José Eduardo Miranda Fernandez

Expediente 1849/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1849/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
31/12/2018

Partes del expediente

  • José Eduardo Miranda Fernandez
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. De la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de dieciocho de diciembre del año en curso (foja 8), por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Por otra parte, vista la cuenta precedente y el estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. El presente asunto es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo de referencia), pues, se concedió la suspensión de oficio y de plano en el presente asunto (fojas 5 a 9). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    vi)Toluca, Estado de México; dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente para conocimiento de la parte quejosa. Ahora, la certificación referida evidencia que la parte quejosa no desahogó los requerimientos insertos en auto de nueve de diciembre del año en curso; por tanto, se tiene por precluido su derecho para hacerlo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 21/2002, visible en la página 314 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio". Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento respectivo y en términos del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda intentada por Javier Morán García en representación de José Eduardo Miranda Fernández, contra actos del Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México; en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    VI)Toluca, Estado de México; once de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibida la constancia de notificación practicada por el Actuario de la adscripción, en la cual se desprende que el quejoso José Eduardo Miranda Fernández, ratificó la demanda promovida en su representación por Javier Morán García, mismo que autoriza en terminamos del artículo 12 de la Ley de Amparo. A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular por similitud jurídica se invoca la jurisprudencia publicada con el número 573, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyos rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Morán García. Se reserva proveer sobre su admisión o desechamiento, hasta en tanto, se dé cumplimiento a los puntos de prevención formulados el nueve de diciembre de este año, o bien, fenezca el plazo otorgado en dicha determinación. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de Seguridad Publica y Transito de Metepec, Estado de México, a través del cual rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano, concedida al quejoso en proveído de nueve de los corrientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la ley de amparo dese vista a la parte agraviada con el informe de cuenta. En términos del artículo 28, fracción I, de la citada ley, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa del diverso 2º, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la responsable en el oficio de mérito. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia se tiene como delegados a las personas que refiere la responsable en el citado informe. Notifíquese.

  4. Principal

    v) Toluca, Estado de México a siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveídos de veintiuno y veintitrés de noviembre pasado (f. 19 y 196), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por María del Pilar Róvalo y López de Linares; contra el acto reclamado consistente en todo lo actuado incluyendo el emplazamiento, la sentencia de siete de octubre de dos mil trece y su ejecución, llevados a cabo en el expediente 633/2010. Ahora, mediante sentencia terminada de engrosar de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (f. 153-161), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) Consecuentemente, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, en suplencia de la queja, procede conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para los efectos de que El Juez Civil de Primera Instancia en Valle de Bravo, Estado de México realice lo siguientes: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen hasta el auto de admisión de la demanda, a efecto de que se emplace a la peticionaria al juicio y pueda ejercer su garantía de audiencia. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución, al no ser reclamados por vicios propios, sino como una consecuencia del acto atribuido a la ordenadora. Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María del Pilar Rovalo y López de Linares, en términos de lo precisado en el último considerando de esta sentencia.". Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que el Juez Civil de Primera Instancia en Valle de Bravo, Estado de México, dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen hasta el auto de admisión de la demanda, a efecto de que se emplace a la peticionaria al juicio y pueda ejercer su garantía de audiencia, haciendo extensiva a los actos de ejecución. Atento a lo anterior, mediante proveídos de veintiuno y veintitrés de noviembre pasado (f. 19 y 196), se tuvo por recibidos los oficios signado por la Titular de la Oficialía Registral del Valle de Bravo, Estado de México, Juez y Primer Secretario ambos del Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, mediante el cual comunicaron la forma en que dieron cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada del diversas constancias, en las cuales se aprecia las actuaciones siguientes: El Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, el quince de noviembre del año en curso, dejó insubsistente y sin efecto el auto de veinte de agosto de dos mil diez y en su lugar dictó uno nuevo en el cual previno a la contraparte para que en el plazo de tres días exhiba tres juegos de demanda a fin de emplazar a los ahí demandados. "AUTO. VALLE DE BRAVO, MÉXICO, QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. .. En ese entendido, acorde a las directrices señaladas en la sentencia de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo y 1.134, 1.137 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de México, SE DEJA INSUBSISTENTE Y SIN EFECTO LEGAL ALGUNO TODO LO ACTUADO EN EL PRESENTE JUICIO, HASTA EL AUTO DE VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, EN QUE SE ADMITIÓ LA DEMANDA; consecuentemente en sustento a los preceptos 1.164 y 2.100 fracción II del Código adjetivo invocado, se previene al enjuiciante Miguel Ángel San Lorenzo Madero, para que en el plazo de tres días, exhiba tres juegos de copias simples de su demanda y demás anexos a fin de emplazar a los siguientes demandados.". Finalmente, en alcance al oficio mencionado con anterioridad, el Juez responsable, informó la determinación de veinte de noviembre pasado, dictado en el juicio de origen, en el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, así como que remitió diverso oficio por el cual ordenó al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Valle de Bravo, acatar dicha determinación en el término de tres días. Sin embargo, si bien en ambos oficios se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen hasta el auto de admisión, también lo es que requirió a la parte actora para que exhibiera copia simple de su demanda y anexos para el efecto de emplazar a la hoy quejosa y otros, sin que obre en autos constancia de su cumplimiento o incumplimiento según sea el caso, para determinar lo conducente en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, este juzgado determina no tener por cumplida la ejecutoria de amparo y en consecuencia, requiérase nuevamente al Juez Civil de Primera Instancia en Valle de Bravo, Estado de México, para que dentro del término de tres días, realice el cumplimiento total de la sentencia concesoria de amparo, es decir, informe en relación al emplazamiento de la parte aquí quejosa, o bien las acciones tendientes para llevar a cabo tal circunstancia o en su defecto, el auto que recayó al diverso en el cual se previno a la parre actora, remitiendo constancia legal con las que acredite haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, asimismo, en relación con el artículo 258 de la legislación en cita, asimismo, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para, en su caso, continuar el trámite de inejecución. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

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