conducente expuso: ". El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores constituye un ente del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado, que forma parte de la administración pública federal, de conformidad con el artículo 1o., párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.(27) El instituto organiza y administra el Fondo Nacional para la Vivienda con base en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores,(28) y como organismo fiscal autónomo realiza el cobro de las cuotas y se encarga de verificar el cumplimiento de los patrones y sujetos obligados de realizar las aportaciones de vivienda derivadas de lo previsto en el artículo 30 de la misma ley.(29) Ahora bien, se reitera que el instituto en el plano de ente administrador de fondos de vivienda no actúa, frente al trabajador, como autoridad que pueda decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente en torno al destino de los recursos del fondo en perjuicio del trabajador, pues cualquier determinación que en ese sentido adopte es susceptible de ser objeto de controversia en un juicio laboral como lo prevé el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.(30) Sin embargo, si una persona -sea trabajador acreditado o no- ejerce el derecho contenido en el artículo 8o. constitucional, los funcionarios o servidores públicos que integran el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se encuentran obligados a dar contestación, pues como entes de la administración pública federal actúan frente a los gobernados bajo la ley que les otorga facultades, independientemente de que respecto de la respuesta otorgada sea improcedente el juicio de amparo. Esto es, respecto al derecho de petición, debe entenderse de manera amplia el concepto de autoridad para poder hacer efectivo el derecho relativo, previsto de la siguiente manera. "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. "A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." En relación con el derecho de petición, el Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 14/2000-PL(31) en sesión de veintisiete de febrero de dos mil uno, sostuvo que su titular es el gobernado en general, y que significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, en virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. De acuerdo con el criterio del Tribunal Pleno, la existencia de ese derecho fundamental exige la formulación de un escrito dirigido a funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, por tanto, el juicio de amparo, en relación con ese derecho, es procedente cuando se acredita que el funcionario o servidor público obligado a contestar una solicitud, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responder la petición, pues esto supone una violación al derecho reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, lo que hace necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, a fin de obtener la protección efectiva del derecho humano involucrado. Precisado lo anterior, como se expresó, es procedente el juicio de amparo que se promueve en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores cuando lo reclamado consiste en la omisión de atender una petición formulada con apoyo en el artículo 8o. de la Constitución Federal, independientemente del contenido material de la petición. Lo anterior es así, pues el instituto ejerce funciones tanto como ente administrador como organismo fiscal autónomo, esto es, ejerce funciones establecidas en normas jurídicas, sin que deba distinguirse ex-ante el carácter con el que actúa, pues bajo ciertas circunstancias podría emitir actos que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como se sostuvo en la contradicción de tesis 341/2015, el juicio de amparo, en relación con el derecho de petición, es procedente cuando se pone en evidencia que el funcionario o servidor público obligado a contestar una solicitud, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responder la petición, pues esto supone una violación al derecho reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, lo que hace necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva del derecho. Debe estimarse entonces que si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos amplios, está facultado para emitir actos en los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y sobre el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la ley de la materia; cuando se atribuye al citado instituto la omisión de responder una solicitud, aun cuando la solicitud se le presente en su carácter de organismo administrador, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta. Lo anterior, en el entendido de que respecto de la respuesta que en su caso formule el instituto, no procederá ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el acreditado, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe estarse a lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la ley relativa,(32) cuando el tema involucrado se refiera a las facultades que ejerce el instituto en su carácter de administrador de fondos, esto es, una vez que sea patente que actúa dentro de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En efecto, observando lo sustentado en los precedentes transcritos, se debe expresar en primer término, que por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra las determinaciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores cuando actúa como ente administrador del fondo para la vivienda, pues no resuelve por sí y ante sí sobre los recursos a su cargo, y sus resoluciones son impugnables ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje las que resolverán en definitiva sobre el destino de dichos recursos, de conformidad con la ley de la materia. No obstante, como excepción a esa regla general, tratándose del derecho de petición, cuando en un juicio de amparo se reclama del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio de ese derecho, el juicio resulta procedente en atención a la naturaleza que lo distingue, es decir, a la característica sustancial consistente en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares. En esa lógica, si el derecho de petición que protege el artículo 8o. de la Constitución Federal se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, puede concluirse válidamente que cuando se formula derecho de petición al Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y éste omite emitir la respuesta correspondiente, procede el juicio de amparo. En consecuencia, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el siguiente criterio: El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: (.)" Del contenido de la citada contradicción de tesis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se apartaba de lo resuelto en el recurso de queja 14/2014, y consecuentemente de la contradicción de tesis 348/2012, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 9/2013, de rubro: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."; toda vez que con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición aun en su carácter de ente administrador; en el entendido de que respecto de la respuesta que en su caso formule el instituto, no procederá ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el acreditado, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface, debe estar a lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades que ejerce el instituto en su carácter de administrador de fondos, esto es, una vez que sea patente que actúa dentro de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, y sus resoluciones son impugnable en la vía laboral. De ahí que, se considera que no se transgreden los derechos de la quejosa, toda vez que resulta improcedente la ampliación de la demanda de amparo respecto a la respuesta otorgada por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Tal consideración surgió la jurisprudencia 2a./J. 93/2018 (10a), sustentada en la referida contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1021, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia Común, registro 2017817, que dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis V.2o.P.A.33 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible a página 1681, libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2022516, que dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAME LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DE FONDOS, NO ES PROCEDENTE DAR VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA CONTRA LA RESPUESTA EMITIDA. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclame la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición tutelado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, relacionada con la autorización de descuentos vía nómina para el pago de un crédito hipotecario, entre otras cuestiones, no es procedente dar vista con el informe justificado al quejoso para que, de considerarlo pertinente, amplíe su demanda en relación con la respuesta que dio la autoridad responsable a su petición, pues de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 93/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto respecto de la contestación que el funcionario o empleado público emita, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el citado instituto en su carácter de administrador de fondos, de manera que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio de garantías debe sobreseerse con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Al haberse sobreseído en el juicio, ello impide a este órgano jurisdiccional analizar las cuestiones de fondo. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 1028, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, del Tomo VI, Parte TCC, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 64, 65, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por los motivos y razones expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito signado por la licenciada **********, en su carácter de autorizada del quejoso, mediante el cual formula alegatos, ello, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo que informa el Secretario y en atención a que de autos se advierte, que el once de abril de este año, se notificó a las partes el proveído con el cual se les dio vista con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad; por lo que resulta evidente, que aún no han transcurrido los ocho días hábiles que tienen para imponerse de su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, considerando que para el presente día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa, se difiere y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlos. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado **********, secretario del Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. MGCJ/Jeam/spm
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