José Eduardo Reyes González

Expediente 1667/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1667/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • José Eduardo Reyes González

Actuaciones

  1. Principal

    SENTENCIA Mediante la cual se resuelven los autos del juicio de amparo número 1080/2022-I-A; promovido por *****, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el treinta de junio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; *****, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridad siguientes: ***** OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, por lo que una vez que la presente resolución cause ejecutoria, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, deberá realizar lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de catorce de febrero de dos mil veinte, dictada en el expediente laboral *****, de su índice; y, 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción, emita una determinación en la que resuelva el incidente de sustitución patronal promovido por el actor, atento a lo que dispone el numeral 41 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 74, 75, 76, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a D****, contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, consistente en la resolución interlocutoria de catorce de febrero de dos mil veinte, dictada en el expediente laboral ****, por los motivos asentados en el considerando último de la presente determinación.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda de cuenta, suscrita por ****, en representación de José ****, regístrese bajo el número 1667/2022-III-C. PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV y 20 de la Ley de Amparo, requiérase al directo quejoso *****, para que ante la presencia judicial, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor; asimismo, dé fe del estado físico en que se encuentra éste último. Para tal efecto y atendiendo las manifestaciones de la promovente, comisiónese a uno de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que se constituya en primer lugar al interior de las instalaciones que ocupa la Dirección de la Policía Municipal de Zinacantepec, Estado de México y practique la diligencia de mérito. Ahora, para el caso de que el actuario comisionado no encontrase al directo agraviado *****, se faculta para que revise la bitácora de ingresos y egresos de dicha dependencia en que se halle la autoridad responsable y/o en las que en su caso lo tengan a disposición, y de encontrar tal antecedente asentarlo; asimismo, con independencia de que le informen que fue remitido a diversa dependencia, deberá trasladarse y realizar la diligencia precisada con la misma facultad otorgada en la presente de terminación. Se instruye a las autoridades responsables otorguen al funcionario judicial las facilidades y elementos necesarios para el desahogo de la diligencia ordenada en esta fecha por este juzgado de Distrito. APERCIBIMIENTO En la inteligencia de que si en ese momento de la diligencia el directo quejoso no ratifica el escrito de demanda, con fundamento en el párrafo tercero, del artículo 15 de la Ley de Amparo, se concede el plazo de tres días para que exprese a este juzgado lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo así, dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efectos las providencias decretadas. ACTOS RECLAMADOS Incomunicación Desaparición forzada Tortura (tormentos) SUSPENSIÓN DE PLANO A fin de salvaguardar los derechos fundamentales del directo agraviado, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano para el efecto de cese inmediato el acto reclamado consistente en la desaparición forzada, incomunicación y tortura, así como, de cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se aplican en contra del directo quejoso *****. En la inteligencia que atendiendo la naturaleza de los actos reclamados y los antecedentes narrados por el promovente, queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables la integridad física y seguridad de José Eduardo Reyes González. Si el directo agraviado J***** se encuentra a disposición de las autoridades señaladas como responsables, con motivo de la comisión de algún delito y en virtud de surtirse alguna de las hipótesis a que se contraen los párrafos cuarto y quinto del artículo 16 constitucional, podrá ser retenido hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis, según sea el caso, a partir del momento en que fue puesto a su disposición, para lo cual deberán informar y remitir constancia certificada de esa diligencia (puesta a disposición); en la inteligencia de que si no se trata de una detención con motivo de flagrancia o urgencia, deberá ordenar la libertad inmediata del directo quejoso, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Lo anterior, comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, el actuario de la adscripción al constituirse en el lugar en que se encuentra privado de su libertad el agraviado, previa identificación deberá requerir al encargado de dicho lugar, para que le manifiesten bajo protesta de decir verdad, la denominación completa y correcta de las autoridades ante las cuales se encuentran a disposición, la carpeta de investigación que en su caso se le instruye, la fecha en que se le detuvo, así como si se decretó alguna medida cautelar en su contra y en qué consiste la misma. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, párrafo 1, incisos a), b), subincisos, 1), 2) y 3), 12, párrafos 1 y 2, 17, párrafo 1 y 2 inciso d; 18, párrafo 1; 20, párrafo 2, y 24, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dos mil once; artículos I, II y XI, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de mayo de dos mil dos; artículo 2, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de mil novecientos ochenta y siete; así como, los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para que cesen de inmediato los actos consistentes en la desaparición forzada que dice la promovente está siendo objeto el quejoso *****, entendido dicho acto como aquél en que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a la persona, o que ésta resulte privada de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley; en el entendido que la suspensión que se decrete comprende cualquier otro acto prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Además, en el artículo 15, párrafos segundo y último, se establece que cuando la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso y por las circunstancias del caso se observe como acto reclamado la desaparición forzada o la posible comisión de ese ilícito, como en el caso particular acontece -dado el relato de la demanda bajo protesta de decir verdad-, el juzgador de amparo: Dará trámite al amparo en el plazo de veinticuatro horas; Dictará la suspensión de los actos reclamados; y, Requerirá a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Nótese que en dicho numeral no se indica que la suspensión comprenda únicamente los requerimientos a las autoridades de toda la información para la localización y liberación de la probable víctima, sino que esta última acción es separada por la conjunción "y", de tal manera que la suspensión de oficio y de plano es una medida independiente de aquella. En ese orden de ideas, de conformidad con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contras las Desapariciones Forzadas y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que imponen a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin, y en atención al principio pro homine previsto en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme a los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito para que se constituya en la siguiente dependencia: 1. Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 2. Seguridad Pública del Estado de México. 3. Coordinador de Batallón de Seguridad de Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en el Estado de México. 4. 22/A Zona Militar 5. Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. 6. Centro de Justicia de Zinacantepec, Estado de México. Con el fin de indagar acerca del paradero del quejoso. En la inteligencia de que cuenta con la facultad de ingresar a cada centro, verificar registros y vocear el nombre del quejoso, requerir que se abran puertas y verificar si se encuentra presente en ese lugar. En el entendido de que cualquier autoridad está obligada a contribuir y prestar auxilio al fedatario judicial que practique las diligencias, en todo lo que le solicite siempre y cuando se encuentre encaminado a lograr la comparecencia y ubicación de los quejosos. Se ordena a las autoridades responsables que practiquen y agoten todas las diligencias que estén a su alcance a fin de lograr la localización de la probable víctima, lo que implica que activen el aparato estatal en sus respectivas esferas de competencia y jurisdicción con el único objeto de encontrar inmediatamente a las personas buscadas, en el entendido que dentro del plazo de veinticuatro horas deberán de comunicar las acciones que tomen para cumplir con lo ordenado; en el entendido que ello no implica que se tendrá por satisfecho el requisito de la búsqueda, pues si durante ese período no se logra dar con el paradero del quejoso, las autoridades deberán seguir indagando su ubicación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, del título y subtítulo siguientes: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. AL IDENTIFICARLA COMO ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, OFICIOSAMENTE, DEBE ORDENAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE PRACTIQUEN LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES PARA LOGRAR LA LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DEL AGRAVIADO, ASÍ COMO REQUERIRLES TODA LA INFORMACIÓN PARA ELLO." De igual forma, la tesis I.9º.P.60 P(10ª.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, página 2392, septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, de título y subtítulo siguiente: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ACORDE CON LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE TRAMITAR Y DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, AUN SIN HABER ADMITIDO LA DEMANDA." VISTA A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL Por otra parte, toda vez que la promovente refiere que José Eduardo Reyes González, ha sido objeto de privación de la libertad (detención ejecutada) y/o incomunicación y/o desaparición; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1º, 3º, 6º y 8º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1º, 3º, y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en forma inmediata dese vista al Representación Social Federal adscrito a este Juzgado a través de oficio y con copia simple de la demanda de cuenta, a efecto de que en ejercicio de sus atribuciones determine si inicia o no una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, a efecto de precisar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal del peticionario del amparo que afirma fue objeto de desaparición forzada e incomunicación, e identificar y procesar a las personas responsables. Sin que lo anterior implique prejuzgar sobre la existencia o inexistencia de los actos que hace consistir en desaparición forzada e incomunicación, ya que ese pronunciamiento será motivo de análisis en la sentencia que resuelva el presente juicio constitucional; sin embargo, dado que existe la manifestación expresa de la parte promovente de que se realizaron dichos actos, es necesario que se haga del conocimiento de la Representante Social, a efecto de que actúe en consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de título, subtítulo y texto siguientes: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." MEDIDAS ADICIONALES Ahora bien, para el caso de que a pesar de que lleve a cabo las diligencias ordenadas en los párrafos que anteceden y no obtenga resultados favorables, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que se constituya en las instalaciones que ocupa, las instituciones siguientes: 1. Centro de Justicia de Metepec, Estado de México; 2. Centro de Justicia de Lerma, Estado de México; 3. Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México; 4. Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, Estado de México; 5. Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México; 6. Centro Penitenciario y de Reinserción Social de El Oro, Estado de México; 7. Hospital General, Doctor Nicolás San Juan; y 8. Hospital General, Lic. Adolfo López Mateos. Lo anterior, comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. APERCIBIMIENTO Se previene a las responsables para que en el término de veinticuatro horas informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.].". Lo anterior, sin perjuicio que a efecto de que el directo solicitante de amparo no se sustraiga de la acción de la justicia, la autoridad responsable ante quien se pudiera poner a disposición, de inmediato decrete diversa medida cautelar, siendo responsabilidad de ella, que no se sustraiga a la acción de la justicia. ACCESO PERSONAL / RECEPCIÓN DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las autoridades, que tratándose de notificaciones urgentes, como lo son las derivadas del presente auto, tanto como las que así considere este juzgado, deberá permitir el acceso al personal de este órgano jurisdiccional en cualquier horario. APERCIBIMIENTO Se les apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido y ordenado en la presente determinación, con fundamento en los artículos 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización. DOMICILIO Se reserva proveer lo conducente al domicilio, sin embargo, a fin de salvaguardar los derechos del directo quejoso *****, se ordena notificar al directo impetrante el presente proveído, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia en el lugar donde se encuentre retenido y/o detenido y/o puesto a disposición de autoridad competente. Sin que haya lugar a tener como tal el número telefónico y correo electrónico proporcionados, en virtud de que dichos medios de comunicación no se encuentran contemplados dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a los previsto por la legislación en cita. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En ese orden, se autoriza la consulta del expediente en su versión electrónica a través del usuario "****", por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por ello, instrúyase al Oficial Judicial "A" para que proceda a dar de alta a dicho usuario "*****", a efecto de que accedan al expediente electrónico; así también se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este tribunal, para que actualicen la consulta del expediente electrónico a partir del auto de radicación dictado en el presente asunto, a fin de que el referido usuario, pueda imponerse de todas las constancias que existen en el expediente en que se actúa; para lo cual, incluso se solicite el apoyo necesario al servicio informático que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal, para que a la brevedad quede debidamente visible para consulta el expediente electrónico del juicio de amparo 1667/2022. CONSULTA EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal.

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