José Eduardo Tolentino Puga
Expediente 1544/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1544/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Eduardo Tolentino Puga
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION III, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DICTADO EN TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "En treinta y uno de agosto de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, para manifestar lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En treinta y uno de agosto de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, ha transcurrido el término que se le concedió para tal efecto a la parte quejosa, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto, en consecuencia y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El dieciocho de febrero de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el doce de mayo de dos mil quince, en la que, por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, y por la otra se concedió al quejoso ARNULFO SÁNCHEZ DOVALÍ, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en los términos y para los efectos que enseguida se precisan: QUE la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, deje insubsistente dicho acuerdo y en su lugar emita otro en el que se pronuncie en relación con la petición que le fue realizada por los apoderados del directo quejoso, lo que podrá realizar en el sentido que estime procedente, aún en el mismo sentido del reclamado, pero purgando los vicios de inconstitucionalidad advertidos, esto es, señale con precisión las razones por las que, para seguir realizando investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la averiguación en que fue asegurado el inmueble cuya devolución se le pide, debe continuar el aseguramiento; asimismo, exprese con precisión el precepto o preceptos legales en que apoye su determinación; ello, desde luego, conforme a las razones por las que se haya decretado el aseguramiento Posteriormente, por auto de veintitrés de junio de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de mérito; por lo que se procedió a requerir al Agente del Ministerio Publico de la Federación Adscrita a la Unidad Especializada en Investigaciones de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada con residencia en México Distrito Federal, para que en el TÉRMINO DE TRES DÍAS, diera cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Posteriormente mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil quince, y visto el estado que guardaban los autos se requirió de nueva cuenta vía telegráfica a la autoridad responsable, para que dentro de del termino de Veinticuatro horas siguientes a su legal notificación, diera cabal cumplimiento a la sentencia protectora y remitiera las constancias que así lo acrediten. Por acuerdo de catorce de catorce de agosto de dos mil quince, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con residencia en México, Distrito Federal, por remitiendo copia certificada de los autos de treinta de julio del año en curso, por los que en el, primero dejó insubsistente el acuerdo de diligencias de cinco de noviembre de dos mil catorce; y , en el segundo, determinó procedente la devolución del inmueble asegurado ubicado en Calle lago Catemaco número 111, del Fraccionamiento Lomas del Lago en esta ciudad; con su contenido se ordenó dar vista al quejoso, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a su legal notificación, manifestara lo que su interés conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado se pronunciaría sobre el cumplimiento dado al fallo protector de mérito conforme a las constancias que obran en este expediente, y las constancias aportadas por la autoridad responsable, sin que hiciera manifestación alguna. (487) Toda vez que de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, se desprende que acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". El presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Finalmente, tomando en consideración que en el expediente en que se actúa obran agregados los documentos en copia certificada que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del punto décimo primero, del acuerdo citado en líneas supra, requiérasele para que en el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que sute efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificado el directo quejoso o sus apoderados, a este Tribunal Federal a efecto de que recoja los documentos de que se trata; apercibido que de no hacerlo dentro del referido plazo; tales documentos serán destruidos al realizarse la depuración de constancias que integran el expediente en que se actúa NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE
- Principal
En veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por JOSÉ EDUARDO TOLENTINO PUGA, por su propio derecho y copias que se adjuntan, registrada con el folio 16604.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Vista la demanda de garantías promovida por JOSÉ EDUARDO TOLENTINO PUGA, por su propio derecho, contra actos del TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO EN ESTA CIUDAD; que considera violatorios en perjuicio de su representado de las garantías individuales contenidas en el artículo 1 y 5 de la Constitución General de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1544/2015 que por su orden le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto, en relación al acto reclamado consistente en la negativa a registrar su autorización para ejercer como pasante en derecho de tres de agosto de dos mil quince, atribuida al Tribunal Colegiado de Circuito, del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI de la Ley de Amparo vigente. El artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito;" De lo antes expuesto se desprende que la parte quejosa lo que pretende es impugnar una determinación emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que se le negó el registro de su autorización para ejercer como pasante de derecho, la cual ocurrió el tres de agosto de dos mil quince. Sin embargo, acorde a lo previsto por el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente, contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito y en el caso, se trata de una negativa de registro emitida por el Superior Jerárquico de este órgano jurisdiccional, por lo que, es claro y evidente que la demanda de amparo es improcedente y debe desecharse. En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI de la ley en comento; en consecuencia, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por JOSÉ EDUARDO TOLENTINO PUGA. Por otra parte, se tienen como autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las licenciadas Gladis Eralú Rodríguez Alfaro y Verónica Fuentes Ortiz, quienes cuentan con cédula profesional número 2311636 y 2853606, respectivamente, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Norma Susana Rodríguez Juárez y Nayeli Noemy Robles Amavizca; asimismo, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle de la Unión Central número 101, Plaza Futura, Local 38, Zona Centro de esta ciudad. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza licenciado Jorge Martín Zamora González. Doy fe. *JMZG En veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por JOSÉ EDUARDO TOLENTINO PUGA, por su propio derecho y copias que se adjuntan, registrada con el folio 16604.- CONSTE.
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