José Eduardo Ramírez Limón
Expediente 712/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Eduardo Ramírez Limón
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dos de agosto de dos mil veintidós. Autoridad devuelve despacho diligenciado. .... Dese de baja en el libro de Comunicaciones Oficiales Enviadas, que para tal efecto se lleva en este juzgado federal. Notificación a autoridad responsable. Ahora, de las constancias allegadas a la comunicación oficial de cuenta se advierte que la autoridad responsable Ayuntamiento de Temapache, Veracruz, fue notificada el cuatro de julio del año en curso, tal y como se desprende de la diligencia inserta en el exhorto de cuenta. Notifíquese. ....
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. Quejoso cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Julio César Rivera Flores quien aduce ser asesor de José Eduardo Ramírez Limón, a través del cual cumple con la prevención que se le realizó mediante acuerdo de catorce de julio pasado, en el que aclara que el Fiscal Quinto adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, a la fecha no ha emitido alguna determinación dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DXII/5/19/2021, en la que provea sobre la devolución del tracto camión (volteo). Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." De la lectura íntegra de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que el promovente señala como actos reclamados de los fiscales que indica como autoridades responsables los siguientes: "1. La liberación del vehículo tracto camión o volteo, el cual se encuentra en el corralón debido a su responsabilidad con el accidente de mi representado y que en fecha veintiséis de junio acudimos a la fiscalía y el fiscal Quinto Lic. Luis Miguel Antonio Baizabal Lobato adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia me dijo que iba a liberar la unidad debido a que si se lo autorizaban en Xalapa la Lic. Verónica Hernández Giadans él tenía que devolver la unidad. 2. La falta de trámite y paralización total de la carpeta de investigación UIPJ/DXII/5/19/2021, debido a que se presentó un escrito el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, haciendo distintas solicitudes y hasta esta fecha el fiscal Quinto Lic. Luis Miguel Antonio Baizabal Lobato adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, no nos recibe a los testigos ni cita a los denunciados a declarar, no cita a las autoridades que intervinieron a aclarar ciertos puntos de sus oficios, no ordena solicitar de nueva cuenta con diferentes investigadores los hechos, no ordena peritajes que se le requieren, no valora pruebas como unas facturas que muy probablemente son falsas.". Para una mejor comprensión de lo que se analiza, conviene indicar que de los antecedentes de la demanda que expuso el quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte que José Eduardo Ramírez Limón el día once de enero de dos mil veintiuno, tuvo un percance automovilístico con un tracto camión (volteo), que se encontraba sobre la carretera en la que él iba circulando ya que estaba descompuesto, pues no tenía luces ni señalamientos. Que derivado de lo anterior, fue citado a declarar ante el licenciado Luis Miguel Antonio Baizabal Lobato Fiscal Quinto adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DXII/5/19/2021; aunado a ello, refiere que la autoridad hasta esta fecha no ha realizado ninguna de las peticiones que le solicitó a través del escrito de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, ya que a casi más de un año, no ha desahogado ninguna de las pruebas solicitadas; asimismo, manifestó que el fiscal Luis Miguel Antonio Baizabal Lobato le indicó que si le autorizaban en Xalapa la salida del volteo él tenía que devolver la unidad que no quedaba en él la decisión que el sólo obedecía a la Fiscal General del Estado. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." a) Expuesto lo anterior, el suscrito considera que respecto al acto reclamado marcado con el número 1), la demanda que se analiza deviene improcedente, atendiendo a las siguientes consideraciones. Del contenido de los artículos 5°, fracción I, 6º, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del quejoso es decir, cuando no produce una afectación real y actual a sus derechos ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Es por ello, que la persona solicitante de la protección constitucional debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera real y directa con el acto que reclama. Por lo que, es claro que el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa contra la manifestación que aduce realizó el licenciado Luis Miguel Antonio Baizabal Lobato, Fiscal Quinto adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, en el sentido de que liberaría el vehículo tracto camión o volteo, que se encuentra en el corralón debido a su responsabilidad en el accidente sufrido por el aquí quejoso, en caso de que la Fiscal General del Estado así lo autorice, no le causa un daño o perjuicio actual, real y directo, por ser un acto futuro e incierto, ya que hasta esta fecha atendiendo a lo manifestado por el promovente bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda y aclaratorio, no se advierte que el fiscal responsable haya emitido alguna determinación en ese sentido, si no como ya se dijo, fue una simple expresión que le realizó al aquí quejoso al momento en que compareció a rendir su declaración. De ahí que el acto que aquí se reclama, no es inminente, al no existir certeza de que se vaya ejecutar; lo cual actualiza la causal manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que el presente asunto resulta improcedente. b) Improcedencia del juicio respecto de la integración de la Carpeta de Investigación UIPJ/DXII/5/19/2021. Respecto del citado acto atribuido al licenciado Luis Miguel Antonio Baizabal Lobato Fiscal Quinto adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, conviene asentar que de acuerdo con los artículos 107, fracción III de la Constitución Federal, 107, fracción V, 61, fracción XXIII , 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, la integración de la investigación ministerial únicamente tiene por objeto que la institución del ministerio público proceda en cumplimiento a sus atribuciones previstas por el artículo 21 de la Constitución General de la República, tomando en consideración que éste es el representante de la sociedad, y por ello a su criterio si considera que en la investigación ministerial hay material probatorio suficiente para proceder a la consignación de la investigación, lo cual conlleva a la procuración del derecho social de perseguir los delitos, lo que únicamente es facultad de dicha institución, por lo tanto, de ninguna manera de una controversia constitucional, pues en el caso de concederse el amparo sería para el efecto de que se ejercitara la acción penal o en su defecto para que no lo hiciera; y esto equivaldría a dejar al arbitrio de los tribunales federales la persecución de los delitos, en contravención al contexto del artículo 21 invocado, dado que los órganos de la federación en su carácter de medios de control constitucional, únicamente están facultados para verificar que los actos emitidos por las autoridades cumplan con lo previsto por la constitución y de las leyes que de ella emanan. En ese sentido, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo contenido en la carta magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trata. Por lo tanto, el acto aquí reclamado consistente en la integración de la Carpeta de Investigación UIPJ/DXII/5/19/2021, es, decir, admitir, desahogar y valorar pruebas, agilizar la tramitación de la indagatoria, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, ya que sólo tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene resolución favorable. Además de que contra la abstención de investigar, el representado del promovente con la calidad de victima que aduce tener puede, promover el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, porque los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, prevén que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación y que afectan o impidan lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento, ello, a través del medio de defensa innominado. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor; por lo que, el precepto 258 citado, prevé el medio de defensa innominado que tiene la víctima u ofendido para impugnar en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, y en su caso decretar las medidas necesarias para que esa conducta omisiva cese. Son aplicables al caso las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas a las diez horas con veinticinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, Décima Época, Ubicadas en la publicación semanal, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Así como la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Fermín Santiago Santiago, ante el Secretario de Juzgado Bernardo Arbea Pérez, que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de julio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por Julio César Rivera Flores quien aduce ser asesor de José Eduardo Ramírez Limón, contra actos de la Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 712/2022/II-B. Prevención. Ahora, previo a emitir un pronunciamiento respecto de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, realiza un análisis de la misma para decidir el sentido de la resolución inicial (impedimento, incompetencia, desechamiento, prevención o admisión) en el juicio de amparo indirecto que con motivo de ella se forma, basado en una estructura lógica y jurídica, conforme a la información proporcionada en el escrito de demanda por la parte quejosa, que permite apreciar en primer orden que debe prevenirse a la parte quejosa para que aclare la demanda que presenta. Lo anterior, tomando como eje rector lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, que impone a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, la obligación, previa a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita, entre los que se encuentran el previsto en su artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen como obligación del gobernado precisar, entre otras cosas, el acto reclamado; ello con la finalidad de reunir los requisitos que establece el artículo citado y fijar la litis del juicio de garantías. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que la parte quejosa señala en el apartado correspondiente al capítulo de antecedentes lo siguiente: Que el día once de enero de dos mil veintiuno, el ahora quejoso José Eduardo Ramírez Limón tuvo un percance automovilístico con un tracto camión (volteo), que se encontraba sobre la carretera en la que él iba circulando ya que estaba descompuesto, pues no tenía luces ni señalamientos. Que derivado de lo anterior, fue citado a declarar ante el licenciado Luis Miguel Antonio Baizabal Lobato Fiscal Quinto adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DXII/5/19/2021; aunado a ello, refiere que la autoridad hasta esta fecha no ha realizado ninguna de las peticiones que le solicitó a través del escrito de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, ya que a casi más de un año, no ha desahogado ninguna de las pruebas solicitadas; asimismo, manifestó que el fiscal Luis Miguel Antonio Baizabal Lobato le indicó que si le autorizaban en Xalapa la salida del volteo él tenía que devolver la unidad que no quedaba en él la decisión que el sólo obedecía a la Fiscal General del Estado. Sin que se advierta que el promovente haya manifestado si el fiscal responsable a la fecha ha emitido determinación alguna relativa a la entrega del vehículo tracto camión o volteo, lo cual constituye el acto reclamado. En tal virtud, se previene a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con las copias respectivas de su ocurso aclaratorio, cumpla con lo siguiente: Manifieste si a la fecha el Fiscal Quinto adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, ya emitió alguna determinación dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DXII/5/19/2021, en la que provea sobre la devolución del citado automotor, el cual se encuentra en el corralón debido a su responsabilidad con el accidente sufrido por el ahora quejoso, lo cual es necesario para centrar la Litis en el presente asunto. Apercibimiento. En caso de no dar cumplimiento a la prevención, en términos del penúltimo párrafo del número 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda. Consulta de expediente electrónico. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario "RIVERA12", es válido; por tanto, se autoriza tanto el acceso al expediente electrónico como la práctica de notificaciones a la parte promovente. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Fermín Santiago Santiago, ante el Secretario de Juzgado Bernardo Arbea Pérez, que autoriza y da fe.
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