Jose Eduardo Ramirez Fischer
Expediente 745/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 745/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Eduardo Ramirez Fischer
Actuaciones
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con esta fecha se notifican al quejoso y a los terceros interesados..., ..., ... del acuerdo de nueve de noviembre de dos mil dieciocho...Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que dentro del expediente 3A-3872/2016, el pasado seis de noviembre se celebró convenio entre el aquí quejoso -, asimismo, ordenó el archivo de dicho expediente por estar totalmente concluido. Ahora del análisis de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado es: ".IV.- ACTO RECLAMDO.- La omisión de Las Responsables de Administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que hasta la fecha ha sido omisa en la admisión y/o desecamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de fecha 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, dentro del ordinario laboral número 3ª-3872/2016, tramitado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado." Actos respecto de los cuales, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso a nada práctico conduce analizar si un acto, que ya no incide en la vida jurídica del peticionario, es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS...
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Morelia, Michoacán, a nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que dentro del expediente 3A-3872/2016, el pasado seis de noviembre se celebró convenio entre el aquí quejoso -, asimismo, ordenó el archivo de dicho expediente por estar totalmente concluido. Ahora del análisis de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado es: ".IV.- ACTO RECLAMDO.- La omisión de Las Responsables de Administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que hasta la fecha ha sido omisa en la admisión y/o desecamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de fecha 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, dentro del ordinario laboral número 3ª-3872/2016, tramitado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado." Actos respecto de los cuales, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso a nada práctico conduce analizar si un acto, que ya no incide en la vida jurídica del peticionario, es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclamó en esta vía al Presidente de la Junta Especial Número Tres, con residencia en esta ciudad, el no dictar un acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de catorce de febrero de dos mil dieciocho dentro del juicio ordinario laboral número 3A-3872/2016; y si de las constancias aportadas por la responsable, se desprende que el once de mayo de dos mil dieciocho, admitió las pruebas ofertadas por las partes, e incluso el seis de agosto de este año, se desahogó la prueba confesional ofrecida por la parte actora, esto es la prueba confesional a cargo de quien acredite tener facultades para absolver posiciones a nombre de PROGRAMA DE BENEFICIOS PABS MORELIA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V; el siete de agosto siguiente, desahogó la prueba confesional a cargo de Julio Eréndira Ramírez Jaime y Maribel Otero Sánchez; el diez de agosto del año en curso, desahogó la prueba confesional a cargo de Erick López Ortiz y Estela Rodríguez Mora; el trece del mismo mes y año desahogó la prueba confesional a cargo de José Eduardo Ramírez Fischer, el diecisiete de agosto de este año, desahogo la testimonial plural a cargo de Inés Sánchez Sosa y Luis Fernando Moreno Huerta, y el seis de noviembre que transcurre, llevó a cabo el desahogo de la prueba confesional ofrecida por PROGRAMA DE BENEFICIOS PBS MORELIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, DE C.V. y JULIO Eréndira Ramírez Jaime y Maribel Otero Sánchez, a cargo de José Eduardo Ramírez Fischer, diligencia en la que las partes llegaron a un arreglo conciliatorio que pone fin al conflicto laboral, y dejó insubsistentes las fechas para el desahogo de las pruebas pendientes, por lo que decretó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido; por lo anterior, resulta incuestionable que HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta las diez horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil dieciocho, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
con esta fecha se notifica a la tercero interesada F.L. del acuerdo de nueve de noviembre de dos mil dieciocho...Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que dentro del expediente 3A-3872/2016, el pasado seis de noviembre se celebró convenio entre el aquí quejoso -, asimismo, ordenó el archivo de dicho expediente por estar totalmente concluido. Ahora del análisis de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado es: ".IV.- ACTO RECLAMDO.- La omisión de Las Responsables de Administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que hasta la fecha ha sido omisa en la admisión y/o desecamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de fecha 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, dentro del ordinario laboral número 3ª-3872/2016, tramitado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado." Actos respecto de los cuales, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso a nada práctico conduce analizar si un acto, que ya no incide en la vida jurídica del peticionario, es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclamó en esta vía al Presidente de la Junta Especial Número Tres, con residencia en esta ciudad, el no dictar un acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de catorce de febrero de dos mil dieciocho dentro del juicio ordinario laboral número 3A-3872/2016; y si de las constancias aportadas por la responsable, se desprende que el once de mayo de dos mil dieciocho, admitió las pruebas ofertadas por las partes, e incluso el seis de agosto de este año, se desahogó la prueba confesional ofrecida por la parte actora, esto es la prueba confesional a cargo de quien acredite tener facultades para absolver posiciones a nombre de PROGRAMA DE BENEFICIOS PABS MORELIA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V; el siete de agosto siguiente, desahogó la prueba confesional a cargo de Julio Eréndira Ramírez Jaime y Maribel Otero Sánchez; el diez de agosto del año en curso, desahogó la prueba confesional a cargo de Erick López Ortiz y Estela Rodríguez Mora; el trece del mismo mes y año desahogó la prueba confesional a cargo de José Eduardo Ramírez Fischer, el diecisiete de agosto de este año, desahogo la testimonial plural a cargo de Inés Sánchez Sosa y Luis Fernando Moreno Huerta, y el seis de noviembre que transcurre, llevó a cabo el desahogo de la prueba confesional ofrecida por PROGRAMA DE BENEFICIOS PBS MORELIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, DE C.V. y JULIO Eréndira Ramírez Jaime y Maribel Otero Sánchez, a cargo de José Eduardo Ramírez Fischer, diligencia en la que las partes llegaron a un arreglo conciliatorio que pone fin al conflicto laboral, y dejó insubsistentes las fechas para el desahogo de las pruebas pendientes, por lo que decretó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido; por lo anterior, resulta incuestionable que HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta las diez horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil dieciocho, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."...
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Morelia, Michoacán, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial de cuenta, en la que se asentó la imposibilidad que tuvo de emplazar a juicio a los terceros interesados, por las razones a que alude. Ahora bien, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte un diverso domicilio donde pueden ser emplazados los terceros interesados: - Quien resulte responsable, propietario, usufructuario, beneficiario o arrendatario de la fuente de trabajo ubicada en calle Guadalupe Victoria número 364 colonia centro de esta ciudad, consistente en una funeraria denominada - Por conducto de sus apoderados - Por tanto, se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado, para que se constituya en dicho domicilio y con copia simple de la demanda los emplace a juicio, haciéndoles saber la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las once horas con veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho; asimismo, deberá requerirles para que en el momento de la diligencia designen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, en el entendido que de no hacerlo las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán legalmente por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de acuerdo al contenido de los numerales 26, fracción III y 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designe domicilio para tal efecto. En consecuencia a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese y emplácese a los terceros interesados.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
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