José Efraín Guzmán Bautista

Expediente 1825/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1825/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • José Efraín Guzmán Bautista
  • Yasmara Santolla Basulto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco; quince de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Gabriela González Pinacho, en favor de Arian Gutiérrez González y María de los Ángeles Cuétara y/o María de los Ángeles Cuétara Fruto, contra el acto reclamado a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora, en razón de que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo del mismo, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que por una parte, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado y por otra, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del expediente en que se actúa, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente asunto.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración, en representación de la Subdirectora de la Estación Migratoria de esta ciudad, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento formulado el trece del mes y año en curso, por este órgano de control de constitucional. Por otra parte, conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por anunciada como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en: No. Relación de prueba Copias certificadas del procedimiento administrativo migratorio de los quejosos Arian Gutiérrez González y María de los Ángeles Cuétara y/o María de los Ángeles Cuétara Fruto. Documentales que se agregan para que obren como correspondan y que al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo. Es aplicable la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Precisado lo anterior, se advierte una causa de improcedencia respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad de los quejosos Arian Gutiérrez González y María de los Ángeles Cuétara y/o María de los Ángeles Cuétara Fruto fuera de procedimiento con fines de deportación y su incomunicación. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Establecido lo anterior, tal como se precisó en párrafos que anteceden, del contenido del escrito de demanda se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama la privación de la libertad del quejoso Arian Gutiérrez González y María de los Ángeles Cuétara y/o María de los Ángeles Cuétara Fruto fuera de procedimiento con fines de deportación y su incomunicación. No obsta a lo anterior, que el quejoso haya reclamado diversos actos y/o omisiones atribuidas a la responsable, empero, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino como consecuencia directa de la privación de su libertad, no se tienen como destacados. Ahora, del contenido de las documentales que anexó la autoridad responsable, se colige lo siguiente: - Que por acuerdos de salida de la estación migratoria de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, le otorgó a los aquí quejosos Arian Gutiérrez González y María de los Ángeles Cuétara y/o María de los Ángeles Cuétara Fruto la salida provisional de la estación migratoria a efecto de continuar sus procedimientos administrativos migratorios en libertad, requiriéndolos para que cada viernes de cada semana o al siguiente día hábil, es decir cada ocho días, asistan al control de firma en el Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria. - Posteriormente, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se hizo constar que los aquí quejosos Arian Gutiérrez González y María de los Ángeles Cuétara y/o María de los Ángeles Cuétara Fruto, abandonaron sus procedimientos migratorios debido a que no asistieron voluntariamente ante la Estación Migratoria a continuar sus procedimientos administrativos migratorios; por lo que, se hizo constar su evasión del control migratorio y se dieron por concluidos los mismos. En consecuencia, se colige que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que de acuerdo al análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que si bien la autoridad responsable, había privado de la libertad a los quejosos, con motivo de los procedimientos administrativos migratorios que se seguían en su contra; lo cierto es que, en un primer momento, se le concedió la salida provisional de la estación migratoria a efecto de continuar sus procedimientos administrativos migratorios en libertad, y posteriormente, al abandonar sus procedimientos migratorios debido a que no asistieron voluntariamente ante la Estación Migratoria, se hizo constar su evasión del control migratorio; por lo que, se dieron por concluidos los mismos. Por otra parte, respecto de la incomunicación que reclamó, se advierte que inexistencia del acto reclamado; pues, en la diligencia actuarial de quince de octubre de dos mil veintidós,1 permite advertir que la actuaria de la adscripción, hizo constar que se constituyó en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, y asentó que al solicitar la presencia de los directos quejosos, le fue puesto a la vista los mismos. Además, en dicha documental destaca que los quejosos, se encontraban estables, sin la presencia de algún golpe o señal de tortura, ni lesiones recientes, y que el lugar en el que se encontraba, se hallaba en óptimas condiciones Asimismo, asentó que los quejosos le manifestaron no haber sufrido incomunicación, golpes, tortura, tormentos o malos tratos o algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, asentando "que no han sufrido incomunicación, tortura o malos tratos en el lugar donde se encuentran alojados." Así, una vez que ha quedado plenamente demostrada la causa de sobreseimiento aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y; por ende, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, trece de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no obran las constancias requeridas a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, mismas que resultan necesarias para resolver en definitiva el presente asunto. Ahora, previo hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DIAS, que se contarán a partir del momento al en que tenga conocimiento del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relacionadas con la situación jurídica de los quejosos Arian Gutiérrez González y María de los Ángeles Cuétara y/o María de los Ángeles Cuétara Fruto, mismas que deberán encontrarse totalmente legibles y completas, o en su caso, informe el impedimento que tenga para hacerlo. Observación. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a la autoridad de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Apercibimiento. En caso de incumplimiento, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En otro orden, se advierte que por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de quince días, manifestara si deseaba ampliar su demanda por cuanto a los procedimientos migratorios instruidos en su contra. Sin embargo, no se advierte la notificación de dicho proveído; en consecuencia, se comisiona al actuario encargado del presente asunto, para que realice la notificación respectiva a la parte quejosa y proveer al respecto. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del expediente en que se actúa, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente asunto.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista. Visto el estado de autos; se advierte que del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, ha iniciado a los quejosos Arian Gutiérrez González y María de los Ángeles Cuétara y/o María de los Ángeles Cuétara Fruto, procedimientos migratorios, del índice de la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, respectivamente; en consecuencia, prevéngase a los quejosos para que manifiesten lo que a su derecho convenga y en específico, de estimarlo conveniente, amplíen su demanda de amparo, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo; por cuanto a dicha autoridad y acto, en el entendido que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, se continuará con la secuela procesal y se resolverá lo conducente en definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis jurisprudencial número 1a./J. 136/2011 (9a.) que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Por otra parte, a fin de emitir una sentencia apegada a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, que se contará a partir del momento en que tenga conocimiento del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relacionadas con la situación jurídica actual de los directos quejosos. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, de conformidad con los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Mismo que deberá rendir y remitir a este Juzgado de Distrito de manera electrónica, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Asimismo deberá remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Se hace saber a la responsable, que el informe deberá contener firma electrónica y; solo para el caso de que no se cuente con la misma o bien, exista imposibilidad para remitir el informe y las constancias de manera electrónica, podrán hacerlo físicamente. En consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que, con fundamento en el artículo 115 de la ley de la materia se difiere y se fijan para su celebración las diez horas con tres minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente sumario se continuará integrando de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · 15,497 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano