José Elías Hernández Muñoz

Expediente 300/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
300/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • José Elías Hernández Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de siete de abril de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    INTERNO RENO Visto el escrito de demanda y copias, presentado por ., por propio derecho, contra actos del Comite Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de Mexico; regístrese en el libro de gobierno con el número 300/2022. DESECHAMIENTO Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se aprecia que el promovente reclama: "La sesión de Consejo número 35/2021, de fecha 01 de septiembre del 2021, en dónde se reubica y autoriza que el suscrito sea parte de la población del Módulo de Máxima Seguridad". Este órgano de control constitucional estima que en el asunto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo1, la cual de acuerdo al diverso 62 del mismo cuerpo de leyes debe estudiarse de manera oficiosa. En efecto, se tiene que el acto reclamado ocasiona una afectación a las condiciones de internamiento del accionista de amparo, entendido como, cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, conclusión a la que se conduce después de realizar una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V, y 30 todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal2. Sin embargo, es preciso destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un medio de impugnación, al cual se debió acudir, previo a combatir el acto aquí reclamado mediante la promoción de un juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. En efecto, dicha ley en sus artículos 30 y 313, establece diversos regímenes relacionados con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en lo que interesa, los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos, el reclamado, en términos de los artículos 1074, 1085, 1096 y 1107, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En régimen disciplinario, es donde se ubica el acto reclamado consistente en la medida disciplinaria relativa a la reubicación, pues forma parte de la reglas de disciplina, a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario de mérito. Para mayor comprensión, resulta necesario transcribir el siguiente artículo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece lo siguiente: "Artículo 39. Determinación de Faltas Disciplinarias. La determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico. Para la determinación de las faltas, las normas disciplinarias deberán apegarse estrictamente a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a la culpabilidad y respeto a los derechos humanos, por lo que sólo podrán establecerse sanciones para las conductas que afecten bienes jurídicamente tutelados o que no impliquen el ejercicio de un derecho, y cuya autoría sea plenamente identificada, evitando así la imposición de medidas disciplinarias de carácter general." (.) Para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita en el capítulo de imposición de medidas disciplinarias prevé que los procedimientos disciplinarios garantizan el derecho a la defensa y es el Comité Técnico quien deberá notificar por escrito a la persona privada de la libertad sobre la sanción impuesta, el tiempo de duración, las condiciones de ésta, así como su derecho a impugnarla, lo que podrá hacerse dentro de los tres días siguiente a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución, dejándose en suspenso la aplicación de las sanciones hasta que éste resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se implementen las medidas administrativas necesarias para salvaguardar la seguridad y orden de centro penitenciario, en términos de lo que establecen los artículos 46, 47 y 488 de la Ley de Ejecución Penal. Sin que obste a lo anterior, que si bien la ley en mención hace a alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que el artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.) Es decir, tratándose a los actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social, y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta Ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. De lo anterior se advierte que, la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de impugnarse a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por lo que, el acto del que se duele el accionista de amparo; no puede ser sujeto al análisis inmediato en esta vía biinstancial, toda vez que de lo antes expuesto, pone de manifiesto la existencia de un procedimiento disciplinario que garantiza el derecho a la defensa de audiencia y oportunidad de allegarse de medios de prueba en favor de la persona privada de la libertad, como lo es, el acudir al Juez de Ejecución para la revisión de las revisiones administrativas por faltas administrativas. En tales condiciones previo acudir al juicio de amparo debe la disconforme agotar el recurso que prevé la ley especial, en virtud de que el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, conforme dicha ley especial, ya que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al Juicio de Amparo. En razón de todo lo expuesto, la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XX, y 113, ambos de la Ley de Amparo, DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por resultar en este momento notoriamente improcedente la acción por la cual se pretende ejercer. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro es: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Así como, la jurisprudencia numero VI.1o. J/85 del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 51, tomo 67, julio de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es:RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO De la parte quejosa El quejoso se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, por lo tanto, al no tener autorizados para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle personalmente esta determinación, así como las subsecuentes, en el lugar de su reclusión. Exhorto a tramitar el asunto en línea y requerimiento de algún medio de comunicación En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Autorización de Medios Digitales. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Notificaciones El presente acuerdo, así como los que se dicten subsecuentemente, se publicarán en su totalidad -salvo datos sensibles o confidenciales- bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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