José Efraín Huchin Canul

Expediente 2306/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2306/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • José Efraín Huchin Canul

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 630/2021-I-A, promovido ********************. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE NIEGA a ********************, la suspensión definitiva del acto reclamado al Fiscal adscrito a la Agencia Decimoséptima de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando segundo de la presente interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE a ********************, la suspensión definitiva del acto que reclamó de la Policía Municipal de Hoctún, Yucatán, para los efectos precisados en el considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que la Oficina de Correos de México, en esta ciudad, devuelve el sobre que contiene el oficio 22430/2021 dirigido al Coordinador en Materia de Vivienda del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en el Estado de México, a efecto de notificarle la sentencia dictada en este juicio, el cual no fue entregado advirtiéndose del reverso del referido sobre la leyenda: "REHUSADO NO ES COMPETENTE EL ESTADO DE MÉXICO". En consecuencia; reexpídase de nueva cuenta el aludido oficio a la citada autoridad a la dirección actualizada. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Karlos David Moreno Sequera, Secretario con quien actúa y da fe. SECB

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se ordena agregar el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual, remite testimonio de la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada en la queja 250/2021, que se formó con motivo del recurso que interpuso la parte quejosa contra el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno. Testimonio del que se advierte que la Superioridad declaró infundado el referido recurso de queja; hágase lo anterior del conocimiento de las partes y acúsese recibo vía interconexión. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la suspensión del procedimiento que se decretó en este asunto y se ordena continuarlo por su secuela legal. Por otra parte, vista la demanda y escrito aclaratorio de Óscar Elías Chi Catzín, apoderado legal de la quejosa HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, contra los actos que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y su actuario, ambos con residencia en Progreso, Yucatán, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, el siguiente: La denegación de justicia, al no acordar los escritos presentados el once de junio y veinticuatro de agosto, ambos de dos mil veintiuno, en el Juicio Ejecutivo Mercantil 220/2013. DESECHAMIENTO Como cuestión previa, cabe señalar que de autos se advierte el escrito de veintidós de septiembre del presente año (fojas 44 y 45), de la parte quejosa Óscar Elías Chi Catzín, apoderado legal de la quejosa HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, mediante el cual cumplió la prevención ordenada en acuerdo de diez de septiembre último, y señaló el nombre de los terceros interesados y su domicilio para que sean emplazados. Asimismo, se advierte el escrito y anexos relacionados mediante acuerdo de veintiuno de octubre del presente año (fojas 54 a 56), en el que la parte quejosa hizo del conocimiento que los escritos presentados el once de junio y veinticuatro de agosto, ambos del año en curso, en el Juicio Ejecutivo Mercantil 220/2013, de cuya omisión de acordar se duele en el presente juicio, ya fueron acordados por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en Progreso, Yucatán y solicitó el sobreseimiento del presente juicio. Precisado lo anterior, se estima actualizada de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ahora bien, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El aludido artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, en ese orden, de las constancias que adjuntó la parte quejosa a su escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que la autoridad responsable el cinco de octubre del año en curso, dictó un acuerdo, mediante el cual, en atención a sus promociones, adjudicó en favor de la quejosa HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, el predio marcado con el número trescientos veinte letra "A" de la calle Ochenta y uno de la colonia Benito Juárez de Progreso, Yucatán, Polígono I, por la cantidad de trescientos setenta y dos mil pesos moneda nacional; cesando de esa forma la denegación aquí reclamada. Determinación que la responsable hizo del conocimiento de la parte quejosa el ocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Actos de autoridad que acontecieron después de la presentación del presente juicio de amparo, considerando que la demanda se presentó el ocho de septiembre de dos mil veintiuno; lo que actualiza a plenitud la causa de improcedencia invocada. Por lo antes expuesto, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues en este momento, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante, la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce del derecho humano que estimó violado, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR la demanda de amparo promovida por HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por conducto de su apoderado Óscar Elías Chi Catzín, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1786/2021-IV-A, promovido por ********************, y; R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

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