José Eduardo Ramos Gonzalez
Expediente 441/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/06/2019
Partes del expediente
- José Eduardo Ramos Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, ... se declaró legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida ... En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y archívese este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, mediante el cual acusa de recibo del exhorto E117-156/19-PVIII, del índice de este juzgado, e informa que en se ordenó practicar la diligencia encomendada.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el telegrama de cuenta que remite el Director General del Centro Federal de Readaptación SCOIAL ... mediante el cual informa que en cumplimiento al oficio de treinta de mayo del año en curso, toma conocimiento de la suspensión de plano decretada por este Juzgado en favor del quejoso.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el escrito de demanda de amparo que presenta *************************en representación de ***************************, contra actos de las autoridades JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA; DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA; y, DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 11, CON SEDE EN HERMOSILLO, SONORA; con copia simple de ella, fórmese cuaderno de incompetencia y regístrese con el número 441/2019; ello en razón de que esta autoridad considera que carece de competencia territorial para conocer del presente asunto. Incompetencia La competencia objetiva del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, constituye un presupuesto procesal de orden público, tal como se advierte de los artículos 107, fracción VII, Constitucional, y 37 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se ve, la legislación de materia prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. En la especie, del análisis integral del escrito de demanda que se provee, se advierte que el promovente JOSÉ EDUARDO RAMOS GONZÁLEZ, señala expresamente que su hermano JOEL ADRIÁN RAMOS GONZÁLEZ (quejoso), ha sido objeto de un traslado e incomunicación arbitraria y presumiblemente de actos de violencia física y moral, por parte del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 11, en Hermosillo, Sonora; de lo que se sigue que este último se encuentra recluido en dicho centro penitenciario, por lo que es en ese lugar y no en otro, donde los actos reclamados tuvieron, tienen, o tendrán ejecución material. Además, tal circunstancia se corrobora con las constancias de la causa penal 47/2012, del índice de este Juzgado de Distrito, instruida en contra del propio quejoso ****************, la cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que el citado sentenciado se encuentra recluido en el referido Centro Federal de Readaptación Social Número 11, en Hermosillo, Sonora, pues con fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se glosó al citado expediente telegrama remitido por el Director del Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado, Sonora, en el que informó que el hoy quejoso, fue trasladado a aquel Centro Federal de Readaptación Social, con sede en Hermosillo, Sonora. En las referidas condiciones, al ser patente que la ejecución material de los actos reclamados tendrá lugar en el multicitado Centro Federal de Readaptación Social, con sede en Hermosillo, Sonora, pues es ahí donde se encuentra recluido el quejoso, resulta inconcuso que, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, Constitucional, y 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del presente asunto le corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, en turno, al ser éste el que ejerce jurisdicción territorial sobre dicho centro de reclusión. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio; de ahí que al encontrarse el impetrante recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11, en Hermosillo, Sonora, jurisdicción de un Juez de Distrito en ese Estado, con domicilio en la misma ciudad, contará con mejores medios y posibilidades de defensa para vigilar el desenvolvimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.15o.A.1 A (10a.) del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 4311, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, de la Décima Época, con registro 2000066, que, a la letra, dice (énfasis añadido): "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado." En consecuencia, en términos del artículo 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin decidir sobre la admisión de la demanda, mediante oficio con transcripción de este acuerdo, previa integración del cuaderno de antecedentes, remítase el juicio de amparo 441/2019 al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, en turno, a fin de que resuelva lo que estime procedente y lo haga del conocimiento de este Juzgador, así como remita el acuse de recibo correspondiente vía electrónica al correo institucional 4jdo15cto@correo.cjf.gob.mx o, en su caso, vía fax, al teléfono 01(686)5-59-81-00, extensión 1325. Suspensión de oficio y de plano Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como acto reclamado, entre otros, la incomunicación arbitraria y presumiblemente actos de violencia física y moral de que ha sido objeto su hermano JOEL ADRIÁN RAMOS GONZÁLEZ (quejoso), actos que encuadran en la hipótesis prevista en los artículos 15, 48, primer párrafo, última parte, y 126, todos de la Ley de Amparo, del tenor literal siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De la interpretación conjunta de estos numerales se desprende que, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales); procederá la suspensión de oficio y de plano, la cual se concederá en el propio auto inicial, comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita su inmediato cumplimiento. Asimismo, que cuando se presente una demanda de amparo en la que se reclamen precisamente esa clase de actos, si el Juez de Distrito estima que carece de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al juez o tribunal que considere competente, sin perjuicio de decretar la suspensión de oficio y de plano en términos del artículo 126 transcrito. Pues bien, en las referidas condiciones, lo procedente en el caso, es conceder la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados consistentes en la incomunicación arbitraria y presumiblemente actos de violencia física y moral atribuidos a la autoridad responsable DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 11, EN HERMOSILLO, SONORA, para efecto de que DE INMEDIATO haga cesar cualquier acto de incomunicación y de violencia física o moral de que esté siendo o haya sido objeto el quejoso JOEL ADRIÁN RAMOS GONZÁLEZ Hágase del conocimiento de las partes que, de materializarse una violación a este mandato por algún servidor público en su carácter de autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se le impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Ahora, no obstante que el quejoso señala los estrados de este órgano jurisdiccional, atento a que manifiesta que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11, con residencia en Hermosillo, Sonora, con fundamento en los artículos 27, fracción II, y 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, a fin de que se sirva comisionar a personal a su cargo para notificar este proveído al quejoso *************, en el domicilio ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11, con residencia en Hermosillo, Sonora, y gire los oficios correspondientes a la autoridad responsable Director del citado Centro; asimismo, lo REQUIÉRA, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que tenga conocimiento del oficio que provea, informe a ese juzgado sobre el cumplimiento que dé a la suspensión de plano que se concede. Asimismo, se autoriza para que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, SE HABILITEN DÍAS Y HORAS INHÁBILES para que, en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL DE SU ADSCRIPCIÓN, realice la notificación personal que se ordene y entregue los oficios derivados del mismo. Ahora, en relación a la copia certificada que solicita el promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídale la misma. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, remítase la versión digitalizada de tal comunicación, por conducto del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE); asimismo, solicítese acuse de recibido correspondiente en igual versión que se sirva a enviar al correo electrónico institucional 4jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, previo aviso en red #660 1084. Se solicita al Juez exhortado que una vez que sea diligenciado el exhorto de mérito, lo devuelva a la brevedad posible. Se autoriza a los Secretarios del juzgado a firmar los oficios que se giren en este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
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