Jose Eduardo Serrano Bustillos
Expediente 590/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jose Eduardo Serrano Bustillos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
III-Agréguese el escrito firmado de manera electrónica por el quejoso José Eduardo Serrano Bustillos, presentado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante el cual, manifiesta que es su deseo desistirse del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. En tales consideraciones, se tiene por reconocido el contenido y firma del escrito de cuenta, en atención a que va acompañado con la evidencia criptográfica de la firma electrónica del ocursante, que produce los mismos efectos que la ley otorga al documento firmado ante la autoridad judicial, de modo que su uso entraña la existencia de la voluntad para realizarlos, al ser una forma de identificación por medios electrónicos, la cual es apta y suficiente para acreditar la emisión del acto, siendo innecesaria la realización de actuaciones diversas para su perfeccionamiento. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial.". Por otro lado, si bien el artículo 63 de la Ley de Amparo, dispone en caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. En ese contexto, si lo pretendido con la ratificación de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre las identidad y la voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. De ahí que el escrito de desistimiento presentado mediante el uso de la firma electrónica debe valorarse como si se tratara de aquellos signados ante la presencia judicial. En tales consideraciones y atendiendo al contenido del artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, que estatuye que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo tal que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada; de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. En ese contexto, al no existir impedimento legal alguno, se le tiene por desistida de la demanda de amparo, y con fundamento en el numeral 63, fracción I, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Además, cabe precisar que el desistimiento del juicio de amparo implica para la parte quejosa, un desistimiento de la acción constitucional, que supone el consentimiento expreso de los actos censurados que hace improcedente un diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados en aquel procedimiento del cual se desistió. Por lo antes expuesto, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al agente del ministerio público de la adscripción y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
III- Agréguese el oficio firmado por el director jurídico y titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en representación de las autoridades responsables, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo de veintitrés de agosto del año en curso, exhibe las siguientes documentales en copia certificada: Comprobante de pago realizado por la parte quejosa, expedido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, de diecinueve de julio de dos mil veintidós. Boleta de infracción con número de folio 59001, en la cual obra una firma de recibo por la entrega de la licencia de conducir 33N583555. Tarjeta informativa firmada por la agente Elsy Elena Núñez Miranda, adscrita a la Dirección de Tránsito del Estado de Quintana Roo. En consecuencia, téngase por recibidas dichas documentales y en relación a su contenido se tomarán en cuenta al momento de emitir la sentencia constitucional correspondiente; por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con su contenido a las partes para los efectos legales conducentes. Aplica en lo conducente, la tesis Jurisprudencial I.5o.C.2.K, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES.". Notifíquese por lista.
- Principal
III- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que en el expediente incidental derivado del juicio de amparo en que se actúa, en acuerdo de uno de agosto del año en curso, se recibió el oficio firmado por el director jurídico y titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintan Roo, con sede en esta ciudad, en representación de las autoridades responsables, con el que remitió copia certificada del comprobante de pago realizado por la parte quejosa, expedido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, de diecinueve de julio de dos mil veintidós y la boleta de infracción con número de folio 59001, en la cual obra una firma de recibo por la entrega de una licencia. Sin embargo, al rendir su informe justificado de manera conjunta, las citadas autoridades responsables fueron omisas en remitir dichas documentales, con el fin de que sean valoradas en el cuaderno principal. En consecuencia, a fin de resolver lo que en derecho corresponde, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computados, remitan copia certificada, legible y completa de la totalidad de las constancias que se encuentran relacionadas con los actos que les atribuye el quejoso José Eduardo Serrano Bustillos; toda vez que en términos del ordinal 117 de la Ley de Amparo, es obligación de las responsables remitir copias certificadas de la totalidad de las constancias o actuaciones que se encuentren vinculadas a los actos reclamados y que sean necesarias para apoyar su informe. Se apercibe a las citadas autoridades responsables que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar oportunamente las causas que se lo impidan, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100, moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del dispositivo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J.17/97, que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". De igual forma, por su contenido la jurisprudencia VI.1o. J/106, a saber: "PRUEBAS EN EL AMPARO. LAS PRESENTADAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSION NO PUEDEN TOMARSE EN CUENTA EN EL PRINCIPAL. En virtud de que el expediente principal y el cuaderno relativo al incidente de suspensión se tramitan por cuerda separada, las pruebas documentales que obren únicamente en la pieza incidental no pueden tomarse en cuenta en el cuaderno principal si el quejoso no solicita la compulsa respectiva.". Por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y atendiendo a las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional, se fija como nueva fecha para su desahogo las diez horas con quince minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
III- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que aún no transcurre el término de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el director jurídico y titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en representación del secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; comisionado estatal de la Policía Estatal Preventiva; director de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; y agente adscrita a la Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, recibido en acuerdo de cinco de agosto del año en curso. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se señala como nueva fecha para su desahogo las once horas con cinco minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en virtud de la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Tesis XXVII.3o.7 K, página 1451, del texto y rubro siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". Notifíquese por lista.
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